Acuse de recibo
Un servicio no puede paralizarse por la falta de un modelo impreso. Eso es el colmo y no hay excusa posible. Por ello, el pasado 12 de agosto reflejé aquí la denuncia de Juan Carlos Oramas, vecino de Revolución 35, en la ciudad villaclareña de Sagua la Grande.
Entonces, Oramas relataba que se personó en el Registro Civil de Sagua la Grande, a solicitar certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción, para determinados trámites de Vivienda. Y la empleada que le atendió, muy cordialmente, le informó que no había «modelo oficial» para esas gestiones, pues desde la cabecera provincial los envían en escasas cantidades.
Como le sugirió que volviera el siguiente lunes, y marcara bien temprano, así lo hizo Oramas. Pero al poco tiempo de comenzar a atender a los que esperaban, se acabaron los modelos. Con razón, el remitente se preguntaba por qué algo tan sencillo como un papel impreso puede detener un servicio.
Ahora responde al respecto Rubén Ramos Rojas, director de Justicia en Villa Clara, quien afirma que, de acuerdo con la investigación de los hechos, se comprobó «que es cierto que la registradora le negó el servicio a Oramas, alegando la inexistencia de modelos en la oficina».
El director asegura que «el Registro Civil de Sagua ha sido abastecido puntualmente y de manera suficiente de los modelos necesarios para la prestación de servicios durante julio y agosto; y, por tanto, no es cierto que fuera imposible prestar el servicio por falta de los modelos de certificaciones».
En la reunión sostenida con las registradoras de Sagua la Grande, agrega Ramos Rojas, «la imputada reconoció su responsabilidad en la falta cometida y la trascendencia que ello tiene en la calidad de los servicios a la población».
Y precisa que, «como consecuencia de esta queja, se instruyó un expediente disciplinario, de conformidad con la legislación vigente, y se tomaron las medidas administrativas para que hechos como este no se repitan».
Agradezco la respuesta de Ramos Rojas, aun cuando no especifica qué medidas disciplinarias se tomaron con la renuente registradora, y cuáles disposiciones se hicieron valer en lo administrativo para que ello no se repita. Y, por cierto, ¿cuál es el móvil para que una trabajadora se niegue a ofrecer un servicio y aduzca una carencia que, según los directivos, no existe? ¿Por qué la segunda gestión de Oramas chocó con el agotamiento del modelo? Eso no lo explica la respuesta.
La segunda carta es la respuesta de José Hugo González Rodríguez, vicepresidente comercial de CUBALSE, a la queja de Inés María Entenza, reflejada aquí el pasado 6 de junio.
Entonces, Inés María contaba que el 7 de mayo pasado adquirió un televisor marca Phillips en la tienda La Favorita del municipio capitalino del Cotorro. Y a los cuatro días presentó problemas con el audio. Llamó a la tienda y le dijeron que debía dirigirse al taller correspondiente, en el municipio de Playa.
Llamó al citado taller, y cuando explicó que era un televisor de 21 pulgadas, le informaron que debía transportarlo ella misma a esa unidad. E Inés cuestionaba cómo es posible que después de desembolsar una suma tan elevada para un consumidor cubano, equivalente a 7 500 pesos, haya que invertir 350 pesos más, en plena garantía, para llevarlo al taller, a los cuatro días de comprado.
Aclara el vicepresidente comercial de CUBALSE que, finalmente, «se realizaron los trámites correspondientes, como traslado al taller y devolución del efectivo, por no tener arreglo el equipo».
Y refiere que CUBALSE no cuenta hoy con el transporte suficiente para responder en el tiempo requerido a todos los afectados. Pero, en su programa para elevar la calidad de los servicios, esa corporación invirtió en compra de herramientas para la creación de plazas de mecánicos integrales en los municipios lejanos de los talleres, «lo que facilitará el arreglo cuando no sean grandes las complejidades».
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