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Serapio Guerra Morales, director de la Caja de Resarcientos. Autor: Susana Gómes Bugallo Publicado: 21/09/2017 | 07:03 pm
Entre el año 2016 y lo que va de 2017 la Caja de Resarcimientos del Ministerio de Justicia ha pagado 37 millones de pesos a las víctimas que esperaban hace tiempo porque sus deudores cumplieran con la responsabilidad civil derivada del delito.
Si comparamos esta cifra con los dos millones que se retribuyeron en 2008, o con los siete que fue posible entregar en 2014, se ilustra con claridad que se está trabajando desde esa institución y con el apoyo de todo el ámbito jurídico y las autoridades responsabilizadas con solucionar un problema que aqueja a la población desde que en 2007 quedara establecido, como mecanismo de funcionamiento de la Caja, el pago al acreedor solo a partir de lo que abona su deudor. Anteriormente, la institución recibía todo el dinero desde el presupuesto del Estado, en tanto cumplieran los deudores.
Pero este sistema de pago hubiese tenido menos dificultades si existieranlos resortes legales para obligar a los comisores a cumplir con su responsabilidad civil. Pero no es el caso. No por gusto la Caja de Resarcimientos fue, por mucho tiempo, la institución del Ministerio de Justicia que más quejas recibía.
De acuerdo con el Código Penal cubano, la Caja de Resarcimientos «es la entidad encargada de hacer efectiva las responsabilidades civiles consistentes en la reparación de los daños materiales y la indemnización de los perjuicios».
Y llegó el 2015…
Luego de un período de inejecución de la institución, reconocido por su director, Serapio Guerra Morales, en abril de 2015 comenzó una operación guiada por las direcciones municipales de Justicia y la Policía Nacional Revolucionaria, con el liderazgo de los trabajadores de la Caja.
El propósito era que las autoridades jurídicas y del orden interior presionaran a los deudores morosos, y —aunque es importante recordar que se llega a esto porque no existen los recursos normativos para solucionarlo— la operación ha dado sus resultados.
No será la solución definitiva, como apuntó Guerra Morales al principio, pero ha contribuido a recaudar elevadas cifras y a conseguir que la Caja avance con el pago de las víctimas (hayan pagado o no sus deudores) hasta el año 2009, además de que se ambiciona poder cumplir con quienes esperan por su dinero desde antes de 2012, comentó el directivo en conferencia de prensa reciente.
Los privilegiados hasta ahora, aclaró, son aquellos cuyo deudor ha liquidado total o parcialmente su deuda, junto a los que esperan por cifras menores a 2 500 pesos, quienes, confirmó Guerra Morales, son la mayoría.
Todo eso ha sido posible porque se han cobrado deudas de personas que ya habían sido pagadas por la Caja, antes de entrar en su actual modelo de funcionamiento, y ese dinero ha quedado como fondo que permite operar con quienes aguardaban por su pago, ilustró el director. A esta cantidad se suma el 20 por ciento que se le descuenta a la víctima del pago que recibe, un principio legislado que no pocas personas se cuestionan.
De temporal a permanente
Depende entonces de cuánto se logre obtener con lo que comenzó siendo una acción de gestión de carácter temporal y que ya se pretende adoptar como sistema de trabajo permanente entre estas entidades. Hasta ahora, ha dado como resultado que, de 2015 a la fecha (aunque se ha pagado la cifra inicial que enunciamos, porque se depende de la presentación de las víctimas y de cumplir con los trámites formales) se han recaudado 47,4 millones de pesos, en comparación con los 23,6 que se recogieron en el período de 2011 a 2014.
Los Grupos de Ejecución de la Responsabilidad Civil —que comprenden a representantes del Ministerio de Justicia, Tribunal Supremo Popular, la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior y la participación ocasional de la Fiscalía General de la República— se reúnen para perfeccionar el sistema de trabajo y analizar las situaciones territoriales.
