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Argentina ha recibido solidaridad regional en su lucha. Autor: Reuters Publicado: 21/09/2017 | 05:55 pm
BUENOS AIRES, septiembre 11.— El Congreso argentino aprobó el jueves la Ley de Pago Soberano que permite cambiar de Nueva York a Buenos Aires, París o donde prefieran sus acreedores cobrar su deuda, a fin de evitar el bloqueo de fondos impuesto por el juez estadounidense Thomas Griesa para favorecer a los fondos buitre.
El juez dictaminó que Argentina debía abonar el ciento por ciento de los 1 330 millones de dólares reclamados por los fondos especulativos o buitre, recordó AFP, y declaró a Argentina en un falso «default» que le impide pagar a los acreedores que renegociaron sus bonos de deuda con Buenos Aires.
La Ley de Pago Soberano persigue, fundamentalmente, crear el marco financiero y jurídico para resguardar el pago de la deuda reestructurada del ataque de los fondos buitre, y para ello estipula remover al Banco de Nueva York como agente fiduciario y designar en su lugar al Banco Central de la República Argentina (BCRA), explicó PL.
La casa bancaria neoyorquina tiene hoy en sus arcas 539 millones de dólares que Buenos Aires depositó en junio pasado y que pertenecen a los tenedores de bonos reestructurados, dinero bloqueado por el juez Thomas Griesa actuando a favor de los fondos buitre.
Al establecer la jurisdicción en Buenos Aires, la legislación crea en el BCRA el órgano Nación Fideicomisos S.A., responsable en lo adelante del «Fondo de Pago Soberano de Deuda Reestructurada».
La medida está dirigida a incorporar a los bonistas que deseen cobrar bajo las mismas condiciones de los tenedores de bonos reestructurados, que representan el 92,4 por ciento, agrega la agencia noticiosa latinoamericana.
Para sustentar lo anterior, la normativa establece el «Fideicomiso de Pago Soberano de Deuda Pendiente de Canje», que será una cuenta en Nación Fideicomisos.
En ella se depositará en tiempo y forma «una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios de los actuales Títulos Públicos que en el futuro se emitan».
Otra opción facilita a los bonistas que lo deseen cambiar la Ley vigente de sus bonos por la ley argentina. Si un acreedor sospecha que sus bonos con legislación extranjera pueden ver perjudicados sus cobros por futuras sentencias judiciales, tienen garantizado el depósito por la justicia doméstica.
La legislación también estipula la creación de una comisión bicameral para examinar la historia y evolución del endeudamiento del país.
Un prolongado juicio que impulsó el juez Jorge Ballestero, quien dictó sentencia en 2000, definió que una parte considerable de los adeudos adjudicados al Estado es ilegitima y fraudulenta.
En la causa que inició en 1982 el luchador social Alejandro Olmos se evidenció que la deuda que hoy se ve obligado a pagar el Gobierno argentino es una «monumental estafa», acorde con la investigación del magistrado Ballestero.
Se demostró que los préstamos de los usureros terminaron en fuga de capitales, autopréstamos de las grandes empresas y corrupción generalizada mediante la compra de armamento, entre otras tropelías, principalmente desde la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y durante el neoliberalismo salvaje de los años de 1990, recordó PL.
Con esta ley en mano y la resolución recién aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General de la ONU para delinear un marco internacional que proteja a los procesos de reestructuración de la deuda, la presidenta Cristina Fernández se presentará ante ese órgano el próximo 24 de septiembre y asistirá a la Cumbre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
