Más allá de lo legal

El pasado 12 de julio, Yaniel Respall Valdivia, residente en el municipio camagüeyano de Sibanicú e instructor de arte en la especialidad de Artes Plásticas, contaba a esta sección que ha intentado infructuosamente adquirir una licencia para ejercer por cuenta propia el oficio de tatuador.

Refería el joven que en la Dirección Municipal de Trabajo (DMT) no se lo permiten, con el argumento de que no está contemplada esa actividad entre las  autorizadas para el sector no estatal, en un país donde los jóvenes acuden cada vez más al tatuaje de sus cuerpos, a veces por ocurrencia generacional, y a veces por propósitos artísticos más relacionados con el «body art», matizaba entonces este redactor.

Aun así, él insistía en que crece la demanda de tatuajes en la población joven. Y no aprobar esa actividad es dejar en la ilegalidad algo que, irremisiblemente, va a seguir registrándose de manera furtiva, sin que los tatuadores adquieran obligaciones y compromisos con el Estado y la sociedad ni paguen sus tributos al fisco.

Al respecto, responde Marta Adán Hernández, directora provincial de Trabajo y Seguridad Social en Camagüey, que «el trabajo por cuenta propia está regulado mediante la Resolución 42/2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en ella se autoriza el ejercicio de 201 actividades, y se describe detalladamente el alcance de cada una, donde no se incluye ninguna relacionada con los tatuajes, por lo que el tratamiento dado a este caso en la DMTSS de Sibanicú es correcto, pues está en correspondencia con lo legalmente establecido».

Agradezco la misiva de Marta, la cual ratifica lo expresado por la Dirección Municipal de Trabajo. Pero más allá de una respuesta puntual, considero que la inquietud de Yaniel es más bien una invitación al replanteo, un alerta a los decisores de las políticas en cuanto al trabajo no estatal, para no dejar en la ilegalidad y la falta de compromiso fiscal y económico con la sociedad a tatuadores que de por sí van a seguir operando por imperativos de la demanda. Y también para transparentar ese oficio y controlar las condiciones y términos sanitarios con que se ejerce. No siempre lo legal es lo justo y lógico.

¿Quién es el culpable?

María Dolores Ruiz Martínez (calle Concepción 833, entre 16 y 17, Lawton, La Habana) creyó en la factibilidad expedita de los servicios de Telebanca, y hoy está defraudada.

Cuenta la lectora que después de pagar mediante Telebanca su consumo eléctrico de agosto con siete días de antelación a la fecha señalada en el aviso, la Oficina Comercial de la Empresa Eléctrica en el municipio de 10 de Octubre le retiró el servicio, supuestamente por no pagar dicha factura. Y el castigo por ser inocente, afirma, fue tenerme tres días sin electricidad, incluido un fin de semana.

Relata la clienta que al reclamar en dicha oficina «no recibí disculpas por la equivocación, sino una explicación justificativa sobre un proceso complejo que no había permitido procesar las facturas  del día que correspondía mi pago».

María Dolores considera que se deben investigar las verdaderas causas de lo ocurrido, y adoptar las medidas para que no se repita con otros clientes, pues además de perjudicar a estos últimos, «dañan la imagen de un servicio que tiene muchos beneficios para la población trabajadora y envejecida de nuestra ciudad».

De diez en diez...

Vivian González Delgado (Calzada de Managua 312, entre Arnao y Cortés, Arroyo Naranjo, La Habana) cuenta que el sábado 26 de agosto en horas de la mañana, en el «Ditú» de la Calzada cerca del policlínico de Mantilla, vendían la cajetilla (roja) de cigarros Populares a 0.70 CUC, cuando desde el 18 de agosto, según la Gaceta Oficial, estos cuestan 0,60 CUC.

Al preguntarle a la dependienta, añade, esta le planteó que era cierto, pero que «ellos no habían recibido el documento de la empresa que les comunicaba el cambio de precio. «¿De quién es la responsabilidad y adónde van a parar los 0,10 CUC que cobran de más por cada cajetilla de cigarros?», pregunta Vivian.

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