Acuse de recibo
Hay mecanismos legales que cuesta trabajo entender o que tal vez no han sido lo suficientemente explicados. Y al capitalino José Sutil Ramírez, por ejemplo, le sucede algo de ese cariz con la dificultosa operación para cobrar un reintegro.
Sucede que a este vecino de Calle E, Edificio 23, Apto. 1, Reparto Veracruz, en San Miguel del Padrón, le robaron, en septiembre de 2005, las bocinas Pioneer de su auto particular, adquiridas a un precio de 125 CUC. Las fuerzas policiales detuvieron al ladrón, pero este planteó que había vendido los dispositivos de audio y no recordaba a quién.
«En junio de 2006 se celebró el juicio, Causa 134/06, y se evidenció la culpabilidad del ciudadano, determinándose que tenía que pagar lo sustraído. El 27 de diciembre de 2008 la caja de resarcimiento me envió citación para pasar a recoger el dinero. Me hicieron el expediente 1209861 y a los cinco meses aproximadamente me pagaron la mitad del valor de las bocinas en pesos cubanos, con un descuento del diez por ciento», narra José.
A la sazón le aclararon que la otra mitad del dinero no le sería entregada hasta que el ciudadano no saldara la deuda con la autoridad. Después de eso, volverían a citar al afectado, le darían su caudal correspondiente, con otro descuento del diez por ciento.
«Me explicaron que la caja envía citaciones al sujeto, y si el mismo no asistía, le continuaba haciendo citaciones. Y no pasa nada más. A mí, que soy la víctima del robo no me indemnizan hasta que el ciudadano quiera», reflexiona el capitalino.
Y analiza que si por alguna casualidad el individuó que le robó se demora extensamente o deja de pagar lo que falta, él tampoco cobraría lo que indiscutiblemente le pertenece.
Sucedió el 8 de septiembre de 2008: una brigada de mantenimiento de la Vivienda en Matanzas demolía con una pala mecánica lo que ya quedaba de un derrumbe parcial del frente y el techo de la sala de una vivienda, sita en Contreras 28006, en esa ciudad.
Desde Contreras 28004, al lado, Cira Martínez le llamó la atención al jefe de la brigada, pues en el forcejeo con las estructuras iba a dañarle su casa. El jefe le dijo que eso era una obra estatal planificada y había que hacerla.
De tantos golpes, se produjeron rajaduras en las paredes medianeras de Cira. Y desde entonces, las tuberías de agua empotradas en la pared están rajadas, filtrando. La pared del segundo cuarto presenta rajaduras, con posibilidad de derrumbe.
En la casa viven personas ancianas, entre ellas la mamá de Cira, con 88 años, quien no puede dormir en su habitación por la humedad y la rajadura. La hermana de la remitente, con 64 años, asmática, diabética y operada dos veces de la cadera, permanece insomne noche tras noche en una verdadera agonía respiratoria. La tercera es Cira, quien prefiere ocultar su angustia.
Han hecho gestiones con la Dirección Provincial de Vivienda y con el Gobierno municipal, pero nada se ha resuelto.
«Aunque la Ley plantea que quien rompe una pared medianera tiene que arreglarla —señala Cira—, parece que yo no tengo derecho a que reparen mi casa quienes la afectaron. Han roto mi tranquilidad y calidad de vida», sentencia la señora. Y aguarda por una respuesta, más bien un desagravio de hechos y no solo de palabras, entre la humedad y las grietas.
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