Un hombre grueso y de baja estatura, vestido con un traje gris acerado, camisa blanca y zapatos carmelitas, salió de su bufete de abogado ubicado en el edificio del Banco de Canadá —sede actual del Tribunal Supremo de Justicia— y cruzó la calle Aguiar para almorzar, como era su costumbre, en el restaurante Wall Street. Comió de buena gana e hizo acompañar su comida con vino Marqués de Riscal. Salió a la calle y no demoró en volver sobre sus pasos con el infaltable tabaco en la mano y la eterna sonrisa en los labios. Tras pedir una botella de sidra El Gaitero, dijo al dependiente que lo atendía: ¡Hoy me siento bien!
Tres o cuatro horas después el cadáver del doctor Eugenio Llanillo, con tres tiros en la cabeza, era encontrado en un paraje solitario de la carretera que conduce de Punta Brava a la playa de Santa Fe. Yacía en un charco de sangre, a pocos metros de una alcantarilla. Era el 14 de marzo de 1945 y entraba en la crónica como el primer asesinato político ocurrido bajo el Gobierno de la Cubanidad. Unos 40 días más tarde era baleado en la esquina de Monte y Cienfuegos Enrique Enríquez Ravena, jefe del Servicio Secreto del Palacio Presidencial. Hasta el 10 de octubre de 1948, tendrían lugar 65 atentados políticos bajo la presidencia del doctor Ramón Grau San Martín.
Todavía, casi 75 años después del suceso, se desconocen con exactitud las causas de la muerte de Eugenio Llanillo ni quién la ordenó.
El mismo día de su asesinato había sido detenido en su bufete en una operación al mando del comandante Juan (Juancho) de Cárdenas, jefe del Buró de Investigaciones de la Policía Nacional y sobrino de Raúl de Cárdenas, vicepresidente de la República y ahijado de Paulina Alsina, la primera dama. Participaron en la detención que más que tal fue un secuestro, el capitán Benigno Castelar, segundo jefe del Buró de Investigaciones, el teniente Rafael Álvarez Opisso, jefe del Departamento de Información General de la Policía, el agente Carlos Gallo y el cabo Otmaro Montaner, hermano de Rita, la sobresaliente actriz y cantante.
Desde el primer momento se tuvo la certeza de que Llanillo había sido víctima de agentes policiales que se excedieron en el «trato severo» que le propinaron, y un personero del oficialismo llegó a echarle en cara a Juancho de Cárdenas la responsabilidad del suceso, la que este, como es de suponer, negó de plano. Mientras el Gobierno manifestaba su determinación de llevar las investigaciones hasta el final y Grau ofrecía garantías de que el crimen no quedaría en el misterio, Genovevo Pérez Dámera, jefe del Ejército, anunciaba que la Inteligencia Militar colaboraría en las averiguaciones. Aun así, el juez instructor no consignó en el acta correspondiente las declaraciones de un hermano de Llanillo que responsabilizó a la Policía de la muerte de este, porque, expresó el funcionario, «estamos próximos a una restructuración del Poder Judicial y yo no quiero meterme en líos…».
Llanillo fue hasta el final abogado del general Batista en algunos de sus negocios, y también del comandante Jaime Mariné, ayudante de Batista desde 1933 y director general de deportes bajo su Gobierno. Pero eso, aunque cierto, no justificaba su asesinato. Se dijo que lo detuvieron por ser el responsable de una campaña de descrédito contra el doctor Grau y su familia en los comicios generales de 1940, cuando desde la avioneta que le facilitó Mariné lanzó volantes contra el político auténtico, gesto que quiso repetir luego de la elección de Grau a la primera magistratura en 1944; versión esta que no fue rigurosamente comprobada. Otra versión, más difundida aunque falsa, lo señalaba como autor de una serie de atentados dinamiteros, y lo hacía cómplice del excoronel José Eleuterio Pedraza, llegado clandestinamente a Cuba para propinar un golpe de estado.
La detención de Pedraza por fuerzas del Ejército hizo variar las acusaciones del senador Eduardo Chibás, que hasta entonces había emplazado a la Policía. Expresó Chibás entonces que Pedraza imaginaba a Llanillo como el delator de su escondite, lo que no es verdad. Refirió Chibás que el abogado mantenía relaciones con el comandante Mario Salabarría, jefe del Buró contra Actividades Enemigas. Es probable, aseguró Chibás, que algún amigo de Pedraza se enterara de eso y lo asesinara.
Una semana después, sin embargo, volvía Chibás a acusar a la Policía y lo mismo hacía el parlamentario Guillermo Ara. A esa altura no tardaron en ser detenidos Opisso, Montaner y Gallo, no así Castelar y Juancho, que se mantuvieron escondidos hasta que Raúl Menocal, alcalde de La Habana, y el senador Guillermo Alonso Pujol los presentaron en la jefatura de Policía. De ahí fueron traslados a la Audiencia y enseguida internados, por orden del juez Arturo Hevia, en las prisiones militares de la Cabaña. Asediados por la prensa, Castellar se cubrió el rostro con las manos. Juancho enfrentó a los periodistas. Declaró: «El rumor público y Chibás me acusan… pero ese mismo rumor dice que Chibás es un loco y anda suelto por las calles…».
