Con la gente copando las calles, la de hoy puede ser una jornada inédita para Puerto Rico o, al menos, poco vista. No todos los días confluyen tantos sectores diversos en una misma posición, y con tanta fuerza.
Lo más relevante de las marchas que darán rostro al paro nacional anunciado este 15 de octubre es, precisamente, esa amplitud que tiene la convocatoria, y el carácter unitario de la protesta.
Claro que ello es un saldo bajo las costuras del pedido urgente que moviliza: que la gobernación de Rafael Fortuño revoque los despidos de decenas de miles de trabajadores que llenarán, con sus sueldos, el hueco del declarado déficit puertorriqueño.
La emergencia fiscal ha sido declarada porque, según los altos funcionarios, la falta de dinero puede detener la vida local, impidiendo a Puerto Rico el acceso a nuevos créditos. Pero una de las cosas que más le ha dolido al pueblo es la manera egoísta con que se quiere resolver la hecatombe. Lo que se preguntan muchos es por qué el salvataje tiene que hacerse sobre los hombros del humilde empleado público.
Al amparo de la denominada Ley de emergencia fiscal, cerca de 8 000 trabajadores fueron cesanteados en mayo y 17 000 en septiembre, de los cuales poco más de 7 000 pertenecen a la educación. Ello castiga muy especialmente al maestro público y se convierte en valor agregado al daño social que representarán las 25 000 familias golpeadas en su economía por la existencia de un desempleado.
La hecatombe se atribuye a la crisis que agobia al mundo pero, también, a la mala estructura fiscal de un país que —¡no olvidarlo!— sigue funcionando como «dependencia» de Estados Unidos. En última instancia, hablamos del «estado libre asociado» que se rige por las normas de la Casa Blanca y donde, se denuncia, los negocios estadounidenses se llevan cada año alrededor de 30 000 millones de dólares.
Por demás, esta situación ya tuvo alerta. En mayo de 2006 estalló lo que calificaron como «la peor crisis fiscal» de Puerto Rico, y develó esto que, ahora, las autoridades locales reconocen sin pudor: hay un «Estado» sobrecargado de agencias y dependencias que gasta más de lo que ingresa. Lo que hace tres años se identificó como «el gigantismo gubernamental».
Pero tan preocupante como la pervivencia del mal es el modo en que las autoridades locales confían que resolverán este quiebre: con la creación de 125 000 puestos de trabajo en el sector privado… ¡en los próximos cinco años! Y aflora un nuevo problema para los boricuas, no solo porque el pretendido alivio demorará un quinquenio, sino por el peligro de una salida que anuncia el reforzamiento de la privatización —que ya devoró importantes empresas— y, por tanto, la profundización del neoliberalismo. No pocos allí se preguntan cómo la isla puede ir en una dirección de la que los países latinoamericanos vecinos ya vienen desencantados y de vuelta.
Con esa preocupación de fondo, sindicatos, estudiantes universitarios, la Iglesia católica y la luterana, y las organizaciones sociales y políticas aglutinadas en la coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico, marcharán hoy por diversas arterias y paralizarán la vida puertorriqueña.
Amenazante, el gobernador Fortuño ha dicho que podría aplicarse el cargo de terrorismo a quienes entorpezcan el trabajo en los puertos y los muelles… Pero no dará marcha atrás a los despidos. Lo importante para él es que las arcas recuperarán 386 millones de dólares, a costa de los 25 000 trabajadores que dejarán de llevar el sueldo a casa.
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