Acuse de recibo
Tras 47 años de trabajo, la mayor parte en la docencia, decidió jubilarse Orestes Pérez Jiménez (Bayamo 213, entre Silvestre Alonso y Coronel José Legón, Sancti Spíritus). Y lo habían alertado de que debía madrugar para iniciar los trámites en la filial municipal del Inass, porque es bastante difícil clasificar entre los primeros seis o siete casos, que son los que pueden atender allí diariamente.
El pasado 25 de enero, Orestes llegó al Inass espirituano a las 4:00 a.m., e hizo el número 8. Y cuando indagó, le dijeron que se podía ir, pues la persona que lleva esos procesos puede atender hasta cinco expedientes. Se fue, y al día siguiente tuvo la suerte de que un amigo le cuidara el turno. Pudo iniciar el trámite.
Al interesarse por lo que se vive allí a diario para algo que debía ser más cómodo para los aspirantes a jubilarse, Orestes supo que el departamento que atiende esos procesos tiene varias plazas vacantes. Y que estas no están ocupadas por los niveles salariales que tienen.
«No me detengo en las condiciones en que laboran esos trabajadores ni en las del local en general. Imagínese cómo es todo allí, que al concluir la jornada de la mañana el que quedó para ser atendido a la 1:00 p.m. tuvo que abandonar el local y salir para la calle», subraya, y añade que, por el elevado envejecimiento demográfico del país y el aumento de la demanda de jubilación, es imprescindible mejorar las condiciones en las sedes del Inass, incluidos los salarios de quienes llevan esos procesos, de manera que sean menos traumáticas las gestiones para quienes, luego de una vida de trabajo, necesitan acudir a estos lugares.
La doctora Lisvelt Gómez Robles, profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, y vecina de carretera de Gibara No. 368, entre 52 y 54, reparto Alcides Pino, de esa ciudad, cumplió misión de colaboración en Venezuela entre 2003 y 2008, y fue incluida en el Plan de Construcción de Viviendas Médicas para cooperantes. Cuando se le comunicó que sería beneficiada con una casa, fue visitada varias veces por funcionarios de la Vivienda, quienes coordinaron todo lo relativo a la construcción.
Conociendo lo complicado de los trámites para obtención de licencia de construcción, Lisvelt preguntó varias veces si era necesario presentar algún documento. Y le respondían que era un programa especial, todo se haría estatalmente.
En 2006 comenzó la obra, a cargo de la ECOI 17, sin que mediara documento alguno por ella, o de su madre, propietaria de la casa sobre la que se construyó la suya en un segundo nivel, que fue concluida en 2008, con licencia estatal, y entregada a Lisvelt en julio de ese mismo año. Desde entonces ella la habita, y le emitieron un documento provisional para acceder a la libreta de abastecimiento, el contador de electricidad y el cambio de dirección.
Pero la doctora holguinera ha vivido un via crucis para legalizar la casa. Según argumentan los encargados de ello, antes de la construcción tenía que haberse hecho cesión de azotea a nombre de Lisvelt.
«Luego de diez años de lleva y trae papeles por Vivienda Municipal y Provincial, de entrevistarme con los jefes a cargo de esos trámites, de reclamar una solución al problema, aún no poseo la propiedad de mi casa por la ambigüedad de quienes tienen que responder por ello.
«¿Cómo es posible que ahora no sea solo yo la afectada, sino también mi mamá, pues sobre su vivienda fue construida la mía, y siendo propietaria está limitada de todos los derechos legales sobre la suya, toda vez que no fueron hechos los trámites necesarios para dicha obra?
«Mi preocupación es que ahora no puedo saldar mi deuda con el Estado, porque para ello tuvo que existir inicialmente una donación de uso de azotea. ¿Cómo es posible que la construcción sea estatal y ahora me digan que es ilegal y hasta me hablen de posible demolición? ¿Cómo entender que quienes tienen la ley en sus manos y son garantes de hacer cumplir esas políticas hoy no tengan solución para emitir la propiedad de mi vivienda, de la cual soy merecedora por mis propios esfuerzos?
«Ya no tengo adónde acudir. Llevo una década de Vivienda Municipal a Vivienda Provincial, de aquí a Colaboración, y de aquí al Consejo de la Administración Municipal, de donde saldría el acuerdo que nunca salió, para pagar 3 270 dólares, el precio fijado para este tipo de construcción. ¿Esto no le interesa a nadie cobrarlo? ¿Cómo es posible que ya son diez años y aún no hay solución para un problema creado por las propias instituciones?», concluye.
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