Acuse de recibo
«Si el Estado hace todo lo posible para que cada niño tenga su desayuno garantizado, ¿cómo es posible que los distribuidores no cumplan con lo que les toca, y se queden así tan tranquilos, como si nada sucediera, mientras muchos niños se quedan en blanco?».
La paradoja la señala en su carta Magdalena Lago Hernández, vecina de calle Los Pinos, edificio Campismo, apartamento 1-B, entre 32 y 33, en la localidad capitalina Cojímar.
Magdalena habla en nombre de muchos padres y abuelos, para denunciar «la falta de respeto que hay con la distribución del yogurt de soya, que el Estado asigna a cada niño entre 7 y 13 años.
«En las pizarras de los puntos de leche, señala ella, aparece escrito que son 12 envíos en el mes, y esto nunca se cumple. Por ejemplo, en el mes de marzo dejaron de traer cinco envíos, lo que conllevó disgusto de muchas madres, ya que es con lo que cuentan para el desayuno de los niños antes de que marchen hacia las escuelas».
Y lo curioso del caso es que los envíos que no recibieron, nunca les son repuestos o sustituidos por otros productos.
Cuenta Magdalena que en su familia hay una niña de 11 años, hipoacúsica, que sale de casa antes de las 7 de la mañana para tomar el ómnibus que la transporta a la escuela especial donde estudia. Y no pocas veces hay que darle leche del litro de su hermanito, pues el yogurt brilla por su ausencia.
Ya llueve sobre mojado lo de las irregularidades con la distribución del yogurt de soya, sostiene Magdalena. Y tiene mucha razón, porque no es la primera vez que el tema irrumpe en esta columna.
El yogurt de soya para el desayuno infantil debe ser sagrado, llueve truene o relampaguee. ¿Qué piensan los responsables de tales ausencias?
Los que se empeñan en construir su vivienda por esfuerzo propio, luego de concedido ese derecho, tienen que sufrir muchas veces por olvido ajeno. Ese es el caso de Miriam Rosa Rodríguez, vecina del batey Tres Palmas, del municipio espirituano de Cabaiguán.
Miriam Rosa es una mujer muy enferma. En 1995 le diagnosticaron insuficiencia renal crónica terminal, y desde 2005 tiene que hacerse hemodiálisis tres veces por semana. Es madre soltera y vive hacinada con su niña en una casita en pésimas condiciones.
Y por su situación excepcional, le fue asignada la licencia de construcción por el Gobierno municipal de Cabaiguán. En abril de 2007 la unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) le creó un expediente para la compra de los materiales, y se le autorizó un crédito de tres mil pesos.
Entonces, le vendieron 600 bloques y le manifestaron que el acero no podían dárselo, pues tenían que hacer un pedido a la provincia en el siguiente mes de mayo.
Miriam Rosa tuvo la desdicha de que su padre cayera enfermo con una neoplasia en el pulmón, por la cual falleció en junio de 2007. Todo ha sido desgracias para ella, quien luego tuvo que hospitalizarse por complicaciones en su tratamiento. Y estuvo alejada de los trámites en la UMIV durante seis meses.
Pero al reanudar las gestiones, «perdió legal», ya se topó con que «no tenían materiales para venderme». A ello se suma que un vale que le habían entregado el 23 de abril de 2007 para adquirir 20 sacos de cemento, no pudo recogerlo a tiempo, y perdió el derecho a ellos, al reanudar los trámites.
Asegura la mujer que de su situación tienen conocimiento el Gobierno, vivienda y la UMIV en el municipio, pero «a estas alturas todo se ha vuelto una maraña de trámites burocráticos que no llevan a ninguna solución. Es indignante ver cómo casas que estaban junto a la mía en fechas de terminación ya son habitables, y la mía sigue perdiéndose en papeles y mojándose en los aguaceros».
Miriam Rosa se pregunta —como muchos enrolados en el esfuerzo propio para su habitat— por qué se les da esperanza de que resolverán su problema de vivienda, para luego dejarlos gravitando en la inseguridad y la incertidumbre. ¿Esfuerzo propio y olvido ajeno?
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