El peso cubano está secuestrado. Atado a los designios de quienes lo acumulan en grandes cantidades para varios fines. La causa más común es porque lo necesitan para el reaprovisionamiento de divisas, pero este mal ya está derivando en otra ominosa tendencia: la venta de efectivo por el cobro de una comisión. El fenómeno se ha agudizado en las últimas semanas de manera dramática. Basta con abrir las redes sociales para encontrarse historias de diverso tipo. Personas que no pueden comprar nada, a pesar de tener dinero en sus tarjetas, porque los establecimientos no aceptan transferencias. Otros, quedan frustrados, pesos en mano, ante unos dueños que no quieren billetes de baja denominación. Son dos de los problemas más comunes.
La bancarización, proceso que inició en el país hace unos años, está muy bien definida y legislada. Entre las bondades, destaca que cursan valor legal todas las monedas emitidas por el Banco Central de Cuba, desde el quilo hasta el billete de 5 000 pesos, y tienen que ser aceptadas por cualquier actor económico; los pagos, por su parte, pueden ser digitales o en efectivo, y los primeros deben dirigirse a la cuenta fiscal del vendedor. Sin embargo, estas disposiciones son violadas de manera sistemática.
Cuando el país se enfrasca en buscar caminos nuevos con transformaciones económicas y sociales que permitan dinamizar una economía asediada hasta la asfixia por la mayor potencia global, si se sigue permitiendo que estos fenómenos ganen tracción, la ley podría quedar en letra muerta, y la impunidad ser caldo de cultivo para otras cuestiones.
Dinero es dinero. Ya sea digital o físico. En Cuba tenemos, además, dos robustas pasarelas de pago que permiten hacer las transacciones en un santiamén. Enzona es acaso la más golpeada cuando no existe internet, pero Transfermóvil, la más empleada, solo requiere de cobertura celular. Cierto es que los apagones pueden transformar esa realidad y hacer que la aplicación falle en ciertos momentos por falta de cobertura, pero lo que no debe dejarse pasar por alto es que un cubano adquiera el producto que desee de la manera en que mejor lo estime, a partir del dinero del que disponga, ya sea en papel moneda o almacenado en su tarjeta magnética.
«Impriman más dinero», argumentan algunos. La falta de liquidez no debe ser acortada con la emisión de más papel moneda por parte del Banco, pues si cada nuevo peso no se respalda con producción provoca todavía más inflación. Lo que sí no debe suceder, bajo ningún concepto, es que un cubano quede a merced de un mercader que vela por hacer cada vez más lucrativo su negocio saltándose las leyes como en una carrera de vallas. Es un acto de crueldad mayúscula impedir que alguien pague y acceda a un bien, especialmente en las condiciones que ahora atravesamos. Detrás de cada pago en línea denegado, de cada billete pequeño que es rechazado, puede haber una abuela que necesita su proteína, un niño sin leche, una familia sin desayuno, un alivio que no llega.
No se ruega por la empatía, ni tampoco significa que todos los negocios cometan estos actos. Pero la tendencia a no admitir transferencias va in crescendo, con falsedades por parte de los vendedores que van desde el «llegamos al límite diario» —no existe tal límite—, hasta «no tengo cobertura celular» —habiendo cobertura—, pasando por códigos QR falsos que jamás leerá aplicación alguna, o sencillamente porque «son privados y esas son sus reglas». Dichas deformaciones engendran un mal que lacera la dignidad de miles, aun teniendo el dinero.
A todo ello, sumemos la rampante evasión fiscal que comete el actor económico que admita transferencia y lo haga a cuentas personales. La ley estipula que el pago se hace en línea, y la banca, incluso, brinda una bonificación por ello a los ciudadanos.
Es este un fenómeno con más aristas, como la ausencia de un mercado cambiario estable para el reaprovisionamiento de divisas por parte de los mayoristas, quienes, a todas luces, concentran hoy la mayor cantidad de efectivo en sus arcas personales. No se trata de hacer ahora una cruzada contra ellos, sino de empeñarnos más para que la ley se cumpla y cada cubano pueda comprar lo que desee con lo que tenga a mano. Eliminemos de una vez un problema que nunca debió surgir, y mucho menos proliferar a estos niveles.
Hace unos días, una noticia casi pasó desapercibida, y se me antoja como un buen antídoto que podríamos generalizar en toda la nación. En Matanzas, un grupo de jóvenes desarrolló una aplicación web que permite mapear y clasificar, en tiempo real, la actitud de los negocios ante los diferentes tipos de pago. Con gradaciones de colores que van del verde al rojo, los ciudadanos pueden dejar constancia de dónde se aceptan o no transferencias, una suerte de control popular en vivo que, con un mayor desarrollo y nuevas funcionalidades, puede convertirse en una herramienta utilísima para ponerle rostro a los infractores. Toca, entre todos, salvar al peso cubano de su secuestro y darle el valor que se merece, ya sea impreso o en código binario.
