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La ciencia cubana tiene como desafío establecer cadenas productivas sólidas, donde el mejor conocimiento se vuelque en procesos reales y económicamente sustentables. Autor: Roberto Suárez Publicado: 21/09/2017 | 05:10 pm
Reconocidos académicos, científicos, intelectuales y personalidades radicados en La Habana esta capital se sumaron a la iniciativa de sus colegas de otras provincias de evaluar la trascendencia de la futura Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), según ACN.
Integrantes todos de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP), expresaron numerosos criterios en un taller sobre avances en la elaboración de la citada norma, conducido por Jorge Núñez Jover, quien dirige su Sección de Economía y Ciencias, y también la Cátedra Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, de la Universidad de La Habana, además de asesor del presidente del Consejo Nacional de Innovación.
Una amplia información sobre su debate facilitó la institución y en una animada introducción, Agustín Lage Dávila, asesor del Grupo BioCubaFarma, expuso sus consideraciones sobre los puntos esenciales por tener en cuenta en la elaboración de la importante normativa.
Lage Dávila opinó que el desafío principal de hoy, no solo para el Socialismo, sino para la misma existencia de la nación cubana, está en la economía: «lo que hagamos en la elaboración de esta Ley depende directamente de cuanto contribuye a lograr la victoria que el pueblo espera en la batalla económica».
Consideró que para vencer en tan estratégico campo es imprescindible retomar el crecimiento económico y la captación de divisas, insertarla en la economía mundial, crecer con productos y servicios de alto valor agregado y hacerlo con calidad sin expandir desigualdades sociales y reduciendo las formadas en estos últimos años.
Tales objetivos, prosiguió, dependen de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, incluso si lográsemos recuperar la generación de energía y el transporte, con acuerdos ventajosos con países amigos, aumentar la producción de alimentos en base al autoabastecimiento territorial.
De acuerdo con el propio expositor, el crecimiento de la economía tiene que ser de carácter exportador, de tecnología alta y media, conectado a cadenas globales de valor y distributivo.
Añadió que por esas razones, la ley tiene que ser innovadora, capaz de conducir una discontinuidad positiva, porque si fuese «más de lo mismo»; es decir limitada a un perfeccionamiento de lo que hemos hecho hasta ahora, aunque sea perfeccionamiento, no estaría a la altura de lo que el país necesita en este momento.
Hay que comprender que la innovación tecnológica no genera crecimiento económico a menos que este acompañada de innovación gerencial, lo cual debe estar a la altura de la complejidad de los problemas que enfrentamos hoy, indicó.
Lage Dávila estimó que tiene que ser vinculante; o sea, establecer las responsabilidades específicas de cada actor, dentro y fuera de lo que usualmente se llama Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI), y no es de este ni de su organismo (CITMA), sino de toda la sociedad cubana para acelerar el crecimiento económico a través de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Incluso, debe privilegiar la función de fomento, el emprendimiento por sobre la función de control, a fin de que aumente el impacto de la CTI en la economía, no para controlarlo mejor, darle un papel protagónico, como actor de este esfuerzo, a la empresa estatal, como establece la Constitución de la República.
Otras de sus manifestaciones están relacionados con las bases y darle cobertura jurídica a un sistema de financiamiento diversificado de la CTI, en moneda nacional y en divisa, establecer los roles de las empresas de alta tecnología y las en incubación, las Mipyme de base tecnológica, los Parques Tecnológicos, las entidades de Interfase y las de Ciencia, Tecnología e Innovación y los «Vehículos de Propósito Especial».
Igualmente, sentar las bases del tratamiento diferenciado a las entidades y empresas que muestren mayor dinamismo y que se acerquen más a los objetivos de exportación de bienes y servicios de tecnología avanzada, incluir procesos de rendición de cuenta por sus resultados al Gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y establecer objetivos medibles.
Otro de los panelistas, Rolando Pérez Rodríguez, vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba y Asesor Científico del Grupo BioCubaFarma, también esbozó sus consideraciones sobre la Ley de CTI desde el sector empresarial de alta tecnología, según el cual, «debiera fomentar y respaldar jurídicamente el tránsito a la economía del conocimiento en Cuba».
Destacó que la transformación efectiva y eficiente del conocimiento en valor requiere, tanto innovación tecnológica como organizacional, que abarca las finanzas, el marketing, la organización de la producción y los recursos humanos, entre otros.
Recordó que en Cuba, desde el triunfo de la Revolución en 1959, comenzó una gran inversión en educación y ciencia, a lo largo de los años, se crearon decenas de centros de educación superior e institutos de investigación, el sistema nacional de ciencia y tecnología y a inicios del siglo XXI predominó un modelo ofertista del sistema.
