El trabajo pesado es, por lo general, la acumulación de tareas livianas que no se hicieron a tiempo. Así lo refleja buena parte del sector productor de alimentos cubano en lo que respecta a cumplir los contratos y, mientras tanto, la mesa pena y llueven las justificaciones.
El contrato es la vía legal para exigir la ejecución a tiempo de los planes de producción en las entidades adscriptas al Ministerio de la Agricultura (Minagri); y aunque parezca inaudito, cumplirlo no es todavía un estilo de trabajo consolidado en el país.
No sería capcioso entonces preguntarse por qué, si se sabe que desde 2009 —hace tres años— el Minagri implementó el contrato único, documento que pacta los índices de siembra, plan de producción o productos entregados en la base.
En este lapso de tiempo se ha dedicado al tema no poca atención, incluyendo los análisis en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el VI Congreso del Partido y otros escenarios que han propiciado la meditación sobre la eficiencia económica y la autosuficiencia alimentaria del país o de cada territorio. En una reciente reunión en Sancti Spíritus, de la que el semanario Trabajadores ofreció un resumen de los debates, Gustavo Rodríguez, ministro de la Agricultura, afirmó que aún existe incultura en la contratación, al tiempo que Orlando Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), señalaba la urgencia de contratar los insumos según el potencial de rendimiento y exigir con esos argumentos.
Una conclusión común de esos debates ha sido que el contrato debe ser la herramienta de trabajo para la planificación y control de los procesos productivos.
Sin embargo, se repiten una y otra vez las deficiencias en la ejecución del contrato entre productores y empresas comercializadoras —incumplimientos relacionados con las entregas pactadas, cantidades, precios y distribución—, gastándose tiempo en el diálogo mientras que los mercados, insuficientemente abastecidos, empujan el bolsillo de muchos clientes hacia los revendedores.
Me pregunto cuánto tiempo se necesita para cambiar la mentalidad. Puede que mucho o poco, en dependencia de la urgencia, pero no se me ocurre urgencia mayor que esta de ahora, cuando la economía cubana camina hacia estructuras más eficientes de producción que obligan a actuar con precisión y a redondear la formación de un personal con las competencias profesionales necesarias, especialmente en cuestiones que pueden resultar nuevas, como es el caso del contrato.
Aunque esto último no es tan nuevo. En el X Congreso de la ANAP, realizado en mayo de 2010, latió con mucha fuerza el tema de capacitar a los dirigentes a fin de perfeccionar la dirección y base agrícola. Dos años después, «el cuartico está igualito».
Tanto llover sobre mojado indica que todavía no se «da en el clavo» respecto a la concepción de estrategias más eficientes de producción y comercialización, en la que el campesino —protagonista indiscutible— sienta la motivación de elevar sus rendimientos productivos y el alimento llegue al pueblo a tiempo y con la calidad que merece.
¿Cómo podrá Cuba incrementar los índices de productividad, sustituir importaciones y convertir la agricultura en un sector fuerte y eficiente, llamado de la máxima dirección del país, si persisten deficiencias en el orden subjetivo? Si, como se asegura, se conocen las principales debilidades del sistema de contratación, entonces ¿cuándo le ponemos el cascabel al gato?
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