Trump, la pena de muerte y los opioides

En Estados Unidos mueren cada año miles de personas por sobredosis de drogas que se compran con recetas. Su Presidente ha dado una respuesta para enfrentar esta crisis, pero no se considera la mejor…

Autor:

Juana Carrasco Martín

En el Manchester Community College, en New Hampshire, el presidente Donald Trump dijo hace unos días que Estados Unidos debe «ponerse duro» con los opiáceos «y que dureza incluye la pena de muerte». Drástica medida —si es aceptada—, que por supuesto la dirigió a los traficantes, no a diezmar a la población estadounidense, lo cual sería el resultado si esta fuera aplicada a los consumidores.

El plan, además de la drástica pena de muerte, que dudosamente sea aprobada por la justicia estadounidense y ya ha recibido no pocas críticas, también compromete al mandatario a trabajar para encontrar 6 000 millones de fondos nuevos para combatir la crisis en 2018 y 2019, así como disminuir en un tercio la venta de los medicamentos. Y Trump aprovechó la circunstancia para promover su política xenófoba y contra los migrantes al afirmar que el 90 por ciento de la heroína que llegaba a Estados Unidos entraba «por su frontera sur», por lo que los demócratas debían estar de acuerdo con construir el muro que «mantendrían fuera a las malditas drogas».

El uso y, sobre todo, el abuso de ciertos medicamentos de prescripción facultativa para tratar el dolor crónico, los trastornos de déficit de atención o la ansiedad, que abarcan los depresores del sistema nervioso central (SNC) y los estimulantes, ha derivado en conductas adictivas y en Estados Unidos ha llegado al nivel de una crisis generalizada y de amplia extensión por su crecimiento exponencial, de ahí la declaración de emergencia hecha por el mandatario en octubre del año pasado, pero a la cual solo le anunció las medidas ahora.

Estos derivados opioides, ya sean los proporcionados por recetas médicas o por el tráfico ilegal, son consumidos por millones de personas, prácticamente de todos los grupos etarios y de cualquier segmento poblacional. En 2016, más de 11 millones de estadounidenses abusaban de los opioides recetados, cerca de un millón usaba heroína y 2 100 000 tenían un desorden de uso de opiáceos de prescripción. Sin embargo, solamente uno de cada diez estaba bajo tratamiento, lo que evidencia que esa sociedad está ante un grave problema de salud pública.

Las drogas que alivian el dolor o reducen la intensidad con que llega al cerebro, también afectan las áreas del cerebro que controlan las emociones. En la categoría se incluyen la morfina, se le suman la heroína y el fentanilo; ellas provocaron solo en 2016 unas 42 000 muertes por sobredosis, según el Centro de Control y Prevención, aunque otras fuentes citadas por los medios dan una cifra aún más alta para ese lapso: 64 000 fallecidos. De 2015 a 2016 el número de decesos por esta causa aumentó en un 28 por ciento.

En EE. UU., sin embargo, cuando en 2016 se cerró hasta cierto punto la dispensación médica generalizada de oxicodona y fentanilo —dos de los llamados painkillers de uso más común—,  los adictos volvieron sus «necesidades» hacia el mercado negro y aumentó, además del uso ilegal de los opioides, el de la metadona y la heroína.

Dos segmentos vulnerables

Un punto especial de la situación estriba en un grupo muy lamentable de consumidores. El 60 por ciento de los militares que combatieron o estuvieron emplazados en las guerras desatadas por EE. UU. en el Medio Oriente desde comienzos de este milenio, han regresado a su país con dolores crónicos y según datos disponibles, para 2005 cuando apenas habían pasado dos años de la guerra en Irak, ya diez millones de los uniformados habían tomado opioides prescriptos para aliviar sus padecimientos a largo plazo.

Como es de suponer, esa cifra ha ido en crecimiento, también los niveles de sobredosis, las muertes accidentales y el uso ilícito de los opioides, como revelaba un muy reciente artículo en HuffPost que analizaba la situación de estos «guerreros víctimas de la epidemia».

Entre 2001 y 2012, reconoce la Administración  de Veteranos, la prescripción de opiáceos se incrementó en 270 por ciento y un estudio encontró en 2011 que el 13 por ciento de los veteranos que toman esas sustancias ya tenían trastorno adictivo, lo que sumaba al menos 68 000 personas a la larga lista de estos «daños colaterales» del conflicto bélico. Otro dato era para disparar más las alertas: los pacientes del sistema de salud para los veteranos tenían dos veces más probabilidades de morir por sobredosis que el resto de los estadounidenses.

Por su parte, CNN ya había reportado en febrero que la crisis de los opioides estaba drenando la fuerza laboral de EE. UU.  Tras exponer algunos casos, el reportaje aseguraba que con casi seis millones de puestos de trabajo en el país y la tasa de desempleo en su mínima expresión en los últimos 17 años —pues apenas llega al 4,1 por ciento—, el porcentaje de personas que estaban trabajando o que buscaban trabajo todavía no alcanzaba la recuperación que tenía antes de la recesión, y el problema —al menos en parte— se debe al abuso de los analgésicos recetados porque los opioides han incapacitado a miles de personas en edad laboral. El análisis coincidía con el Consejo de Asesores Económicos del presidente Trump en su informe anual sobre el estado de la economía de la nación.

