Los intentos por acallar las escandalosas revelaciones del creador de WikiLeaks y sus seguidores han puesto al descubierto los esfuerzos de Estados Unidos por gobernar Internet
Una vez más los trapos sucios del Gobierno norteamericano han sido descubiertos por WikiLeaks. Ahora se trata de más de 700 expedientes de prisioneros detenidos en la ilegal base naval que mantiene Estados Unidos en el territorio oriental de Cuba, revelados por el periódico norteamericano Times.
«Los documentos de Guantánamo», como los llamó The New York Times en un editorial publicado esta semana, ponen al descubierto las torturas psicológicas y físicas a que fueron sometidos muchos de los detenidos, entre ellos varios que están presos desde hace años sin un delito específico, y en ocasiones por culpa de rumores o delaciones sin confirmar.
Y es que como dijera The New York Times, los nuevos documentos describen «el caos, la anarquía y la incompetencia en el sistema de la administración (Bush) para decidir la culpabilidad de los detenidos o la inocencia y la evaluación de si serían una amenaza en caso de ser liberados».
Los reportes de los expedientes sacados a la luz pública por Julian Assange, creador de WikiLeaks, y sus colaboradores, no pueden ser más reveladores, pues se trata de los que conformaron grupos especiales dedicados a caracterizar a cada detenido.
La abrumadora filtración, según The New York Times, es incluso contradictoria, pues mientras hombres inocentes fueron detenidos por una escasa o inexistente evidencia y sometidos a abusos y torturas, otros que fueron puestos en libertad actuaron más tarde en contra de las tropas de Estados Unidos en Afganistán o Iraq.
Según el rotativo, una de las aristas más escandalosas es que en varios de los documentos se hace referencia a los presos que se suicidaron al no aguantar los maltratos y presiones psicológicas como «un problema de relaciones públicas».
La respuesta de la Casa Blanca, por supuesto, no se ha hecho esperar. Su vocero oficial, según reporta la agencia AFP, ha tratado de deslindar al presidente Obama de las políticas de su antecesor Bush, aunque la misma agencia señala que el mandatario, quien prometió durante su campaña cerrar la ilegal prisión de la Base Naval de Guantánamo, no solo ha incumplido, sino que pretende revivir los oscuros tribunales militares para juzgar a los allí detenidos.
Y por si el escándalo fuera poco, en un giro muy peligroso de las represalias contra Assange, un juez norteamericano acaba de obligar a la red social Twitter a entregar datos privados de algunos de sus usuarios que se supone colaboran con WikiLeaks.
Se trata, a todas luces, de un intento más de coartar las revelaciones de los sucios manejos de Estados Unidos, utilizando para ello el poderío que mantienen sobre Internet.
Más allá de los documentos que ha revelado WikiLeaks a lo largo de meses sobre la espuria diplomacia norteamericana, las torturas y abusos en el enclave militar yanqui en Guantánamo, la matanza de civiles inocentes en Afganistán e Iraq, la existencia de cárceles y centros de torturas secretos, entre otras suciedades del imperio, con su actuación ha obligado a que EE.UU. deje bien claro que tiene todas las intenciones, y unas cuantas herramientas, para querer gobernar Internet.
La justicia de ese país, después del último escándalo provocado por Assange, no solo pretende extraditarlo para juzgarlo en suelo norteamericano y bajo sus propias e irregulares leyes, sino que, como reveló la agencia AP, solicitó que se investiguen las cuentas, la dirección, teléfonos y los contactos asociados a WikiLeaks y su fundador, pero también de otros colaboradores cercanos.
La ira ahora se ha desatado sobre la diputada islandesa Birgitta Jónsdóttir, por su colaboración con WikiLeaks; Bradley Manning, soldado norteamericano sospechoso de filtrar documentos a la web; o su compatriota, el programador Jacob Appelbaum y el hacker holandés Rod Gonggrijp, que habían trabajado con Assange en el pasado.
Todos ellos estarían bajo pesquisa incluso desde hace tiempo, pues el juez había enviado a la red social de microblogging un pedido sellado que impedía notificar sobre esto a las partes implicadas, algo que salió a la luz pública cuando WikiLeaks se negó a colaborar en secreto y solicitó el envío de notificaciones oficiales a los que serían espiados.
