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BOGOTÁ, marzo 10.— El asesinato del excombatiente Edwin de Jesús Carrascal Barrios en el departamento de Sucre, la noche del martes, elevó a unos 190 el número de desmovilizados de las antiguas FARC-EP muertos desde la firma de la paz, y siguió sembrando incertidumbre en torno al respeto de lo pactado para que la insurgencia entregara las armas.
El integrante del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Yuri Camargo, denunció el nuevo homicidio contra firmantes de la paz en un mensaje colocado en la red social Twitter.
«#NoSiganMatandoLaPaz», exclamó Camargo como parte del mensaje con el que dio a conocer la noticia.
Camargo explicó que el crimen sucedió a las 20:00, hora local, del 10 de marzo, en la vereda San Antonio, en el municipio de Colosó, perteneciente al norteño de departamento de Sucre. Agregó que su antiguo compañero de filas alcanzó a ser trasladado, herido, a la Clínica de Santa María de Sincelejo, donde murió.
Las primeras investigaciones indican que dos personas en motocicleta se acercaron a la residencia del excombatiente, donde preguntaron por él, y le dispararon.
La policía emprendió de inmediato una persecución, sin embargo, los autores del homicidio lograron huir y dejaron abandonadas en el camino dos armas de fuego, publicó Telesur.
El crimen fue precedido días antes por el de la exguerrillera Ástrid Conde, asesinada el jueves en Bogotá, en el primer crimen de ese tipo que ocurre en la capital, bajo un modus operandi similar.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común indicó que el crimen de la también exprisionera política ocurrió en la entrada de su casa, ubicada en el sector de El Tintal, en el sudoccidente de la ciudad.
«Denunciamos ante Colombia y el mundo el exterminio en nuestra contra, ante los ojos de un Gobierno indolente, con una campaña de obstáculos y estigmatización. #DuquePareElExterminio», manifestó el instituto político en el tuit.
Tras la muerte de Carrascal, el partido FARC exigió el cese de lo que considera exterminio contra exguerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil, en un contexto marcado por hechos de violencia que también tienen entre sus víctimas frecuentes a líderes sociales, indígenas y defensores de derechos humanos.
El propio día 10 se conoció el asesinato de Alexis Vergara, miembro de la CGT e hijo del presidente de dicho sindicato en el ingenio La Cabaña, del Valle del Cauca, Raúl Vergara, quien fue muerto en extrañas circunstancias, según denunció la organización gremial, al tiempo que solicitó «se escuche en reunión formal a una delegación de nuestro partido, a fin de transmitirles nuestras preocupaciones».
No queremos dejar pasar esta oportunidad sin señalar la gravedad que reviste lo que viene ocurriendo en el municipio de Algeciras (sur) donde, al igual que en el municipio de Ituango (noroeste), nuestros compañeros y sus familias no han encontrado las garantía para su permanencia en el territorio, apuntó.
El Acuerdo de Paz es un acuerdo de Estado, por lo que consideramos de la mayor importancia que otros poderes se ocupen de una situación que claramente pone en riesgo la consolidación de la paz estable y duradera para toda Colombia, propósito fundamental que debe concitar el apoyo de todos los colombianos y las instituciones, puntualizó el mensaje, que difundió Telesur.
Unido a ello, el partido ratificó «la indeclinable decisión de seguir trabajando por la paz y la reconciliación nacional».
Desde fines del año pasado, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que el asesinato de líderes sociales y populares se ha incrementado al espeluznante ritmo de uno por día… y ahora hasta dos.
Según un artículo del sitio web Público, Colombia vive una oleada de violencia que se ha recrudecido desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, en 2016.
Entre ese año y 2019 se registraron 366 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, según el último informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo eleva la cifra a 555 en el mismo período, y alerta del aumento exponencial en el caso de las mujeres, señala el texto.
Solo el año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 108 asesinatos de líderes sociales, casi un 50 por ciento más que en 2018.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz afirma que desde que se suscribieron los acuerdos hasta el 20 de febrero pasado, 817 activistas sociales y defensores de Derechos Humanos habían sido asesinadas en Colombia.
