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PARÍS, mayo 10.— El partido conservador Los Republicanos y el centrista Unión de Demócratas e Independientes (UDI) presentaron una moción de censura contra el Gobierno francés luego de que el primer ministro, Manuel Valls, anunció que evitará el voto de la Asamblea Nacional para establecer la ley de reforma laboral.
Un reporte del sitio digital alemán Deutsche Welle (DW) reseñó la respuesta de la oposición al Ejecutivo, luego de que este recurriera al artículo 49.3 de la Constitución para hacer aprobar la polémica reforma sin el voto de la Asamblea Nacional e ignorando las manifestaciones populares provocadas contra una de las reformas emblemáticas del presidente socialista François Hollande.
La moción opositora, que cuenta con escasas opciones de prosperar en virtud del reparto de fuerzas parlamentarias, se someterá a votación el próximo jueves. Si fuera aprobada, el Gobierno deberá renunciar a la legislación, y, de ser rechazada, el proyecto de ley defendido por la ministra de Trabajo, Myriam el Khomri, quedaría adoptado en primera lectura por la Asamblea Nacional y pasaría al Senado.
Según medios franceses, el texto en el que los inconformes justificaron su decisión subraya que si el Gobierno se ve obligado a recurrir a ese instrumento constitucional es por el «punto muerto» al que el Presidente ha conducido al país.
Tras semanas de protestas callejeras contra un proyecto de ley que pretende facilitar la contratación y los despidos, Valls señaló que se ha decantado por el artículo convencido de que esa reforma «es un buen texto para el país» que, por esa razón, debe adoptarse cuanto antes.
Aunque el Primer Ministro galo suavizó en marzo partes del proyecto de ley laboral, tras protestas estudiantiles, la propuesta mantiene algunas medidas que dan más flexibilidad a los empleadores para realizar acuerdos internos con empleados sobre horarios de trabajo y ofrecen a las empresas condiciones menos restrictivas para despidos que se determinen por razones económicas.
Se esperaba que miembros de la propia formación política de Gobierno desecharan la propuesta. Legisladores del Partido Socialista acusaron al Ejecutivo de hacer caso omiso al Parlamento. «Es una forma de utilizar la Constitución con mano dura para impedir que los representantes de la nación tengan su opinión», dijo a la prensa Laurent Baumel, un legislador socialista rebelde que calificó la decisión de «antidemocrática».
Es la segunda vez que Valls utiliza la cláusula 49.3, pues el año pasado eludió al Parlamento al emitir por decreto una ley de liberalización económica que flexibilizó las normas y regulaciones comerciales durante los domingos en los sectores de transporte y judicial, agregó DW.