Pero si esta web se negó y desató el escándalo, muchos son los expertos que se preguntan cuántos sitios habrán recibido «pedidos» similares y accedieron en silencio a dar información sobre sus usuarios.
¿Cuántos de los que somos clientes de correo electrónico de Yahoo!, Google y Hotmail, o de redes sociales como Facebook, YouTube, MySpace y otras no estaremos siendo purgados sin saberlo?
La petición del juez en este caso —explica el sitio sobre información tecnológica infobae.com— se basa en que cuando nos suscribimos a uno de estos servicios aceptamos, la mayoría de las veces sin leerlas, unas Normas de Uso que posibilitan a esas empresas dar información sobre nosotros.
Servicios de correo electrónico como Gmail, Hotmail y Yahoo, o las redes sociales más importantes como Facebook, la misma Twitter o YouTube, advierten en sus Normas de Uso que por estar situadas dentro del territorio estadounidense deben ajustarse a su jurisdicción.
Facebook, por ejemplo, incluye una cláusula que advierte a los usuarios extranjeros: «Usted consiente que sus datos personales se transfieran y se procesen en EE.UU.»; mientras que Twitter manifiesta: «Estos términos de uso (…) se rigen por las leyes de Estados Unidos».
Así, en la práctica, si amparado en estas regulaciones legales cualquier juez o autoridad de EE.UU. solicita a una de estas empresas información de alguien que haga uso de sus servicios, esté o no en territorio estadounidense, sea o no ciudadano de este país, estaría sometido al espionaje norteamericano.
Husmear en los correos o lo que decimos y ponemos en la red no ha sido la única táctica del Departamento de Estado para controlar Internet.
Después de los primeros escándalos por las revelaciones de WikiLeaks, la justicia y los organismos de seguridad de Estados Unidos se pusieron a la caza del origen de las filtraciones y a tratar por todos los medios de ponerles nombre y apellido a los actores de la trama.
Más allá de las acusaciones sexuales que se tejieron contra Assange, de las que no se ha librado todavía, en el mundo virtual una de las primeras reacciones fue que el DNS o nombre de dominio (Domain Name Server) de WikiLeaks dejó de funcionar.
Aunque se pensó que la culpa era del ICANN, organismo internacional encargado de asignar los números y nombres de dominio (con sede en territorio norteamericano), fue el administrador de este dominio en concreto, EveryDNS, quien decidió suspenderlo alegando la cantidad exagerada de demandas de acceso, aunque se sospecha que en realidad se debió a presiones de la Casa Blanca.
Otros sitios como Twitter y Facebook congelaron cuentas que difundían el contenido de las revelaciones, alegando problemas o violaciones a su reglamento. Incluso amazon.com reconoció abiertamente, según un despacho divulgado en su momento por AP, que había recibido una llamada al respecto del vicepresidente de EE.UU.
No faltó la reacción de Mastercard o Visa, quienes suprimieron el recaudo para WikiLeaks, y que a su vez fueron víctimas de piratas informáticos que defendían a la red.
Incluso el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, declaró a la prensa que estaban estudiando cómo sancionar a WikiLeaks y sus seguidores, aludiendo a la acusación de piratería informática bajo la Ley de Abusos y Fraude Informáticos, que prohíbe la «transmisión de un programa, información, código o comando» que «intencionalmente cause daños sin autorización a una computadora protegida».
Poco a poco se ha filtrado también en diversos medios de prensa que el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA y otras agencias estadounidenses han estado colaborando estrechamente con sus homólogas de varios países europeos para tratar de acallar a los autores de las filtraciones.
A partir del uso cada vez mayor que hacemos de correos electrónicos gratuitos y de las facilidades que ofrecen redes sociales basificadas en su territorio, nuestra información estaría expuesta a los intereses imperiales, y nuestra vida pasada, actual y futura sería puesta al descubierto en cualquier momento, solo con el pretexto de que constituimos un «peligro» para el imperio.
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