Acuse de recibo
Francisco Jiménez Pedroso (O’Reilly 521, entre Bernaza y Villegas, La Habana Vieja) utiliza la vía de la tarjeta de Telebanca para solventar los pagos de la factura eléctrica de su hogar. Y desde el pasado mes de agosto viene confrontando problemas con la oficina comercial de la Empresa Eléctrica en ese municipio, en reiteradas ocasiones con amenazas del corte del servicio ya pagado por Telebanca, algo que conoce su lector cobrador.
El pasado 9 de noviembre Francisco se dirigió a la mencionada oficina, con el número de traza del pago correspondiente al mes de octubre, para demostrar que no tenía deudas. Ya era hora cercana al cierre, y la empleada del ventanillo le orientó volver al otro día con el comprobante del cajero automático.
Como ya no podía ausentarse de nuevo del trabajo, un familiar le hizo la gestión, y fue atendido por la económica de esa entidad: faltaba también por demostrar el pago del servicio del mes de agosto, y se le explicó que el cajero automático solo da las últimas diez operaciones, por lo cual era imposible obtenerlo. Por su parte, un empleado dijo que si no volvía había que cortar la corriente.
Se llamó a Telebanca, y ellos dieron el número de traza y la fecha en que se pagó el recibo de agosto. Al siguiente día, proporcionando esos datos, y también los del pago de noviembre, les informaron que con el número de traza no tienen cómo comprobar el servicio ya pagado.
«No entiendo por qué tanta desorganización en esa oficina, señala. ¿No podrán tener un enlace con Telebanca, para comprobar los servicios pagados por sus clientes? Tuvimos que utilizar tres días de nuestra jornada laboral para demostrar que no teníamos deudas. ¿Qué pasaría si al llegar a mi casa me encontrara a mi mamá de 78 años a oscuras? ¿Quién responde por tanta negligencia?».
Y al final, si la OBE no puede comprobar el pago con el número de traza, no nos queda claro si el lector resolvió o no su dilema. Esperamos nos aclaren.
El 24 de abril del presente año reflejé aquí la denuncia de Juan Miguel Mayo, trabajador del municipio tunero de Jesús Menéndez, quien laboraba como operador de riego en una UBPC y dejó ese empleo porque le propusieron una plaza de agente de la Empresa de Seguridad y Protección del Consejo de la Administración Provincial (ESPCAP).
Como tal, Juan Miguel comenzó a laborar el 1ro. de abril en la Empresa de Transporte Escolar de Jesús Menéndez. Y ya el 14 del propio mes le informaron que no podía seguir ocupando esa plaza, porque era de alguien que había sido sancionado a ocupar temporalmente una de menor remuneración, y ya había cumplido la medida.
Juan Miguel, sencillamente, quedaba fuera. Y no entendía que lo hubieran engañado al confiar en un contrato de trabajo que firmó. Con razón se sintió engañado.
Al respecto, llegó a nuestra redacción con sumo retraso (10-11-2011) la respuesta de Andrés Félix Chang, director general de la Empresa de Seguridad y Protección del Consejo de la Administración Provincial de Las Tunas.
Refiere Chang que, de acuerdo con lo investigado, le asiste la razón a Juan Miguel. Y explica que la dirección de ESPCAP en el municipio de Puerto Padre —que atiende territorialmente al de Jesús Menéndez— «realizó un mal procedimiento, al cerrar un contrato a prueba (el de Juan Miguel) para ubicar en esa plaza a un jefe de objetivo demovido del cargo».
Informa que Juan Miguel fue reincorporado a su puesto de trabajo, y se le retribuyó el tiempo que permaneció fuera del mismo. «Y el sancionado —apunta— fue ubicado en la plaza de agente que dejara vacante la reserva preparada que fue promovida a jefe de objetivo».
Manifiesta el director general que al director de la ESPCAP en Puerto Padre se le aplicó una amonestación en el Consejo de Dirección.
El saldo es que se «sancionó» severamente a un trabajador con una injusta violación del Código del Trabajo de la República. Se le engañó y se jugó con su destino laboral. Y sin embargo, al responsable máximo de la entidad que comete tamaña injusticia, se le regaña en el coto cerrado del Consejo de Dirección. Desproporciones.
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