La NICA Act: más de lo mismo

Quienes no quieren los cambios son los recalcitrantes que insisten en imponer una América Latina a su imagen y semejanza

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Con cierta recurrencia algunos señalan hoy como pecado de la izquierda el ser «repetitiva» en los mensajes. Y de quienes difundimos sus convicciones, se espera que seamos menos «reiterativos». Pero habría que ver de dónde salen los esquemas hechos y la reproducción (a veces ni con ropaje nuevo) de las viejas políticas. ¿Cómo hallar definición nueva a lo que significa más de lo mismo?

En tiempos en que la derecha se apropia del vocablo «cambio» para expresar lo que realmente es un retroceso, esta mantiene sin embargo incólume su deseo hegemónico y controlador. No puede haber confusiones. Siguen siendo miméticos en los procederes, aunque a veces —que no siempre— pretendan refrescar el vocabulario. Ese es el centro de la cuestión: quienes tergiversan para agredir no son novedosos.

Viene esta reflexión a cuento cuando una examina los entretelones de la NICA Act, el proyecto de legislación aprobado el año pasado por la Cámara de Representantes de EE.UU., varado allí por el término del año fiscal 2016 sin que pasara al Senado, y que ha vuelto a ser introducido ahora en la agenda del Congreso, «enriquecido», según sus promotores.

Regresan entonces a la mente los históricos métodos en la política de la zanahoria para la dominación de América Latina: injerencia, chantaje, presión. No recoge el diccionario otras palabras, y estaremos obligados a escucharlas miles de veces cada vez que se repase la historia reciente de la región.

Aunque todavía deberá pasar por el Senado y luego por la firma del presidente Donald Trump —para quien, dependiendo del momento en que lo haga o no, esta proyectada ley podría representar su primera posición en firme para un país de Latinoamérica—, su reintroducción en la agenda política estadounidense pretende imponer y dirigir las decisiones internas de un país soberano. Y desde ya, presiona.

Con la Nicaragua Investment and Conditionality Act (NICA Act) se pretende que, con carácter de ley, el ejecutivo estadounidense esté obligado a negar su voto cada vez que el Gobierno de Nicaragua solicite créditos ante organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial, «salvo para necesidades humanas básicas o para promover la democracia».

De lo contrario, según reza el proyecto, nada menos que el Departamento de Estado norteamericano tendría que «certificar» que en Nicaragua se «toman medidas» para celebrar elecciones en las que tendrían que actuar como supervisores los que el texto identifica como «observadores electorales creíbles»; promueva lo que entienden los promotores de la ley como «democracia» y «un sistema judicial y un consejo electoral independientes»; fortaleciera, en opinión de los autores, el estado de derecho, y respetase, según su parecer, «la libertad de asociación y de expresión».

¡Si eso no es injerencia!

Un elemento a tener en cuenta por quienes siguen las incidencias del nuevo ejecutivo estadounidense y su proyección latinoamericana es el hecho de que el mandatario no se haya pronunciado aún al respecto, y que la presentación original del engendro, y su nueva introducción ahora ante el Congreso, corra por cuenta de dos legisladores de origen cubano caracterizados por sus posiciones reaccionarias.

Aunque 25 representantes (15 republicanos y diez demócratas) han dado su respaldo a la nueva versión, el empujón inicial y el de ahora los han dado Ileana Ros-Lehtinen, conocida por sus posiciones agresivas y llenas de odio contra Cuba y todo lo que huela a progreso en América Latina, acompañada del representante demócrata por Nueva Jersey, Albio Sires.

De las posiciones políticas e ideológicas de Sires, nacido hace 66 años en Bejucal, puede dar fe el hecho de que mientras intenta presionar a un ejecutivo con tanto logro social como el de Daniel Ortega, haya sido uno de los impulsores en la Cámara de Representantes de una reciente resolución de apoyo al Gobierno argentino de Mauricio Macri, en cuyo texto se ensalzan las reformas económicas que tanto desempleo han provocado en la nación conosureña. El documento, por demás, «urge» al Departamento de Estado a «coordinar una estrategia para cooperar con la Argentina en áreas de preocupación bilateral, regional y global».

De paso, esto puede darnos una idea de cómo las fuerzas derechistas de EE. UU. quisieran mover las fichas del tablero en la región.

