Acuse de recibo
La máster en Ciencias de la Educación Juana Irene Elías Logas (Carlos Manuel de Céspedes, No. 1801, entre 12 y 13, Guantánamo) relata los avatares con la pensión por invalidez de su esposo Rubén Clairat Wilson, Doctor en Ciencias Pedagógicas y ex profesor titular de la Universidad de Guantánamo.
Cuenta que Rubén enfermó en 2018 con una patología oncológica (neoplasia de pulmón) tras haber ejercido sus funciones pedagógicas en esa universidad durante 38 años ininterrumpidos. Y tuvo que jubilarse por invalidez. Cuando le entregaron el documento, no se tuvo en cuenta en la cuantía de la pensión los porcientos correspondientes a dos acápites fundamentales: Estímulo a la permanencia y Méritos excepcionales, que él los reúne.
Entonces, Juana Irene fue a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Guantánamo, para saber cómo llevar adelante la reclamación y que se incluyeran los por cientos de marras, de acuerdo con la Ley 105 de Seguridad Social. Allí le dieron la razón y le orientaron que debía dirigirse al Sindicato de trabajadores de la Educación de la provincia. En este último, le explicaron que para el primer acápite debía ir a la propia Universidad de Guantánamo. Y en cuanto al segundo, sí tenía derecho, según la Ley 105 de Seguridad Social, pero se debía conformar un expediente.
Una vez conformado el expediente, precisa, con la ayuda del representante de este frente en el Sindicato provincial de Educación, fue presentado y aprobado en la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) provincial. Y luego se envió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en diciembre de 2018, según le informaron.
Posteriormente le comunicaron que ese es un proceso gradual, y al final debía ser aprobado por la CTC Nacional, para que después fuera enviado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
«Ha transcurrido un tiempo prudencial hasta hoy, 2 de septiembre de 2020, y no he tenido respuestas, a pesar de preguntar en las diferentes instancias. ¿Cómo solucionar esta situación? ¿Cuál ha sido el obstáculo o impedimento que ha ocasionado la demora de este proceso?», concluye Juana Irene.
Se han resquebrajado tanto las normas de convivencia entre vecinos, que asoman historias como la de Ana Canoura Monasterio, una señora de 82 años que vive sola en Virtudes, No. 554, apto 4, entre Escobar y Lealtad, en el municipio capitalino de Centro Habana.
Relata Ana que la vecina del apartamento 1, en los bajos, tiene la cisterna del edificio dentro del área de su casa. Y el vecino que ponía el motor del agua, lo hacía desde su apartamento, el 3, en el primer piso. Pero este decidió no asumir más esa responsabilidad, desconectó la instalación que subía el agua y la puso solo para él.
Por ello, los vecinos afectados se reunieron para instalar el motor debajo de la escalera, que es área común, y turnarse entre todos en la atención al motor. Pero la vecina de los bajos no permite esa instalación, plantea que su mamá es la propietaria del apartamento y está en España; y ella no quiere asumir la responsabilidad.
«Hemos hablado con los compañeros de la Dirección Municipal de la Vivienda, y se nos dijo que ese asunto es de Fiscalía, plantea. Hablamos con el Doctor Oniel, de la Fiscalía, el cual me comunicó que ya había notificado a la Vivienda para que buscaran una solución alternativa. Y hasta la fecha no se ha resuelto nada. También hemos escrito al Poder Popular y al Partido en el municipio.
«Algunos vecinos han resuelto haciendo una instalación directa de la entrada del agua de la calle hacia sus apartamentos, otros simplemente se han ido del edificio para otras casas. Y yo soy sola y no tengo familia. Sigo sin tener agua. He estado viviendo de la buena voluntad de la vecina del edificio de al lado, que me da por el balcón un poco de agua, y tengo que cargarla desde el balcón hasta la cocina y el baño», termina Ana.
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