Cuando se poda la ley

Contra quienes burlan las regulaciones ambientales usando distintos modus operandi, se impone actuar con la mayor severidad posible para proteger nuestra flora y fauna

Autor:

Yuniel Labacena Romero

Unos utilizan el transporte estatal para trasladar madera sin el permiso de la Empresa Forestal Integral; otros se aprovechan de quienes en los acopiaderos dejan grandes cantidades de esta a la intemperie, y hay quienes, por su libre albedrío, van al bosque con sus motosierras y cortan cuanto tronco necesitan para su trabajo o para «socorrer» a otros mediante la bolsa negra.

Las evidencias no cesan. Junto con el maltrato a nuestra flora, los depredadores también buscan disímiles vías para adueñarse de especies valiosas de la fauna. En el caso de algunas aves, colocan un pegamento en las ramas para que se queden adosadas a ellas y capturarlas con facilidad. Igualmente, destruyen los nidos de cotorras y cateyes, e incluso, hay quienes comercializan pájaros e introducen en jaulas pequeñas una gran cantidad, sin importarles que se mezclen varias especies.

En un reciente recorrido de este diario con fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) por Pinar del Río, se corroboró que la caza y la pesca furtivas, los incendios forestales, la introducción de especies exóticas invasoras y la tala de bosques para la obtención de madera son las principales afectaciones a la flora y la fauna de ese territorio. A ello se adiciona el proceder de algunos trabajadores por cuenta propia que incumplen la legislación vigente.

La «protección» del bosque

Tras un recorrido por La Guabina —un paraíso a diez kilómetros de la capital pinareña, que conserva sus encantos naturales gracias a la labor de guardabosques, campesinos e investigadores, y que abriga a medio centenar de variedades de pájaros, árboles como la Guayabita del Pinar, la palma barrigona y otros encantos— comprobamos cómo numerosos ciudadanos intentan apoderarse de esos recursos.

Según Marcos Crespo Acebal, jefe del Cuerpo de Guardabosques (CGB) en Pinar del Río, la más occidental de las provincias depende en gran medida de su actividad forestal, al poseer un índice de boscosidad por encima del 44 por ciento, con numerosas poblaciones de pinos, frutales y maderas preciosas. Sin embargo, existe una franca violación de las leyes que preservan ese patrimonio.

Explica que muchas de las infracciones que han detectado en los últimos meses, en el caso de la flora, están relacionadas con el trasiego de la madera, para lo que emplean motosierras y animales de tracción, así como la falta de protección en algunos lugares que se dedican al resguardo de esa riqueza. En tal sentido, expresa, en los controles del CGB en la provincia se han ocupado muebles, clósets, puertas y otros objetos. También maderas en bolo, rollizas y bolillos.

«Mediante un monitoreo constante, se realizan patrullajes en diversas áreas y hasta chequeos en las carpinterías, donde se han comprobado las vulnerabilidades mencionadas», apunta Crespo Acebal. Añade que en el caso de la fauna, la caza y la pesca furtiva, también hay un impacto negativo por la acción de los depredadores, esencialmente en aquellas especies vinculadas a su comercialización para el consumo.

Nuestras fuerzas, junto con el Servicio Estatal Forestal, son las que protegen todos los recursos naturales del país, y su objeto de trabajo se amplía para defender el medio ambiente, señala. Jurídicamente este patrimonio natural no está suficientemente protegido en nuestras legislaciones y se debe ser más rigurosos con los infractores, expone.

«El recurso natural más desamparado es la fauna. No obstante, al resguardo del Decreto-Ley 268 De la Ley Forestal, se puede multar al infractor. Lo que sucede es que la cuantía es baja, teniendo en cuenta que esas personas obtienen significativos beneficios con la venta de las aves u otras especies», asevera.

A juicio de José Luis Cabrera Marrero y Reinaldo Lazo Rodríguez, especialistas también del CGB en Vueltabajo, ello explica por qué en no pocas ocasiones se encuentra a la misma persona incurriendo en igual violación. Y no solo se constata en hechos contra las aves, sino también en la caza de jutías, cocodrilos y venados, entre otros animales, para el consumo y venta de su carne, así como en la entrada indiscriminada al bosque de personas inescrupulosas para hacer uso de sus recursos sin justificación.

Refieren que en el caso de algunos portadores de licencias de trabajo no estatal, como artesano, leñador, carpintero, aserrador, vendedores de artículos religiosos…, al carecer de un mercado que les ofrezca la posibilidad de obtener sus materias primas, optan por cometer ilegalidades y provocan, con ello, daños muy serios a la naturaleza.

