La nota (no de riña ni de alcoholemia, sino de información discrepante) la dio Migue, el vecino. «Oye, ¿te enteraste? —dijo—. Al Jupuro le subieron los precios». En los sopores del final de aquella tarde, una idea se abrió paso entre las capas neuronales, lentamente, como si fuera un sueño. «¿Al Jupuro? ¿A cuánto?» «A dos cabillas el vasito de jugo, mi hermano. Igual que los particulares».
Pues así, sin más allá y más acá, y sin anuncio previo, un establecimiento estatal de la Gastronomía, creado para ofrecer el servicio de venta de jugos naturales (espesitos, como los brinda natura; fríos, purificados —de ahí el nombre: Jupuro, jugo puro) les subía la bonificación porque al local lo habían elevado de categoría, y con el ascenso de grado venía el otro: el del precio.
Los comentarios, en medio del cónclave «vecino-vitalicio», fueron numerosos, pero una observación marcó al foro por unos instantes: «Y al agua en el jugo, ¿le bajaron el nivel?». La respuesta, como los hechos en la realidad, se mantiene en zona de duda. Pero más allá de lo puntual en las anécdotas, lo que ellas traen consigo son cuestiones un poco más profundas; como, por ejemplo, las verdaderas posibilidades de protección al consumidor en Cuba.
Felizmente, ahora la ciudadanía cuenta con la Resolución No. 54 de 2018, aprobada por el Ministerio de Comercio Interior. Enhorabuena, porque mucha falta que hacía. No obstante, cabe hacerse la pregunta: ¿esa norma jurídica no corre el peligro de caer en el viejo principio de cumplo pero no obedezco y convertirse en letra muerta ante una serie de situaciones que pueden invalidar sus loables intenciones?
La primera es la muchas veces obviada realidad de que el comercio interno ha sido el sector que, desde hace ya unos cuantos años, ha debido prestar servicios sin recibir fuertes inversiones, ni medidas que actualicen su estructura empresarial. Basta mirar sus establecimientos, donde en una parte de ellos compramos el pan nuestro de cada día, y compararlos con los de moneda convertible (la de pesos flacos frente a los pesos gordos, como dice la población) para certificar lo que decimos.
Para no hablar de abandonos, como ocurre con la bodega del Microdistrito C de Ciego de Ávila, ubicada en el primer piso de un bloque de edificios y donde el período lluvioso —por obra y gracia de las tupiciones— se extendió al interior del establecimiento en la forma de precipitaciones albañales (sospechosamente coloridas), pese a las constantes llamadas y reclamos de la administración, según nos manifestaron sus dependientas.
En condiciones como esas es muy difícil asentar una filosofía de protección al cliente, más si esta funciona sobre la estructura económica del sector, por demás muy rígida, la cual no genera estímulos para sus trabajadores y los salarios son bajos, a pesar de los valores que se generan en venta. Todo ese ajiaco, de cuyos ingredientes pudiéramos hablar un buen rato, sirve de abono al campo de las ilegalidades y ellas nunca podrán ser compatibles con el respeto a la ciudadanía.
Y eso para no olvidar la otra cara (no muy distinta) de esa moneda: la del fenómeno cultural. En Cuba, por disímiles razones, el mal servicio se ha elevado casi al punto de una institución cultural. En cualquier lado, incluidos los cuentapropistas, uno encuentra un jugo excedido en precio y agua, un producto al que le faltan onzas porque la pesa ya no es una pesa, sino un verdadero puñal, o pizzas que antes tenían un tamaño razonable y con el tiempo parece que se fueron con Gulliver al país de los enanos.
En Cuba se puede y, además, se necesita que la protección al consumidor se erija en una especie de símbolo nacional. Pero ese propósito será difícil de concretar y seguirá pasado por agua si no se cambia lo que debe ser cambiado y no se articula un verdadero espacio de control popular, donde los propios consumidores no sean entes pasivos, meros receptores, sino también vigilantes y proponentes de un sistema de servicios, cuyo fin último tiene que ser dignificar al ciudadano más sencillo que hoy camina por las calles y pueblos de nuestro país.
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