Acuse de recibo
Mirtha Romero Chávez (Loynaz 431, entre Yara y Libertad, Manzanillo, Granma) denuncia resueltamente lo que están atravesando su hija Ailenis Ailen López Romero y otros colaboradores de salud que están cumpliendo misión en Venezuela, por una decisión tajante y sin miramientos.
Cuenta la madre que en mayo de 2017 Ailenis y otros colaboradores enviaron a Cuba cajas con bienes en un rif o set de menaje a nombre de una colega que llegaba al final de su misión en ese país, Victoria Casañas Rodríguez.
Y se hizo, al amparo de la Resolución 122 de 2009 de la Aduana General de la República de Cuba, la cual establece que después de haber finalizado la misión con éxito, a los 24 meses y un día, el colaborador tiene el derecho de enviar el set.
A Victoria, una señora de 66 años, se le dio fin de misión a los 23 meses por enfermedad, una fuerza mayor. Y aún en esas condiciones, la Dirección de la Misión le autorizó enviar el set de menaje, que contenía también envíos de sus compañeros.
Ya en Cuba, Victoria se personó en la Aduana a recoger el set de menaje, y le informaron de primer momento que no podía hacerlo, pues no había concluido los 24 meses establecidos. Y al explicar ella los problemas de salud que le impidieron cumplir por apenas unos días la misión, le dieron derecho a extraer del envío lo que ella había acumulado. Y el resto de las cajas fueron decomisadas.
«Ante esta situación tan penosa e injusta, esgrime Mirtha, que deja en total estado de indefensión a los demás colabora, quienes con mucho sacrificio realizaron sus envíos en ese set de menaje. Me hago muchas preguntas:
«¿Bajo qué fundamento han sido decomisadas el resto de las cajas, cuando a la responsable del set de menaje se le dio la oportunidad de recoger sus pertenencias? ¿Quién responde por los daños y perjuicios causados a esos colaboradores, que aún se encuentran cumpliendo su misión, y desembolsaron parte de sus ingresos económicos para realizar esos envíos? ¿Cómo es posible que no pueda valorarse en su justa medida una situación que amerita ser apreciada de manera humana y consciente, pues la causa de que no se haya podido cumplir con las normas aduanales son subjetivas y no objetivas?».
Sulye Martínez Oliver (SP20 apto.5, Micro X, Alamar, municipio de Habana del Este, La Habana) refiere que es un caso social, y por ello, hace ya un año solicitó un terreno para construir, por serios problemas de vivienda.
Y precisa que tanto a ella, como a otras personas necesitadas les otorgaron terrenos en el vecino reparto Bahía; terrenos que ya pagaron, además de que concluyeron todos los trámites que deben realizar, con los documentos correspondientes.
Manifiesta la remitente que «llevamos meses esperando que nos midan el terreno, que nos den las respuestas necesarias para la construcción; y nada, siempre los compañeros de Planificación Física tienen una respuesta distinta».
Y concluye preguntando: «¿Hasta cuándo tenemos que esperar para poder disfrutar de algo que se nos entregó y no podemos ni empezar tan siquiera?».
Asiel Riverón Hernández (Ricardo López 32, entre Antonio Guiteras y Campo, Camajuaní, Villa Clara) cuenta que a inicios de febrero fue a la Agencia de reservaciones de pasajes Arenal de la capital, a reservar un pasaje por ómnibus desde Camajuaní a La Habana.
¿Y qué le sucedió? Pues el día elegido por él estaba a la orden. Había capacidad. La sorpresa fue cuando le notificaron allí que, para viajar a La Habana, debía trasladarse al poblado de Vueltas, donde se inicia el recorrido de esa ruta, a casi diez kilómetros de Camajuaní, donde él vive, y que es la cabecera municipal precisamente.
«O sea, especifica, no me podían vender el pasaje desde Camajuaní. No me explico cómo, siendo este pueblo la cabecera del municipio, si el ómnibus pasa por aquí, es necesario ir a Vueltas, con el gasto de transporte que ello conlleva, pudiendo tomar el ómnibus en el mismo Camajuaní. Un tema tan sensible como el transporte no debería estar imponiendo tantas comodidades».
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