La contingencia no implica anular el control

El control tiene que corresponderse y favorecer los procesos de recuperación con el ritmo que llevan. Bajo esa premisa la Contraloría General de la República acompaña a los consejos de defensa de los territorios durante la recuperación tras el paso de Irma

Autor:

Marianela Martín González

Desde hace años, cuando eventos meteorológicos como Ike y Gustav azotaron partes del territorio nacional, la Contraloría General de la República tomó la decisión de que los auditores, luego de un entrenamiento, participaran en la fase de recuperación, con el objetivo de acompañar a los consejos de defensa de los territorios en la toma de las medidas preventivas de control en el momento en que comienza la distribución de los materiales y los donativos.

Gladys Bejerano Portela, contralora general de la República y vicepresidenta del Consejo de Estado, explicó a JR que para desarrollar su labor en esas circunstancias, los auditores trabajan rigiéndose por un programa que se construye a partir de la experiencia y las disposiciones que emite en cada momento el Gobierno Revolucionario. El mismo contiene claramente cada parámetro que se debe controlar. Por tanto, ese programa está a la mano del auditor, que también se lo facilita a todas las administraciones que intervienen en el proceso inherente a la distribución de los materiales, para que se ejecute eficientemente el autocontrol.

Bejerano Portela aseguró que esa experiencia, aplicada ahora tras el azote del huracán Irma al territorio nacional, permite ayudar en momentos en que la organización es tan importante para garantizar el uso racional y transparente de los recursos. Tan así es, que cuando Sandy azotó a Santiago de Cuba coincidió con la comprobación al control interno, y entonces se decidió que allí los auditores se dedicaran a las tareas de la recuperación, lo que constituyó un importante estímulo y fortaleció el compromiso revolucionario de quienes como misión tienen la de preservar el patrimonio público y como máxima aspiración cumplir con su deber de servidores del pueblo.

Recordó que en esa ocasión las planchas de zinc para los techos se calculaban sobre la base de la medida que estábamos acostumbrados a tener en el país; pero cuando llegaron los donativos de Venezuela, las planchas eran más grandes. Y como el auditor tiene entre sus métodos verificar, contar y medir, se dieron cuenta de que se entregaban más que las requeridas. Antes de ser advertidos los responsables de la distribución, aquella situación fue propicia para que algunas personas tomaran el excedente para venderlo, hacer cochiqueras y otras acciones constructivas ajenas a las urgencias del momento.

«Básicamente el control que hacemos es preventivo. Estamos convencidos de que cuando se controlan los procesos oportunamente, de manera integral, en su propia ejecución y no después, no surgen desvíos. Por eso tenemos todos esos programas cada vez que hay un evento como los ciclones; y cuando se decreta la recuperación y se dan las orientaciones del Gobierno Revolucionario comenzamos a incorporar a los auditores nuestros, junto con los del sistema nacional de auditoría, porque nosotros no tenemos la cantidad suficiente para todo».

Según reconoció la funcionaria, la Contraloría en la capital se ha incorporado al gran esfuerzo que realizan el Partido y el Gobierno, brindando su modesta contribución para que el proceso recuperativo sea ordenado. En una fase inicial se dedicaron al estudio de las normativas establecidas para el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Gobierno Revolucionario, y así auditores designados han actuado como veedores para apreciar en la práctica los flujos establecidos y la organización adoptada a la hora de la distribución de materiales, lo que les ha permitido actualizar el programa que debe guiar las acciones de control en todo el país, no solo para los auditores, sino también para las administraciones que participan en estas actividades.

Aseguró que en la medida en que se incrementen los lugares para la venta en todo el país, y avancen los importantes procesos que deben antecederlos, como la determinación, el examen y la certificación de a quién hay que hacerle la entrega, se irán incorporando los auditores, quienes mediante muestras harán comprobaciones y prepararán a los auditores del resto del sistema.

«El objetivo principal de nuestra presencia es preventiva: en primer lugar, identificar los riesgos, porque no podemos darnos el lujo de perder los recursos; hay que aprovecharlos óptimamente; y en segundo lugar para que cualquier desvío no genere un estado de opinión desfavorable, lo cual sería una injusticia ante el enorme esfuerzo que realiza la Revolución porque se cumpla ese principio solidario y humano, que para nosotros es ley, “nadie quedará desamparado, ni abandonado”», sostuvo Gladys Bejerano.