El Jefe del CGB en Pinar del Río señala que muchos de los cuentapropistas echan mano de los recursos naturales para la elaboración de sus artículos de venta, la comercialización directa o la exportación, lo que aumenta el daño al que se somete ya a la diversidad biológica del país, «y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestras estrategias».

«Hemos reforzado el trabajo y la labor de divulgación con ellos, para que no incurran en ilegalidades, y de conjunto con los inspectores de cada uno de los municipios, adscritos a los consejos de la Administración, realizamos conferencias, encuentros y otras acciones, sobre todo con esos trabajadores que, por desconocimiento o no, incurren en delitos», puntualiza.

Mar adentro

No tenía idea de lo que era ser guardafronteras, pero rápidamente me di cuenta de su importancia. Combatir las drogas, la caza injustificada de especies marinas, de elevado valor económico para el país, y todas las ilegalidades en este entorno, ha sido una oportunidad que me dio la Revolución para serle útil en el cumplimiento del Servicio Militar Activo, afirmó el soldado Yosvani Del Llano Cáceres, quien integra el Destacamento de Tropas Guardafronteras, ubicado en La Coloma.

Este joven de 20 años afirma que cada día se incrementan las actividades ilícitas de recolección, tenencia, transporte y comercio de especies marinas como la langosta, lo cual jóvenes como él deben enfrentar en ese sitio. «Es un trabajo complicado, pues realizamos revisiones diarias de la costa y por disímiles vías detectamos las artes de pesca colocadas y otras veces a las personas cuando van a cometer sus fechorías».

La primera vez que enfrentó una infracción en alta mar, relata, fue precisamente un cargamento de langostas que trasportaban unos ciudadanos en una embarcación, sin los documentos establecidos. «Muchas personas no comprenden todavía que la pesca ilegal también causa estragos a nuestra economía y un daño enorme al ecosistema marino», asevera.

No se trata solo de esa especie. Según especialistas de las Tropas Guardafronteras —órgano del Minint encargado, entre otras misiones, de salvaguardar la biodiversidad marina y enfrentar las ilegalidades que, con fines comerciales, se ejecuten en nuestras aguas y territorios—, también están en peligro otras como tortugas, cocodrilos, camarones y varios tipos de peces que son fuente de alimentación para los seres humanos.

El capitán Félix Milián Soto, segundo jefe del Destacamento de Tropas Guardafronteras en La Coloma, una de las zonas donde se constata mayor incidencia de las ilegalidades en Vueltabajo, manifiesta que a pesar del decomiso de numerosos medios y de la imposición de multas a los infractores, la caza y la pesca furtivas continúan siendo un problema.

«La pesca o captura debe regirse por leyes, regulaciones y métodos establecidos, considerando las afectaciones que pueden causar a la economía del país y al medio marino, y la acción indiscriminada del hombre no puede acelerar la extinción o desaparición de nuestras especies», afirma Milián Soto. Agrega que los pescadores furtivos confeccionan sus artes de pesca masivas y que el fin de su actividad no es el consumo familiar, en muchos casos, sino el mercadeo a precios elevados de estos productos en el mercado informal.

«En relación con estas acciones, mediante el Decreto-Ley 164 De la Pesca, que regula lo relacionado con la actividad pesquera, y el Decreto-Ley 194, referido a las infracciones sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional, nosotros actuamos, porque nos ampara la legalidad; pero las personas deben tomar conciencia sobre las implicaciones de sus actos», sostiene.

El sistemático enfrentamiento a las ilegalidades por las Tropas Guardafronteras en coordinación con otras entidades e instituciones del país, también incluye localizar cada recalo de droga en la costa, el enfrentamiento de la actividad del narcotráfico internacional y acometer la labor preventiva con charlas en las comunidades. En esas acciones, los centinelas pinareños y sus colaboradores permanecen en plena disposición combativa.

Como apuntaron los entrevistados a Juventud Rebelde, proteger los recursos naturales implica combatir con la mayor severidad posible —incluyendo acciones penales— la práctica de la caza furtiva y la captura y comercialización ilícita de especies, en particular de aquellas que son objeto de especial significación en los convenios internacionales que Cuba ha firmado, relacionados con la protección del medio ambiente.

Igualmente, se necesita preservar los recursos forestales, porque no solo suministran madera sino que representan alimentos y el hábitat necesarios para importantes especies, fundamentalmente aves cubanas y foráneas. Nada justifica el daño ecológico que las acciones mencionadas causan a nuestros recursos naturales. La toma de conciencia y el apoyo de la población son vitales para evitar la depredación de nuestra flora y fauna.

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