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BRASILIA, mayo 11.— El Senado brasileño continuaba los debates este miércoles sobre si se consolidaba o no el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, a quien pretenden injustamente someter a un juicio político que carece de legalidad alguna, ya que, según se ha demostrado, se le acusa, sin pruebas, de cometer un crimen de responsabilidad.
Al cierre de esta edición los senadores decidían si se aplicaba o no el impeachment que disfraza un real golpe de Estado, según han denunciado la Presidenta y sus seguidores en múltiples ocasiones. De ser aprobado este proceso judicial, Rousseff sería separada de su cargo por un período no mayor a 180 días, lapso en el cual se llevaría a cabo un proceso de investigación y asumirá el cargo el vicepresidente, Michel Temer.
Con una dura condena al golpismo, oradores en el Senado Federal brasileño expusieron sus criterios sobre la admisibilidad de un pedido de juicio político.
Los golpistas están utilizando todos los artificios posibles para cubrir con un manto de legalidad lo que es un golpe de Estado en curso, manifestó la legisladora del Partido de los Trabajadores (PT) Fátima Bezerra, quien fue la vigesimosegunda de 68 parlamentarios inscriptos para hacer uso de la palabra, reportó PL.
Bezerra subrayó que el pedido de impeachment es solo una fantasía con la cual se pretende ocultar las intenciones de usurpar el poder por parte del proyecto político (del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) derrotado en las elecciones presidenciales de 2014.
Como antes en la Cámara de Diputados, el Senado se transformó este miércoles en un tribunal de excepción, apreció la senadora petista, quien insistió en que la Jefa de Estado no cometió ningún crimen de responsabilidad como para apartarla de su cargo.
Alertó que como consecuencia de este proceso destituyente las conquistas sociales alcanzadas en los últimos 13 años están en grave riesgo y subrayó que «saldremos de este juego de cartas marcadas con la cabeza erguida y dispuestos a continuar luchando».
Para que sea admitido el pedido de juicio político de la Jefa de Estado se deberá recibir el voto favorable de la mayoría simple de los 81 legisladores, es decir de 41 senadores. En un sondeo realizado por la cadena O Globo, 50 senadores anticiparon que votarían sí, 21 lo harían contra el proceso de destitución y diez no opinaron.
Dilma Rousseff está acusada de supuestas violaciones a las leyes fiscales al, presuntamente, incurrir en maniobras contables ilegales para «maquillar» los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Según la oposición, las acusaciones contra la Jefa de Estado constituyen delitos de responsabilidad, que de acuerdo con la Constitución brasileña pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Y mientras en el Senado se discutía el futuro de la democracia brasileña, los nacionales mostraban, desde la noche del martes, su apoyo a la Presidenta. Con velas, linternas y pancartas en las principales ciudades del país se expresó el apoyo a Dilma Rousseff.
Toda la nación se iluminó con la vigilia de miles de personas que, bajo la consigna No va a haber golpe, va a haber lucha, mostraron su descontento con la situación.
La representante de la dirección de la Central Única de los Trabajadores (CUT) -Río de Janeiro, Camila de Melo, explicó que la manifestación pretendía «hacer una crítica más contundente para reclamar ante este momento de golpe que el país vive contra la Presidenta electa», reseñó Telesur.
Advirtió que hay que traer luz en un momento de «oscuridad institucional», ya que hay «un legislativo profundamente envuelto en esquemas de corrupción, un ejecutivo que está siendo cuestionado y que aún así quiere asumir el poder y un judicial que tampoco da cuenta de hacer lo que tiene que hacer», añadió Melo.
Las protestas fueron organizadas por la CUT, la mayor unión de sindicatos del país; el Frente Brasil Popular (FBP), Frente Pueblo sin Miedo, y las juventudes del Partido de los Trabajadores (PT), formación a la que pertenece Rousseff. A las movilizaciones se sumó la paralización de actividades de varios sindicatos.
Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.
