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Campesinos y gobierno paraguayos mantienen debate sobre la tierra

La situación se complicó en las últimas horas cuando los sin tierras rechazaron un censo realizado por funcionarios estatales

Autor:

Juventud Rebelde

Asunción, 28 de julio._ El ya histórico debate sobre la tenencia de la tierra en Paraguay se mantuvo con fuerza entre campesinos y el actual gobierno durante la semana que termina, destaca PL.

Los miles de labriegos que continúan viviendo en carpas junto a sus familias a la vera de importantes latifundios en zonas del país, no solo ratificaron sus demandas de parcelas de tierra a las entidades oficiales, sino que ocuparon un nuevo espacio en el este del territorio.

Los llamados carperos se instalaron también en unas 500 hectáreas de la hacienda JP, la cual tiene una extensión de tres mil 334 hectáreas, en las cercanías de Curuguaty, a apenas dos kilómetros de Campos Morombi, donde el pasado junio murieron 17 personas durante un intento de desalojo.

El título de propiedad de esta importante hacienda, según se informó a la prensa, se encuentra a nombre de una ciudadana brasileña y los campesinos ocupantes, del Movimiento Agrario Paraguayo, forman parte de los contingentes que alegan ilegalidad en la tenencia de tierras en la zona.

El nuevo caso se une a los problemas existentes por la concentración de miles de familias de los sin tierras acampados, tanto en la zona de Ñacunday como en la de la propia de Campos Morumbi.

En esta ultima ya es algo probado, incluso para las autoridades del Instituto de la Tierra, que miles de hectáreas pertenecientes al Estado fueron apropiadas, con complicidad de jueces y fiscales, por el exsenador del Partido Colorado Blas Riquelme.

Definitivamente ese era el viejo planteamiento de los labriegos acampados en las cercanías y una de las causas principales del enfrentamiento durante el cual perdieron la vida 11 campesinos y seis policías.

Mientras tanto, en Ñacunday, la situación se complicó en las últimas horas al rechazar los sin tierras un censo realizado por funcionarios estatales que, según ellos, arrojó la estancia en el lugar de apenas mil 200 personas.

Tal procedimiento fue impugnado por los carperos que aseguraron la existencia de casi cinco mil familias e irregularidad del censo, incompleto por falta de planillas y por la acción policial para impedir el reingreso al campamento de centenares de sus residentes .

Más allá de todo lo sucedido, los próximos días y semanas serán importantes para comprobar si el debate entre las dos partes arroja soluciones a tan delicada situación, derivada de la injusta distribución de la tierra existente en Paraguay.

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