Claro que no estamos ante una acción aislada contra Nicaragua, sino en el empeño por desgajar otro eslabón de la América Latina antimperialista y antineoliberal que ha empezado a forjarse en los últimos 20 años: una cruzada que tiene ahora su punto focal en Venezuela. El propio triunfo sandinista de noviembre pasado y la reciente victoria de Lenín Moreno y Alianza PAÍS en Ecuador dejaron a sus adalides el sabor amargo de la derrota.

De larga duración

Ya llevaba dos meses el proyecto de ley sobre el tablero del Congreso de Estados Unidos cuando tuvo lugar la contundente victoria que ratificó a Daniel en la presidencia en noviembre de 2016, un triunfo que las fuerzas oscuras del legislativo estadounidense, de alguna manera, cuestionan al revivir el texto.

Sin embargo, el 72,5 por ciento de los votos obtenidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo como candidatos del FSLN y la Alianza Unida Nicaragua Triunfa frente a otras cinco duplas, y la participación en los comicios del 68 por ciento de los votantes a pesar del llamado a la abstención del denominado Frente Amplio por la Democracia (que no participó del torneo), debían bastar para detener lo que no es otra cosa que una sucia maniobra.

Pero, según se desprende de las consideraciones de connotadas aunque controvertidas figuras de la política nicaragüense, como el  exembajador en Estados Unidos Arturo Cruz —antiguo sandinista ligado después a la Unión Nacional Opositora (UNO)—, los «efectos» de la NICA Act no se limitarían a cuestionar la ejecutoria electoral hasta hoy y de cara a los derechos humanos del Gobierno de Daniel, sino también a condicionar, amoldándolos a las necesidades de quienes quieren una vuelta de tuerca en Nicaragua, los comicios municipales previstos para noviembre de este año en ese país.

En una entrevista al sitio web Confidencial, Cruz dio a conocer incluso su opinión de que es posible que la aprobación definitiva de la ley se dilate hasta entonces.

La medida, empero, no es nueva en el entramado Nicaragua-Estados Unidos luego del regreso de Daniel Ortega y el FSLN a la presidencia en 2007, por la misma vía electoral que había sacado a los sandinistas del poder en febrero de 1990, a merced del desastre que ocasionó en el pueblo la agresión yanqui por medio de la contra, y que constituyó una guerra de desgaste para el sandinismo que le pasó injusta factura en las urnas.

Luego de las elecciones municipales ganadas por el Frente en 2008, Estados Unidos castigó el triunfo con la suspensión de la ayuda que le otorgaba mediante la llamada Cuenta Reto del Milenio, usando el contexto de no probadas acusaciones de fraude por parte de la oposición nicaragüense que volvieron a reiterarse en noviembre, y sirven también de asidero a las ahora proyectadas sanciones.

La NICA Act podría significar un verdadero bloqueo de créditos para un país que crece, en virtud de un modelo autóctono que ha creado, sobre la marcha, sus propios resortes.

A contrapelo

Amén de su abierto carácter intromisorio y del uso de gastados enfoques que la derecha utiliza siempre que se trata de cuestionar los desempeños independentistas, la NICA Act va a contrapelo del quehacer y los resultados del ejecutivo encabezado por Ortega.

El PIB promedió en este decenio un 3,8 por ciento, en tanto la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) estima que en este año crecerá un 4,7 por ciento, con lo que Nicaragua está muy lejos de ser hoy «el segundo país más pobre» de Latinoamérica, como aducen los congresistas sancionadores estadounidenses.

La deuda pública bajó de 85 por ciento en 2006 a 48 por ciento en 2015, y la pobreza se redujo del 42 por ciento al 29 por ciento, en tanto la pobreza extrema descendía del 14 por ciento al ocho por ciento, según datos del Instituto Nacional de Información al Desarrollo (Inide).

Poner en marcha la NICA Act significaría, de entrada, la posible pérdida de los 250 millones de dólares al año que aportan el BID y el Banco Mundial a Nicaragua.

Desde las amplias alianzas que ha propiciado su enfoque como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, pasando por un desempeño económico que fue reconocido por el FMI y se logró sin cargarlo a los hombros de la gente —que, por el contrario, ha mejorado su nivel de vida—, lo cierto es que el Gobierno nicaragüense debería recibir el aplauso, y no el castigo, de los legisladores de Estados Unidos que tanto bien dicen querer para las poblaciones latinoamericanas.

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