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CARACAS, julio 6.—La nueva fase del plan de la derecha agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para derrocar al Gobierno bolivariano busca activar un supuesto proceso de transición, durante el cual desconocerían los poderes públicos y crearían un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una Fiscalía General y un Consejo Nacional Electoral (CNE), como punta de lanza contra la Asamblea Constituyente y sin abandonar las llamadas acciones de calle.
Así lo indicaron algunos de los dirigentes opositores durante una actividad celebrada el domingo en el Teatro Chacao, de Caracas, coincidentemente con la promulgación por voceros de la MUD de sus intenciones de celebrar un plebiscito ilegítimo el 16 de julio, cuya invalidez fue recordada el miércoles por el presidente Nicolás Maduro.
El deseo de la MUD de crear ese «Estado» paralelo fue denunciado la víspera por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien alertó que en estos planes, además de Primero Justicia, participan miembros de las agrupaciones políticas derechistas como la MUD, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo y Vente Venezuela.
Según AVN buscan desconocer la facultad del Jefe de Estado para convocar a la Constituyente y, darle validez en el escenario internacional a los planes de remover a los poderes públicos. Ese mismo día 16 llegaría lo que la MUD llama «Hora Cero», y que identifica como «activación de una fase superior de lucha».
Entre los asistentes a la cita se encontraba Rafael González Arias, designado vicefiscal el pasado 17 de junio por la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz —acusada a su vez de graves faltas a su labor examinadas en antejuicio de mérito el martes—, razón por la cual dicho nombramiento es nulo. La Corte Suprema de Justicia nominó el lunes para la vicefiscalía a Katherine Haringthon.
Ortega desconoció el nombramiento de Haringthon cuando funcionarios de la entidad le prohibieron, este jueves, acceso a la sede del Ministerio Público, y adujo en Twitter que era una «pretensión arbitraria». A esa hora, la corresponsal de Telesur Madeleine García tuiteaba: «Denuncian que por orden de la fiscal Luisa Ortega no pueden salir del Ministerio Público “nos sentimos secuestrados, nadie entra, nadie sale”».
Haringthon, por su parte, dijo: «Aquí estoy, yo tengo una misión, una función, he sido juramentada para cumplirla (...) yo soy una funcionaria jubilada de la institución. Más de 23 años de servicio trabajando aquí, no soy una invitada», dijo, según Telesur.
Al impedir la entrada de la Vicefiscal, se suma un delito a la fiscal Luisa Ortega por obstrucción y abierto desacato a la decisión del TSJ, dijeron analistas.
