La UPIV tiene la palabra

El pasado 4 de abril reseñé la queja de Magdalis Matamoros, desde La Maya, municipio santiaguero de Songo-La Maya: habiendo concluido ella su casa en febrero de 2011, por esfuerzo propio, no ha podido habitarla por faltarle aún los servicios de electricidad y agua, a pesar de que las instalaciones le pasan por la acera de enfrente.

Ella había acudido varias veces a la Empresa Eléctrica, sin resultados. En el 2011 allí le dijeron que tenían presupuesto, pero no conductores para la instalación. En el 2012 le plantearon que no tenían presupuesto. Y en Acueducto le argumentaron que con esa entidad no se contó para otorgar esa y otras viviendas y, por lo tanto, no tienen respuesta para ello.

Magdalis no entendía cómo es posible que no esté programada una solución a algo ya planificado.

Al respecto, responde Carlos Manuel Almaguer, director de la Empresa Eléctrica en Santiago de Cuba, sobre lo concerniente a esa entidad:

«En la primera respuesta de la dirección de la UEBT La Maya, se evidenció desconocimiento de cómo proceder en esos casos, al ser un asentamiento mixto, donde se incluyen viviendas del Plan Nacional y Esfuerzo Propio».

Precisa que al revelarse el caso, la comisión creada al efecto comprobó que la vivienda está ubicada en una zona a declararse como nuevo asentamiento poblacional, a 50 metros de la línea secundaria. En la primera etapa del proyecto de desarrollo se electrificaron 16 viviendas. El 3 de enero de 2012 se hizo nuevo levantamiento: ya había 26 casas construidas sin corriente, y tres con facilidad temporal, en fase de construcción.

Para la ejecución final de electrificación, añade, es necesario realizar una inversión que permita electrificar el asentamiento, según normas establecidas en la Ley 1287, y que debió de haberse solicitado a la dirección provincial de dicha Empresa por la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV).

«Ese trámite se debe solicitar con tiempo de antelación de un año para los proyectos de urbanización a ejecutar en el territorio, asevera. En el mismo se deben reflejar los corredores para la construcción de las líneas eléctricas; lo cual no nos ha sido entregado hasta la fecha por la UPIV, de ningún asentamiento de la provincia, a pesar de que nuestra dirección se ha preocupado por gestionarlo, teniendo en cuenta insatisfacciones recibidas por otros clientes en similar situación».

Del caso que ocupa, señala, existe un proyecto entregado por la UPIV, que incumple los requisitos técnicos mínimos necesarios para la ejecución de la electrificación, una vez que aquella haya cumplido con la solicitud y el contrato necesario para esos fines.

Precisa que en dicho asentamiento aún quedan viviendas por erigir y otras en fase de construcción; «por lo cual es necesario que se defina el cumplimiento del proyecto inicial, el cual ha sido violado por los constructores, situación esta que va en contra del mismo y el posible trazado de la línea eléctrica para dar servicio al asentamiento».

Añade que a la Dirección de la UPIV se le entregó notificación por escrito de esa situación, para hallar de conjunto una solución al respecto e impedir que se repitan circunstancias como la denunciada, ni el cliente quede desamparado y sin solución inmediata.

Asegura Almaguer que para la ejecución de ese proyecto se necesitan aproximadamente 4,5 kilómetros de conductores primarios y secundarios —con sus correspondientes elementos—, 50 postes y tres transformadores de distribución.

«De entregarse la solicitud y el contrato por la UPIV y definirse el proyecto de urbanización —apunta—, la obra se ejecutaría según plan y aprobación del Consejo de la Administración Provincial, acorde con la política de electrificación por la que se rige el país en estos momentos.

«Por todo lo expuesto —concluye—, la queja no tiene solución por nuestra parte, aunque creemos que entre entidades estatales debe existir mejor comunicación, mucho más cuando se ha solicitado el proyecto, como es nuestro caso. La cliente queda conforme con las explicaciones recibidas por nuestra Empresa, pero no entiende que se incumpla con lo legislado para estos casos entre las entidades implicadas».

Ya aclarada la parte eléctrica, ¿qué dice la UPIV? ¿Qué argumenta Acueducto? ¿Por qué el Gobierno local no ha exigido que se cumpla lo legislado?

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