Mario Salabarría, que en septiembre de 1947 fuera uno de los protagonistas de los sucesos de Orfila, actuó como oficial investigador en la muerte alevosa de Llanillo. Antes se había entrevistado con el abogado en el hotel Sevilla para que este variara sus comentarios sobre el presidente Grau, de quien se había convertido en un enemigo acérrimo luego de haberlo apoyado. Se hallaban en esas conversaciones cuando, para sorpresa de Salabarría, ocurrió el crimen.
Ya en Miami, Salabarría se inclinaba a creer que el general Pérez Dámera no fue ajeno al caso. Y sospechosa al menos resultó la actitud del coronel Carreño Fiallo, jefe de la Policía, que nunca fue esclarecida, si bien se le acusó de negligente y encubridor. Cuando la opinión pública responsabilizaba a Juancho de Cárdenas como autor principal del crimen, Carreño lo hacía oficial investigador del suceso y proponía su ascenso a teniente coronel. Luego, cuando las autoridades abortaron la conspiración encabezada por Pedraza, aseveró en la puerta del Palacio Presidencial que fueron el excoronel y uno de sus cómplices conocido como «el Mulato», los responsables de la muerte de Llanillo, lo que, aseveró, confirmaba la prueba de la parafina. Veinticuatro horas después decía que los culpables eran dos civiles que estaban ya detenidos. Para él, y así lo declaró, la Policía era ajena al hecho. Cesó en el cargo en mayo de 1946.
Algo más de un año después de que se decretara su prisión provisional con exclusión de fianza, Juancho de Cárdenas fue internado en el hospital de la Policía Nacional con el pretexto de una intervención quirúrgica de urgencia. A comienzos de mayo de 1946, entre las siete y las ocho de la tarde, salió de la casa de Salud con uniforme y grados de capitán. Se dijo que lo había logrado con la ayuda del presidente del Senado, Miguel Suárez Fernández, «el travieso Miguelito», de quien había sido secretario y agente político, aunque no sería remiso a confesar que lo consiguió gracias a un enfermero que le facilitó la llave de una de las puertas que se asomaban a la calle Estrella, donde tomó el auto con matrícula oficial que lo aguardaba. Voló hacia Honduras en un avión privado. Pasó a México, y pidió asilo, y en compañía del gánster Policarpo Soler prometió que regresaría a Cuba de contar con las garantías necesarias.
Sin apoyo legal ni económico del Palacio Presidencial cubano, la cosa en México le iba de mal en peor y empezó a hablar. Dijo que Grau sabía perfectamente que el asesino de Llanillo era un sargento de la escolta de Carreño Fiallo. Reiteró su inocencia, pero se inculpó a sí mismo revelando las sordideces que rodearon el crimen, que se decidió, dijo, tras el estallido de la bomba en el cine Rex, de la calle San Rafael. Explicó que su fuga la motivó la incumplida promesa del presidente Grau de ampararlo ante los tribunales.
Viajó a Venezuela, pensó que la vida le iría mejor en EE. UU. y, con la esperanza de que no sería detectado, quiso antes pasar unos días en Cuba. Fue apresado en el aeropuerto de Camagüey, destino entonces de los vuelos que llegaban a la Isla desde América del Sur. Los empleados de la terminal aérea despacharon a todos los viajeros sin que ninguno reparara en el personaje que, por un simple trámite, cayó en manos de la justicia. Un sargento del Ejército tenía la encomienda de revisar los pasaportes de los viajeros cubanos. De golpe, nada le dijo el nombre de Juan de Cárdenas, pero no pudo evitar reparar en el nerviosismo del sujeto. Todavía sin saber quién era realmente lo condujo al cuartel Agramonte, donde adujo que el hecho de llamarse Juan de Cárdenas no lo relacionaba con aquel Juancho de Cárdenas buscado por la justicia. Ni modo. Nadie le creyó y lo reintegraron a La Cabaña.
Cuando en febrero de 1949 se convocó el consejo de guerra que conocería del asesinato de Eugenio Llanillo, los únicos presos era Juancho de Cárdenas y Benigno Castelar. Álvarez Opisso había sido excluido del proceso, y también Otmaro Montaner. Este llevó la peor parte, pues el día antes de que se abriera la vista oral fue muerto a tiros a fin de evitar su presencia como testigo, reclamada por el brillante penalista José Miró Cardona, abogado de Castelar. Mató a Montaner, se dijo, Antonio (Cuchifeo) de Cárdenas, implicado asimismo en el atentado a Enrique Enríquez, pero quedó en libertad al día siguiente de su detención. El consejo dispuso la libertad de Juancho y Castelar.
Eugenio Llanillo estuvo entre los fundadores del Partido Auténtico. Pronto se disgustó con Grau San Martín, líder de esa organización política, y no hubo reconciliación posible entre ellos, declaró al juez Hevia la periodista Leonor Quintana, prometida del abogado asesinado. Fuera ya de Cuba, expresó su certeza de que la orden de eliminar a su novio partió de Paulina Alsina, primera dama de la República, lo que desde luego nunca se probó. Lo dijo siempre en privado, pues no quería dañar a Polita y Mongo Grau, personas de su mayor amistad, y reiteró siempre que no creía al presidente Grau envuelto en el crimen.
Como sucedió en casi todos los atentados ocurridos durante los gobiernos auténticos (1944-1952) no hubo culpables en el asesinato de Eugenio Llanillo.
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