¿Limbo legal inextricable?

¿Es lógico que un trabajador permanezca esperando dos años y diez meses por que le notifiquen el fallo de un proceso laboral en el que le va su plaza? La respuesta resulta obvia. Sin embargo, según narra el holguinero Roberto Cabrales Reyes (calle José Martí, No. 94-A, entre Julio Antonio Mella y Otto Parellada, Antilla), en su caso la lógica elemental parece haber desaparecido.

Cuenta Roberto que el 17 de abril de 2013 se encontraba trabajando «al servicio del patio de Cacocum. A las 12:50 horas se produjo el choque de frente del tren extra No. 16 (Locomotora 52527) procedente de Guantánamo, destino Habana, contra el tren patio Cacocum (locomotora 52581). Uno de los auxiliares de conductor de mi tripulación dejó el chucho cambiado para circular por la vía inferior, introduciéndose este (el tren) a 79 km/h donde la velocidad autorizada es de 25 km/h; y a 176 metros ocurre el accidente».

A raíz del suceso, a Roberto se le aplica primeramente una medida cautelar, amparada en el Decreto Ley 176/97, notificada el 26 de abril, evoca el remitente. Añade que en el informe conclusivo del accidente, del 10 de mayo del propio año, se le declaró «responsable indirecto».

Mediante la Resolución EFO No. 67/2013, el trabajador queda definitivamente separado del Sistema Ferroviario Nacional. Esto le fue informado el 21 de junio del propio año, rememora.

La Vista laboral ante la comisión representativa en La Habana se llevó a cabo el 28 de septiembre de 2013 —acota el holguinero—. «Aún es la fecha (20 de julio de 2016) y no se me ha notificado su fallo», sostiene.

Atrapado en una espera que no se explicaba, decide el trabajador presentar «queja por violación de términos legales al Departamento Central de los Derechos ciudadanos de esta propia provincia (Holguín)»; y precisa que presentó su demanda ante Dania Borras Santiesteban, fiscal jefa del departamento, el 16 de diciembre de 2013.

En varias ocasiones acudió el interesado al citado departamento, pues por teléfono no se atiende. «Fui atendido por el fiscal de guardia. Siempre se me dijo que se envió para La Habana, que estaba en trámite, que se me llamaría o me llegaría respuesta por correo postal, y aún es la fecha y nada», refiere.

En entrevista directa con la fiscal jefa, ella ratifica «que mi queja fue tramitada para La Habana y no tiene explicación de por qué no se ha dado respuesta, por lo que me orientó que presentara nuevamente la queja, la que entregué el pasado 11 de enero de 2016, recibida por el fiscal de guardia Yodin Grau. Y sigo sin respuesta».

Después de más de 60 días hábiles de esta segunda presentación de la queja, acudió el afectado a la Fiscalía Municipal de Antilla, y fue atendido, según señala, por el fiscal jefe Ricardo Giraldo Peña, quien inmediatamente se comunicó vía telefónica con la provincia y allí le informaron lo mismo: que la demanda estaba en trámite.

El holguinero, separado definitivamente de su puesto de trabajo desde junio de 2013, no puede entender qué trámites son esos que se pierden en un limbo y ya nada más se sabe de ellos.

Y este redactor apunta que, más allá de la justeza o no de la medida que se aplicó a Roberto, si lo que cuenta en su misiva es exacto, encima de la sanción le ha caído otra condena, dictada por la falta de respuesta.

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