Atrapados en el internamiento. Foto: Reuters El 25 de mayo, al comentar una iniciativa del gobierno derechista italiano para convertir en delito la inmigración ilegal y penar a los indocumentados hasta con cuatro añitos tras las rejas, aludí a una directiva que se estaba cocinando en los altos niveles de la Unión Europea para facilitar las expulsiones de extranjeros «sin papeles», calculados en unos ocho millones.
Y he aquí —¡tadam!— el resultado: el Parlamento Europeo aprobó ayer el documento, acordado por los ministros de Interior a principios de junio, y cada país —excepto Irlanda, Gran Bretaña y Dinamarca— deberá comenzar a aplicarlo en el plazo de dos años.
Nótese que lo inadecuado de la otra medida —la del gabinete de Silvio Berlusconi— concitó la opinión de España, contraria a criminalizar a los inmigrantes irregulares, algo que le valió protestas desde Roma. Pero ahora, ante la denominada Directiva del Retorno, es curioso que tanto los eurodiputados españoles conservadores como los socialistas, hayan votado a favor del texto. Porque en cierta manera, en este papel también se hace ver al inmigrante pobre como un delincuente...
Veamos algunos aspectos. En primer lugar, se prescribe el internamiento del inmigrante «para preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión». Pero dicho internamiento podría llegar hasta los 18 meses. ¡Nada menos que año y medio! ¿Por qué? Pues por «falta de cooperación» del inmigrante o por «demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países». ¡Vaya! Y si algún burócrata allá lejos se demora en poner el cuño, ¿quién es el que espera tras las rejas? ¿Y si no hay documentos, simplemente?
En este punto, el ex presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, y el ex primer ministro francés Michel Rocard, en un artículo publicado por ambos en el diario español El País opinaron: «La duración de la detención autorizada (18 meses) es totalmente desproporcionada en relación con el tiempo realmente necesario para organizar el retorno de un extranjero (que en Francia ronda una decena de días)».
Ah, claro, el texto avalado por el Parlamento Europeo no habla de «detención», sino de «internamiento», pero que diga la Real Academia de la Lengua cómo puede llamarse al acto de privar de libertad de movimiento a alguien durante un año y medio.
Por cierto, ¿dónde «internan» a los «internos»? «Como norma general —explica la directiva—, el internamiento se llevará a cabo en centros de internamiento especializados. En los casos en que un Estado miembro no pueda proporcionar alojamiento en un centro de internamiento especializado y tenga que recurrir a un centro penitenciario, los nacionales de terceros países sujetos al internamiento estarán separados de los presos ordinarios».
¿A una cárcel? ¡Vamos bien! Un hombre honesto que ha entrado clandestinamente a un país europeo con deseos de trabajar, digamos, en la recogida de la fresa o en el sector de la construcción, y no posee un contrato de empleo, es atrapado en la vía pública. Mientras se arreglan las cosas, debe hacer «turismo» en un centro concebido para reeducar a personas que han cometido delitos de variados colores. ¿Cómo subvalorar el efecto de desgaste psicológico y profunda humillación que le supondrá esta estancia? ¿Alguien lo indemnizará por el daño recibido?
A modo de consolación, hay medidas alternativas, como que el inmigrante que haya deseado retornar «voluntariamente» tenga la obligación, «para evitar el riesgo de fuga», de presentarse periódicamente a las autoridades, o que deposite una fianza «adecuada», o que se le retengan documentos. Me recuerda un poco a los ex convictos que, en los filmes norteamericanos, tienen atado un dispositivo electrónico para ser controlados. Y de eso se trata, repito: de que un inmigrante ilegal ¡no es un delincuente!
Tristemente, algunos en Estrasburgo, como Berlusconi en Roma, aún no se han dado cuenta...
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