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Universidad de Puerto Rico podría ser acusada de desacato

La advertencia tiene lugar luego de que venciera el jueves, a las seis de la mañana, el plazo dado por el Tribunal de Apelaciones que, en dictamen anterior, ordenó la apertura de las aulas para esa fecha

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Juventud Rebelde

SAN JUAN, mayo 12.— El Tribunal de San Juan emitió una orden para que el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) acate el dictamen de que abra sus puertas, lo cual no ha hecho porque sus estudiantes se mantienen en huelga.

De no cumplir con el mandato, la instancia indica que «emitirá el remedio que en ley proceda, que podrá incluir el desacato civil», publicó el periódico El Nuevo Día.

La advertencia tiene lugar luego de que venciera el jueves, a las seis de la mañana, el plazo dado por el Tribunal de Apelaciones que, en dictamen anterior, ordenó la apertura de las aulas para esa fecha. Pero los portones no abrieron.

Profesores y representantes de varias organizaciones sociales acudieron a esa hora a los accesos al campus en evidente respaldo a los estudiantes, pues se temía la posibilidad de una intervención policial. Pero, pese a la tensión que permeó los muros del centro docente, no se produjeron actos ni enfrentamientos violentos, recordó el rotativo en su página web.

El paro, iniciado el 5 de mayo, prosigue a tenor con la decisión adoptada por los educandos el miércoles, en asamblea donde acordaron mantener la huelga, que es seguida por otras sedes de la Universidad de Puerto Rico como la de Bayamón, en protesta por un recorte presupuestario millonario.

La medida forma parte del paquete dictado por la Junta de Control Fiscal para paliar el pago de la deuda de 69 mil millones de dólares que pesa sobre Puerto Rico, y que Washington obliga a la nación a abonar, y se suma a otras dictadas en los ámbitos educacional, laboral y de la salud.

A propósito, el diario destacaba este viernes las afirmaciones del presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión, quien declaró sentirse «triste» y «preocupado»  por la situación de la Universidad, pero fue tajante en declaraciones a la prensa, al afirmar que el recorte de 450 millones de dólares a su presupuesto «no es negociable».

Según Carrión, «tarde o temprano», el alto centro docente «tendrá que rendir su plan fiscal».

Por su lado, los estudiantes, que han conformado un comité negociador y se han mostrado partidarios del diálogo —al que han acudido ya ante las autoridades de la Universidad con propuestas para que se recaude de otro modo el dinero—, le pidieron a la Junta una reunión para la semana entrante.

La cita es para discutir propuestas, y los planes que se perfilan implementar para atajar la crisis fiscal por la que atraviesa el Gobierno, puntualizó El Nuevo Día.

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