La anterior opinión la comparte Mirian Marbán González, contralora jefa de La Habana, quien reconoció el esfuerzo que están haciendo el Partido y el Gobierno en el territorio en medio de la etapa recuperativa tras los efectos devastadores del huracán Irma.

«El control que hacemos —como se ha dicho— es eminentemente preventivo; en la capital hemos comenzado con acciones de observación, con el objetivo de hacer recomendaciones para mejorar la práctica de la identificación, certificación de daños y la venta de materiales de la construcción en este primer momento en que se han comenzado a distribuir en el municipio de Plaza de la Revolución, aunque ya en los últimos días también se han incorporado a otros municipios.

«Esa acción nos ha permitido identificar riegos y hacer recomendaciones, que no solo irán dirigidas a las autoridades del municipio de Plaza de la Revolución, sino al Consejo de Defensa Provincial, pues son válidas para todos los territorios. También nos da la posibilidad de intercambiar criterios sobre esta experiencia con directivos de las entidades que intervienen en todo el proceso (direcciones de Vivienda, Trabajo, Comercio, Planificación Física, el Banco…), incluyendo a los presidentes del Poder Popular de los municipios, que son también los vicepresidentes de los consejos de defensa, pues todos los territorios sufrieron de alguna manera afectaciones y en algunos todavía permanecen activados esos órganos».

Marbán González aseveró que han identificado riesgos que precisan perfeccionar el modo de ejecutar en la práctica el procedimiento establecido por el Consejo de la Administración Provincial (CAP), en lo referido al control, pues para la venta de materiales, a partir de las disposiciones que emitió la Dirección de Finanzas en la provincia, el CAP elaboró una estrategia que explica cómo hacerlo; pero, como todo lo emergente, es susceptible de correcciones y adecuaciones, en atención a las particularidades de los territorios.

«Por ejemplo, en el municipio de Plaza de la Revolución la venta de los materiales de construcción no se está haciendo en la tienda dedicada de manera ordinaria a ese fin, porque habilitaron dos puntos de venta en las zonas más afectadas: uno en el centro recreativo El Castillito y el otro en el centro deportivo José Martí. Estos atienden a los consejos populares donde están enclavados.

«Estos puntos de venta no son instalaciones acondicionadas para esos fines. Ha habido que adoptar medidas para el aseguramiento de la integridad de los materiales de construcción, porque allí no hay almacenes. Y aunque no existen todas las condiciones, se cumple el importante objetivo de acercarlos a la población que ha sufrido mayores daños.

«En los días que llevamos en este trabajo también percibimos que en algunos casos los materiales trasladados no traen los documentos requeridos para esa operación, y cuando estos se recepcionan, no hay un papel que diga cuánto llegó al punto de venta, ni cuánto salió de la tienda. Hay que ponerle a la recuperación el ritmo que lleva, pero con el control que lleva. La contingencia no implica anular el control.

«Hemos recomendado garantizar el control del traslado de los materiales hasta los puntos de venta. Si se utiliza la modalidad de transferirlos desde la tienda de materiales del municipio hasta el punto de venta, lleva una forma de control y documentación. En cambio, si se utiliza el tiro directo desde el proveedor hasta el punto de venta, debe hacerse de otra manera».

—¿Ustedes también comprueban que los materiales que están llegando a los puntos de venta se correspondan con las necesidades de los pobladores del área, así como que se respeten los niveles de prioridad establecidos por los consejos de defensa?

—Las prioridades las establece el Consejo de Defensa. Nosotros, a través del control, verificamos que se cumplan las determinaciones.

Con el ojo en la concreta

Del funcionamiento de la comisión en la certificación y evaluación de los daños y la determinación de las necesidades de los damnificados nos dieron sus testimonios Daisy Yanes Jiménez y Yanepsis Danzie Díaz, ambas auditoras de la Contraloría en La Habana. La primera, en calidad de supervisora y la segunda, como jefa de grupo.

