Nada nuevo bajo el sol en Estados Unidos si de espionaje a su ciudadanía se trata. Cuando el régimen de George W. Bush, el hijo, instauró la Ley Patriótica bajo el pretexto de la Guerra contra el terrorismo, con ella las agencias de inteligencia desbordaron cualquier atisbo de protección a los derechos civiles de los estadounidenses; pero se pensó a su partida de la Casa Blanca que las aguas tornarían a su lugar y, por tanto, nada de excesos.
Sin embargo, a mediados de febrero, la Cámara de Representantes —de mayoría Republicana— votó 275-144 a favor de una extensión por otros nueves meses de tres provisiones de la Ley Patriótica que expiraban el 28 de febrero: obtener grabaciones itinerantes de sospechosos de terrorismo que cambien sus modos de comunicación; seguir a extranjeros que actúan como «lobos solitarios» para tramar ataques; y acceso a ciertos registros de negocios.
Faltaba entonces la versión del Senado, pero se estimaba que también allí pasaría la legislación, aunque no como pretendían algunos senadores republicanos, como Chuck Grassley (republicano de Iowa), que deseaban extenderlas por toda la eternidad… y no revisar jamás sus formulaciones.
De todas formas, la persecución a la ciudadanía es una constante, a pesar de sus cacareadas libertades y democracia. Apenas un par de días antes de la votación, el Departamento de Justicia de la administración Obama dejó claro que el FBI (Buró Federal de Investigaciones), de hecho la policía política del imperio, podía obtener los registros telefónicos de llamadas internacionales desde Estados Unidos sin que mediara ningún proceso legal.
Así lo reveló la cadena mediática McClatchy que al parecer obtuvo una copia de un memorándum secreto de esa institución gubernamental con el que se creaba la posibilidad de que los abusos del FBI en esa materia se mantuvieran a pesar de que supuestamente habían sido detenidos en el año 2006.
Así que la administración Obama ha continuado las controversiales tácticas y estrategias de Bush que le permitieron al FBI, durante años, obtener y meter las narices en miles de llamadas telefónicas internacionales, según el artículo de McClatchy.
Y aquí algo interesante, demostrativo del contubernio con las empresas privadas: el FBI mantiene un sistema informal en que le solicita —y se los entregan por supuesto— a tres importantes firmas de telecomunicaciones los registros y con ello ha creado lo que un agente llamó «base de datos telefónicos sobre esteroides», y que incluyen nombres, direcciones, información de los recibos de pago y de los servicios utilizados por los clientes en ciertas circunstancias o «emergencias», bajo total voluntariedad de esos consorcios y sin que medie proceso legal.
Por añadidura, este procedimiento puede ser empleado también para los correos electrónicos, así que ríase usted de la privacidad —o llore usted por ella, mientras el FBI se ríe de su propia ciudadanía y del mundo entero.
En definitiva prosigue su larga historia de espionaje y abusos contra los estadounidenses, que lo hizo especialmente famoso desde su fundación el pasado siglo cuando durante décadas lo dirigió el tenebroso y temido John Edgar Hoover.
Ya les decimos, el FBI vuelve a la carga y nada nuevo hay bajo el sol del Estado policiaco estadounidense. Ahí están también las firmas de recogidas de datos de inteligencia desarrollando planes contra Wikileaks, por ejemplo, que incluyen ataques cibernéticos, desinformación y otras tácticas activas. Pero este es otro aspecto de los métodos del Estado policiaco.
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