El diálogo, todo un banquete. «Mira, mi socio, este producto está adulterado». «¿Qué dijiste?», replicó el dependiente. «Oye, compadre, ¿tú no entiendes? Que le echaron algo», ripostó el inspector.
—Bueno, así vino… No es mi problema.
—Dame la muestra que tomaron cuando le dejaron la mercancía.
—Deja ver… No sé dónde la puso el administrador y él no está aquí ahora.
Al fin, tras los «dimes y diretes», el inspector le impuso la multa. Y el dependiente, malhumorado, continuó con la rutina de la venta del producto que, aunque apto para el consumo, carecía de los parámetros establecidos.
Esa situación ilustra cómo la insuficiente calidad por adulteramiento, o simplemente debido a la mala elaboración, no causa pérdidas a las empresas productoras ni a las comercializadoras, porque los usuarios les sufragan, en pesos contantes y sonantes, sus chapucerías o triquiñuelas en la red comercial.
Verdad verdadera —como hemos enfatizado otras veces desde estas páginas— que muchas veces las entidades, sin emplear cabalmente los recursos materiales asignados para cumplir su encargo, elaboran una mercancía de escasas cualidades y reciben una remuneración como si fuera de primera. De hecho, las empresas encargadas de la comercialización resultan las únicas que les pueden reclamar, pero… ¿cuántas en realidad exigen por la calidad de lo que pagan?
Esto determina que en no pocas ocasiones una industria con producciones regulares o malas logre resultados económicos satisfactorios, sin que el comportamiento de ese importante índice influya en su gestión. En otras palabras, la pizza, el yogur, el helado, la hamburguesa, el embutido, el picadillo, el cigarro y el pan, buenos, regulares o pésimos, le cuestan lo mismo al bolsillo de Liborio.
¿Hasta cuándo va estar vigente esa práctica dañina que fomenta el desorden, amparada en el desatino de que un producto adulterado o de mala calidad se comercializa a sus precios originales? Si de hecho se penalizara a la empresa comercializadora con una rebaja, esta exigiría más a su proveedor por la calidad para evitar pérdidas económicas.
Ambas tendrían que preocuparse, como debe ser, por la calidad, porque a partir de ella estaría en juego su bonanza económica.
Lo peor es que la referida merma ocurre a pesar de que el Estado garantiza los recursos adecuados y en no pocos casos ha mejorado hasta la tecnología para los procesos de fabricación. Ahora bien, si donde aseguran materia prima para elaborar cuatro productos, sacan diez o no utilizan la cantidad de componentes por norma para elaborarlo —e imaginamos con qué fin— seguirá pendiente, entonces, la calidad, y Liborio, increíblemente, seguirá pagando la deficiencia empresarial.
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