En el punto de venta de El Castillito, donde se expenden los materiales a los damnificados de los consejos populares Carmelo y Vedado-Malecón, Daisy aseguró que allí, además de la presencia de la Contraloría, hay un funcionario de la Vivienda y están presentes trabajadores sociales, las presidentas de los consejos populares y la administradora de la tienda de materiales, junto con otros trabajadores del lugar, así como representantes del Partido.

Precisó que en el punto de venta cuentan con los procedimientos y la Resolución 645/17, emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, así como otras disposiciones. No obstante, advirtió que existían dudas a la hora de aplicar las orientaciones del Consejo de Defensa en ese punto de venta, pero que las mismas fueron aclaradas, sobre todo las inherentes al certifico de damnificados y la ficha técnica; esta última debe estar firmada por el técnico y el director de Vivienda de cada municipio.

Yanepsis Danzie Díaz refirió que de su experiencia como veedora en el municipio de Plaza de la Revolución, específicamente en el consejo popular Rampa, emanaron algunas precisiones que, de cumplirse, facilitarán la venta de materiales en la tienda que se creó allí, la cual tampoco cuenta con toda la seguridad para preservar y proteger los productos.

Explicó que el papel de los trabajadores sociales en la comisión es importante, para fundamentar el tratamiento financiero que han de recibir los damnificados a la hora de pagar sus materiales.

«Se deben tener en cuenta las condiciones económicas en que viven para afrontar el pago de los recursos, aunque estos ya vienen con un descuento del 50 por ciento en sus precios Lo que se quiere es que los damnificados puedan recuperar sus viviendas en el menor tiempo posible y con el debido tratamiento y respeto que requieren.

«Esos puntos de venta, levantados con los rigores de la urgencia y con las vulnerabilidades que hemos señalado, concentran a todos los factores que intervienen en el proceso de entrega de materiales, para que la población no tenga dispersas a las autoridades que darán respuesta a sus problemas. Incluso se está garantizando el transporte para que se pongan los materiales en la puerta de la casa de cada uno».

En equipo se minimiza el error

A modo de conclusión, la Contralora jefa de La Habana puntualizó que la comisión creada debe actuar en equipo y no que el damnificado sea visitado en un momento por Vivienda y en otro por la Dirección de Trabajo, Planificación Física…

«Eso permitirá una visión integral del asunto en cada caso, así como poder conversar no solo con el damnificado, sino con otros entes de la comunidad, al tiempo que de ese modo se evita que entre dos personas se pongan de acuerdo para alguna ilegalidad, se haga una evaluación incorrecta. No todo tiene que ser delito. No todo es que la gente quiere favorecer a otro a cambio de algún beneficio personal. También puede haber errores y cuando se actúa en equipo se minimiza el error.

«Nosotros, una vez que observamos e interactuamos con las personas involucradas, hasta cierto punto pudimos validar en el terreno las indicaciones que la Contralora emitió para el control de los materiales, e informamos al Consejo de Defensa Provincial y al CAP sobre lo observado.

«Las recomendaciones que hicimos para minimizar los riesgos, y que hay que incluir en lo adelante en el procedimiento, se las damos a conocer. Hay otras que no hay que poner en ningún procedimiento porque deben hacerse habitualmente, como es el caso del conduce que se debe utilizar en el traslado de la mercancía desde la tienda al punto de venta. Eso no hay que escribirlo en ninguna parte porque está establecido en el sistema de control.

«Además, pusimos a disposición de las administraciones las indicaciones que emitió la Contraloría. Se las dimos para que les sirva para el autocontrol. Una vez que hemos generalizado la experiencia que parte del tiempo de observación y les hemos dado un espacio para que puedan implementar las sugerencias, ya empezamos las acciones de control, a las que se sumarán otros especialistas del sistema de auditoría, incluyendo los del CAP.

 «La fuerza de auditores es limitada y por eso hemos apostado por el autocontrol que debe hacer cada administración, como parte de su control interno. Esa es la base y la clave para que esta tarea tenga éxito. Los economistas y el pueblo pueden ayudar mucho también para que este proceso se haga con la seriedad y el humanismo que el momento requiere.

«Nosotros no somos el eslabón más importante en este contexto. El esfuerzo que están haciendo el país, el Partido y el Gobierno en el territorio son los mayores protagonistas», acotó.

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