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Una pequeña guerrita se está dando en los círculos de poder de Estados Unidos, pero todo parece indicar que las fuerzas más belicosas andan con ventaja en la escaramuza. Se trata de la «legalidad» de la intervención militar contra Libia, iniciada y liderada por Estados Unidos y con manto de la OTAN. El Congreso debate el tema, porque como en otras oportunidades —casi todas— el Presidente dio las órdenes y no consultó al cuerpo legislativo, y en este caso —como en precedentes— a lo que pretendieron fuera un golpe contundente y rápido, se les está prolongando en el tiempo sin haber logrado su objetivo sustancial, la eliminación física de Gaddafi y el establecimiento de un Gobierno propicio a los intereses de Occidente.
Por tanto, está planteado el debate. Barack Obama no ha logrado convencer a todo el Congreso; incluso se dice que tampoco a algunos de sus consejeros legales, de que la participación de sus tropas en las «hostilidades» está dentro de sus poderes de «comandante en jefe». Ni qué decir de la ciudadanía estadounidense, que en mayoría notable se opone a este conflicto, uno más que les roba un presupuesto que mejor quisieran para resolver los muchos problemas sociales existentes, desde el desempleo hasta las carencias o deficiencias en servicios como el de la educación y la salud, por citar solo dos. Hasta el momento y tras una década de guerras han muerto en Iraq y Afganistán varios miles de estadounidenses y se han gastado 1,3 billones (según contamos los latinos, trillones para ellos), y la de Libia apenas se acerca a los mil millones de dólares.
Hay una argumentación para los legalistas: en este caso no aplica la prerrogativa del presidente que a la vez es comandante en jefe, porque nadie le ha disparado a las tropas estadounidenses, ningún peligro las amenaza, y simplemente, decía The New York Times, Estados Unidos está cumpliendo una resolución de las Naciones Unidas. Por tanto, si Obama quiere enviar fuerzas terrestres, debe tener el permiso del Congreso.
Joe Heck, representante republicano por Nevada y miembro del comité de inteligencia, ha puesto sobre el tapete una enmienda que prohíbe el uso de fondos gubernamentales para continuar la operación en Libia, incluso si ello implica la retirada del teatro bélico. También lucha denodadamente por el corte del financiamiento el representante demócrata por Ohio Dennis Kucinich, junto a otros diez legisladores dispuestos a litigar contra el presidente Obama por no haber pedido la aprobación congresional.
Respecto a la decisión del señor de la Casa Blanca, algunos como el mismísimo John Boehner, speaker de la Cámara de Representantes y por demás republicano, ha dicho que no hizo lo suficiente por explicar el tamaño, la amplitud y la necesidad de la misión estadounidense en Libia, y señalan analistas que el Presidente no convenció a muchos en el Capitolio cuando apuntó que no necesitaba de aprobación para las operaciones que, a su entender, no estaban dentro de las «hostilidades» contempladas en la Ley de Poderes de Guerra que quieren aplicar los congresistas.
Por supuesto, ese campo de batalla en EE.UU. tiene también defensores del otro lado. El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, todo un halcón en la política estadounidense, ha declarado a viva voz que el Congreso no debe interferir con las operaciones de EE.UU. en Libia: «El Congreso debiera callarse y no empoderar a Gaddafi», dijo en el programa Meet the Press de la cadena televisiva NBC, donde abogó por el visto bueno a los fondos destinados a este conflicto.
Puntualicemos que EE.UU. provee planificación, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, municiones y bombas de la más alta tecnología —incluidas las bunker buster o demoledoras de bunkers—, además de drones o aviones sin piloto para lanzar misiles en la campaña contra Libia, sin necesidad por el momento de enviar tropas de tierra a cumplir «la misión». Solo que esa guerra «preventiva» —que técnica y semánticamente no es guerra para EE.UU.— se inició con los golpes aéreos en marzo y ya casi entran en medio año de hostilidades sin lograr el objetivo, pero gastando no poco dinero con facturas multimillonarias, cuando la Administración pensó y creyó que todo sería de muy corta duración.
Otro que advierte al Congreso no cortar los fondos de guerra es el todavía secretario de Defensa —pero a punto de partir del cargo—, Robert Gates, quien en declaraciones a CNN aseguró que «siempre es un error» cortar fondos a una guerra en curso, más cuando, en su entender, «terminará ok» si la dejan continuar; por tanto no debiera utilizar la Ley de Poderes de Guerra que exige su aprobación para cualquier conflicto bélico, dice, y para argumentar se une a las filas de Obama y lo llama «hostilidades».
En esta semana, la Cámara de Representantes discutirá el asunto, y nadie piense que pudiera concluir la guerra. Simplemente, lo del campo de batalla en Washington es un puro ejercicio de hipocresía democrática, una escaramuza para definir que hay más de un ala en el águila imperial.
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