12 años, soy trabajador, no criminal, yo pago impuestos. Foto: AFP Las dudas e insatisfacciones han podido más que el deseo de concluir la adopción de una reforma migratoria en Estados Unidos antes del impasse electoral del año que viene. Así es que, apenas decidirse en el Senado, el lunes, la discusión de la llevada y traída ley que determinará los destinos de más de 12 millones de ilegales, otra votación ha otorgado a los senadores, al menos, unos días más, posponiendo hasta el mes de junio la votación —de todos modos precipitada—, que se quería en el corto plazo de una semana, el 28 de este mes.
Aunque el proyecto es resultado de la labor de un comité conjunto formado por demócratas y republicanos, la Cámara de Representantes también lo deberá votar y, posteriormente, otra comisión bipartidista. Así que, por más prisa que haya, el camino puede ser largo aún.
Más que críticas, el texto ha despertado muchas dudas tanto entre quienes miran con ojeriza a los indocumentados, como para los que reconocen la necesidad de su trabajo, o entre ellos mismos: los indocumentados que aspiran a la residencia en EE.UU.
La rapidez con que se ha querido instrumentar un proyecto de legislación del que no se observan aún muchos trascendidos, parece tratar de eludir las discusiones largas que, el año pasado, empantanaron el proceso. A cuatro días de anunciarse su existencia, hay motivos para pensar que todavía dentro y fuera del Congreso, muchos no están bien empapados del contenido de las más de 300 páginas del documento, o se sienten confundidos. No se ha dejado tiempo para meditar.
En igual situación deben estar los propios trabajadores ilegales, principales reclamantes de la ley y quienes con más rigor sentirían después disfrutar sus beneficios, o padecer sus costos.
La urgencia de la reforma es válida para todos: Bush, porque casi ya se va, sin materializar lo que fue una de las principales promesas de sus campañas; los congresistas y gobernadores tomados por la fiebre de la xenofobia, porque quieren de modo expedito leyes drásticas que desaparezcan a los ilegales ya y, por otro lado, los inmigrantes indocumentados necesitan finalmente una ley que mejore su situación, y los cobije. Su aspiración es que sean regulados todos pero, al parecer, el texto a debate hace mayor hincapié en los contratos temporales, lo cual no implicaría residencia permanente.
La encrucijada planteada para ellos e, incluso, para los legisladores no convencidos con el proyecto en discusión, es si vale más aceptar un texto que algunos consideran defectuoso bajo la óptica de «mejor algo que nada», o si es más pertinente aguardar que el tema vuelva a la palestra congresional.
Lo cierto es que la vida para los inmigrantes sin papeles se ha hecho especialmente dura en el último año; sobre todo, desde mayo de 2006, cuando masivas demostraciones de protesta de los ilegales sumaron a su lado a distintos grupos civiles de Estados Unidos, y evidenciaron fuerza.
Multas, arrestos no sustentados, redadas masivas, deportaciones, amenazas en centros laborales y expulsión de jóvenes hispanos de las escuelas, han sido algunas de las medidas denunciadas por parte de quienes, sin embargo, siguen representando una fuerza laboral trascendente y muchos consideran que imprescindible para la economía de Estados Unidos. Y eso también sigue estando sobre el tablero.
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