En el caso de la población penitenciaria, también se han cobrado importantes cuantías, aunque limitadas por el hecho de que actualmente solo la mitad de estas personas pueden trabajar, pues dependen de la disponibilidad de empleo, y de la gravedad de su delito, que condiciona el espacio en el que puedan laborar con seguridad. Los territorios se esfuerzan por crear otras opciones de trabajo para ellas.
Guerra Morales comentó que, aunque no está definido aún, para agilizar y hacer más eficiente el proceso de cobro y pago, se prevé que este ocurra a través de las sucursales bancarias, que tienen instancias municipales y no provinciales como la Caja, además de que se optimizarían las gestiones, pues a veces (aunque se difunde por todas las vías quiénes deben presentarse en la Caja) los acreedores no aparecen y la institución tramita en vano.
Resulta necesario, compartió, actualizar el sistema informático con el que funcionan, con tal de que pueda ser más eficaz el uso de esta información y de que se controle desde cualquier espacio si una persona es deudora. Junto a Desoft, la institución se afana en ese empeño.
Actualmente, solo es posible instar al pago en el caso de salida del país y, aun así, se han marchado personas del territorio nacional sin saldar sus deudas.
Serapio Guerra destacó el rol de los jueces de ejecución, quienes velan porque el sancionado en libertad condicional no deje de asistir a la Caja a saldar su deuda. Esto es algo que está funcionando muy bien, avaló.
Para apoyar las acciones de gestión de cobro, una resolución ha cambiado el proceso inicial de negociación del pago de la deuda, pues antes el mínimo establecido era de 50 pesos mensuales, y ahora se acordó que inicialmente se cumpla con el diez por ciento de la cuantía, y hasta un mínimo de 500 pesos, aunque esto puede valorarse en el caso específico de un deudor que no tenga esa posibilidad.
Entre otras ideas para solucionar este problema jurídico y humano, se pretende solicitar el apoyo del Ministerio de Trabajo, para crear mecanismos que permitan a las autoridades conocer la solvencia de los deudores, a fin de poder exigir el pago.
Serapio Guerra abundó que son discutidos los casos de aquellas víctimas que se presentan con algún problema grave de salud o una situación complicada, con el fin de pagarles su deuda o una parte de esta, aun cuando el deudor no haya abonado su dinero. Igualmente, en el caso de aquellos a los que se les deben pensiones (si fallece o queda imposibilitada totalmente la víctima de la que dependía un menor o un anciano) la Caja asume el pago, en tanto el sancionado se presente.
En espera de nuevas normas
Aunque hoy se han tomado otras cartas en el asunto, y se trabaja en la solución de este problema aún no se cuenta con una norma que lo regule con éxito (la Ley Decreto de la Caja data de 1954), y todas estas operaciones implican un desgaste humano y de recursos.
El nuevo cuerpo legal deberá establecer mecanismos de pago más eficientes, además regular la ejecución de las sanciones, para que el comisor de un delito no deje de cumplir su responsabilidad civil ni permanezcan víctimas por ser resarcidas.
En períodos anteriores, la Asamblea Nacional del Poder Popular ha comentado sobre el trabajo que se realiza en las instituciones jurídicas por llegar a los anteproyectos del Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal y otras normas de esta área.
Mientras, la decisión adoptada de «ir resolviendo» se ha cuestionado por varios deudores que, ante el llamado de las autoridades, se presentan y alegan que no pagarán porque no existen recursos legales para presionarlos, reconoció el directivo. Y entonces no hay más que hacer, hasta tanto lleguen las normas que lo hagan cumplir.
¿El año de la Caja?, se cuestionaba el título de un trabajo publicado en Juventud Rebelde el 5 de octubre de 2014, especulando si se aprobarían las medidas jurídicas que solucionarían la añeja situación. Un trienio después la Caja —aunque haya más víctimas resarcidas gracias a las temporales acciones de cobro— sigue «sin cuadrar».
