Acuse de recibo
Rafael Antonio Pascual y sus familiares (Armando Machado 32, entre Panchito Gómez y Coronel Acebo, Ranchuelo, Villa Clara) viven al borde del infarto, al lado del Centro de Salud Mental de su localidad.
Desde hace varios años, esa institución asistencial presenta peligrosos fallos eléctricos, pases a tierra y cortocircuitos, que dejan secuelas en el hogar de Rafael: no pueden tocar las instalaciones hidráulicas, bañarse, limpiar ni fregar; porque les «coge» la corriente.
Para hacer esas labores deben solicitarle al Centro que desconecte el servicio eléctrico.
Rafael lleva más de un año planteando su queja en todos los órganos y entidades estatales y gubernamentales del territorio, y no ha tenido respuestas con soluciones; pero lo que sí llega con puntualidad es el recibo facturado por la Empresa Eléctrica, con saldos desmesurados, tanto a él como al Centro de Salud Mental. En octubre de 2010 fue de más de mil pesos, y finalmente se lo ajustaron a 791,60 pesos. Él conserva las facturas mensuales de pago del servicio eléctrico desde 2008, y su consumo histórico no sobrepasa los cien pesos.
Lo peor es que esa situación la ha informado por meses y años a la Empresa Eléctrica en Ranchuelo, y nunca ha tenido una respuesta positiva. Para colmo, el pasado 2 de agosto le retiraron el servicio eléctrico y no se lo restablecieron hasta el día 6, luego de que él abonara 101, 60 pesos y firmara un modelo en el cual se comprometía a pagar 230 pesos por tres meses consecutivos, hasta noviembre. Si detectan el famoso «escape» de electricidad es que le devuelven el dinero.
Rafael se entrevistó con el jefe comercial de la Unidad Empresarial de Base, y no obtuvo de él ni respuestas concretas ni la mejor atención a un cliente agraviado. «Dicho compañero —señala— ha tenido una total falta de ética y profesionalidad, justificando el consumo y manteniendo el criterio de que mi vivienda estuvo cerrada por un año, cosa totalmente incierta».
Para el cliente, «existe total falta de responsabilidad, seriedad y deseos de resolver la situación, tanto la mía como la del centro estatal, por parte de la Empresa Eléctrica. Lo considero una prepotencia y una falta de respeto».
¿Qué dice la Empresa Eléctrica Provincial de Villa Clara?
Cuando hace siete años Mario Valdés habitó su apartamento en el último piso del edificio R 129, Micro 7, del Distrito José Martí en Santiago de Cuba, el mismo presentaba serias filtraciones cada vez que llovía. Y él, como otros inquilinos del último piso, con sus propios recursos y esfuerzos, reparó la cubierta. Más nunca se filtró.
Cinco años después, una entidad del Estado decidió hacer arreglos en los edificios de Micro 7. Emprendieron las obras de la cubierta, y el resultado fue un desastre. Veamos la historia:
En febrero pasado llegaron y levantaron toda la cubierta del inmueble. Los vecinos alertaron de que ya ellos habían hecho un buen trabajo dos años atrás y no había filtraciones. Les plantearon sus preocupaciones acerca del malgasto en algo que no lo requería.
Los de la obra respondieron que les habían asignado esa misión y tenían que cumplirla. Los vecinos solicitaron hablar con un jefe. El responsable llegó y la respuesta fue la misma.
«Toda la cubierta fue removida —refiere— y las filtraciones comenzaron nuevamente, porque al levantar el material que estaba pegado con calor al techo del edificio, también se llevó el sellado que habíamos puesto los vecinos con mucho sacrificio. Desde esa fecha hasta hoy las filtraciones son cascadas. Cualquiera puede morir electrocutado. Ya no sé qué voy a hacer».
Mario hace preguntas que difícilmente encuentren respuestas razonables: «¿Para qué en febrero quitaron la cubierta que teníamos bien puesta, y esta es la fecha en que no han puesto la nueva? ¿Quién nos va a pagar la pintura echada a perder de nuestros apartamentos? ¿Quién nos va a devolver los equipos electrodomésticos echados a perder, o el dinero con que hemos tenido que repararlos? ¿Quién protege a mi hijo de que el polvo de la pintura del techo no le caiga encima y no le dé asma?».
Este redactor solo adiciona una interrogante: ¿Cuándo en mi país los que deciden tales disparates, van a pagar de sus bolsillos los daños a los ciudadanos?
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