La intolerancia de no pocos empleadores y su rechazo a darle trabajo a quienes fueron adictos y tienen antecedentes penales por esa circunstancia, agregaba un factor al problema.

Por supuesto, se establece un círculo vicioso, pues la pérdida de trabajos en épocas de recesión llevan a no pocos a buscar refugio a sus estados depresivos en las drogas y luego estas le cobran con intereses al vetarlos en el mercado laboral, cuando su regreso al campo productivo sería parte esencial para la recuperación de quienes luchan contra la adicción, como señalan expertos en el tema.

Por supuesto, no son estos dos grupos de consumidores los únicos atrapados por las drogas. Este es apenas una porción del problema que agrava la crisis expuesta en Estados Unidos, la cual tiene dos canales de suministros: el tráfico ilegal y las empresas farmacéuticas, las que, por supuesto, no están en la mira de Trump cuando sugirió la pena de muerte, pero contra ellas se han impuesto cientos de demandas que están siendo litigadas en la actualidad en tribunales de ese país.

El papel de la industria farmacéutica

Entre los medicamentos de prescripción que pueden conducir al adverso efecto de la adicción están la morfina, el fentanilo, el tramadol, la codeína, el grupo de las benzodiacepinas y los estimulantes como las monoaminas.

En febrero pasado, la empresa con base en Connecticut, Purdue Pharma, fabricante del OxyContin, quizá el medicamento de uso más frecuente por sus efectos calmantes del dolor, anunció que dejaría de promover opiáceos a los doctores y reduciría su equipo de ventas a la mitad, una decisión obligada, porque la compañía ha recibido un aluvión de demandas relacionadas con la epidemia de opioides.

OxyContin es el medicamento de mayor venta de esa farmacéutica (representa el 80 por ciento de sus productos) que le generó 1 800 millones de dólares en 2017, aunque cinco años antes esa ganancia fue de 2 800 millones. Para justificar su negocio, Purdue Pharma arguye que la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA), la agencia gubernamental que aprueba el comercio de esos rubros, le dio el visto bueno a sus medicamentos que representan —aseguran— solo el dos por ciento de todas las recetas de opiáceos.

Otra farmacéutica involucrada es Johnson & Johnson, y cuando el 26 de octubre pasado el presidente Trump declaraba emergencia pública de salud por la epidemia, el Departamento de Justicia anunciaba el arresto de John Kappor, fundador de Insys Therapeutics, acusándolo de sobornar a médicos para que recetaran Subsys, un spray de fentanilo para pacientes con cáncer, a pacientes que no tienen cáncer.

Los analgésicos que se venden en las farmacias tienen fabricantes y distribuidores en esa gigantesca y bien establecida industria que lucra y engaña en cuanto a los efectos adictivos de sus bien publicitados medicamentos.

«Unos 150 estadounidenses van a morir hoy, solo hoy, mientras nos estamos reuniendo», declaró recientemente el juez federal del Distrito Norte de Ohio, Dan Polster, quien juzga —hasta el momento— 434 demandas presentadas contra las empresas productoras y distribuidoras de los potentes y adictivos calmantes. El magistrado agregó un punto esencial en el litigio: «En mi humilde opinión, todo el mundo tiene parte de la responsabilidad y nadie ha hecho lo suficiente para disminuirlo».

Para recuperarse de la epidemia de opiáceos, la nación debe cambiar la manera de mirar a estas drogas y reconocer su carácter adictivo, expuso el excomisionado de la FDA David Kessler. «En el dolor agudo, pueden ser vitales. Fuera de eso y fuera del dolor por cáncer, son mortales», dijo.

Ciudades, condados y organizaciones han interpuesto esos litigios que una comisión judicial decidió agruparlos en el tribunal de Ohio. El tamaño del problema, que también tiene en la mirilla la actuación de médicos y hasta a la agencia federal que aprueba los medicamentos, se expresa además en estas cifras no actualizadas aunque demostrativas: en 1992, se prescribieron 79 millones de recetas de opiáceos en EE. UU., en 2012 fueron 217 millones.

Además de los litigios, están en marcha investigaciones del Congreso que examinan cuestiones como que los mayoristas de las drogas vendieron más de 780 millones de pastillas de analgésicos en seis años a una sola farmacia en Kermit, Virginia Occidental, donde viven menos de 400 personas.

Organizaciones que trabajan en ayuda a los atrapados por las drogas, claman por financiación para educación pública y tratamiento a los adictos con profesionales de la salud. El asunto es bien grave, pues un reportaje de USA Today destacaba que más de 175 norteamericanos morirían ese día por sobredosis y estimaba que para 2020 la adicción reclamaría un millón de vidas de continuar la proliferación del consumo de las engañosas pastillas.

Por su parte, funcionarios de la FDA dijeron que quieren trabajar con «otras agencias gubernamentales, proveedores de atención médica, la industria de productos médicos, políticos, pacientes y sus familias» para atacar la crisis.

Se esperan años de enfrentamiento en las cortes, entre los políticos y en el debate público, mientras tanto, los que lucran siguen corroyendo y enfermando a una sociedad que debiera estar en estado de emergencia.

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