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Aprueba Parlamento cubano nueva Ley de la Vivienda

Entre los principales aspectos que se preservan, subrayó la responsabilidad del Estado en el desarrollo de programas de subsidio para la solución del déficit habitacional, la protección a personas en situación de vulnerabilidad, la voluntad del Estado de que los cubanos sean propietarios de su vivienda y el ejercicio pleno del derecho de propiedad

Autor:

Laura Fuentes Medina

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este jueves la Ley de la Vivienda, una actualización del marco jurídico de uno de los derechos más sensibles de nuestra sociedad.

Al presentar el proyecto de Ley, el ministro de Construcción, René Mesa Villafaña, explicó que «integra la producción y la gestión de la vivienda y sus urbanizaciones con un enfoque económico, legal, sociocultural y ambiental, en respuesta a la dinámica demográfica y a otras transformaciones económicas y sociales».

Entre los principales aspectos que se preservan, subrayó la responsabilidad del Estado en el desarrollo de programas de subsidio para la solución del déficit habitacional, la protección a personas en situación de vulnerabilidad, la voluntad del Estado de que los cubanos sean propietarios de su vivienda y el ejercicio pleno del derecho de propiedad.

Se preserva también «la construcción por esfuerzo propio, el pago del crédito de la vivienda que asignan los consejos de administración municipal, una ampliación del régimen de propiedad horizontal, las microbrigadas y el procedimiento para reclamaciones.

Novedades

Como aspecto relevante explicó que se define el Programa Nacional de Desarrollo Habitacional con un enfoque integral y sostenible, en el que participan todas las formas de gestión estatal, de esfuerzo propio, cooperativas de viviendas, micro, pequeñas y medianas empresas inmobiliarias y otras.

«Se eliminan las restricciones para que las personas naturales y jurídicas extranjeras compren y arrienden viviendas», expuso, «y se incluye la definición y protección de la vivienda social, mientras que el Consejo de Administración Municipal puede financiar el precio total o parcial a personas en situación de vulnerabilidad, con tratamiento diferenciado a barrios precarios y zonas degradadas».

En cuanto a la ampliación de derechos de los propietarios, el Ministro afirmó que «se reconoce el derecho a las personas naturales a tener hasta dos viviendas en propiedad, sin perjuicio de la que posee sobre la vivienda de descanso o garaje».

Además, sostuvo que «el propietario de una vivienda declarada en ruina puede tramitarla a favor de otras personas para recuperar su valor de uso en edificación de hasta dos pisos o apartamentos, así como ceder habitaciones a propietarios colindantes, siempre que se mantenga la condición de vivienda adecuada».

Mejoras para todos

Por su parte, Magda Ileana Pérez Matos, presidenta de la Comisión de Industria, Construcción y Energía del Parlamento cubano, explicó que «la Ley tiene como objeto establecer y regular las formas en que el Estado hace efectivo el derecho de las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética».

«Su ámbito de aplicación alcanza las acciones de protección pública, gestión de la vivienda, en términos de producción, calidad, financiamiento, distribución, uso y conservación, así como su acceso y transmisión», agregó.

José Carlos Cruz, diputado por el municipio de Baraguá, provincia de Ciego de Ávila, destacó que la norma constituye una herramienta muy novedosa, de alto impacto para la población desde el inicio del proceso constructivo de esta, y en consecuencia se reconoció el rigor del grupo de trabajo que la desarrolló porque hasta el último minuto se mantuvo proactivo incluyendo cambios oportunos.

Al respecto el titular de Construcción destacó que el proyecto tuvo un alto proceso de consulta en el que «se recibieron un total de 10 928 opiniones, dudas y criterios donde participaron jóvenes, y fueron aceptados el 56 por ciento».

Según se explicó, ante dudas de los diputados, el estado de abandono que recoge la norma es declarado por el Tribunal Popular, evaluando las características de los diferentes casos. Se detalló que en ese proceso de evaluación se estudian los casos para evitar vulnerar el derecho de los propietarios, y en caso de ser posible, se consignará una solución menos invasiva.

Esta ley, se explicó, «blinda jurídicamente todo el espíritu y accionar del Gobierno Revolucionario de atender un aspecto tan sensible como es la vivienda».

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