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Poco ruido y menos nueces  

Nada asegura que el nuevo enfoque estadounidense hacia la migración ilegal, la detenga

Autor:

Marina Menéndez Quintero

La vicepresidenta Kamala Harris visitó hace pocos días la frontera sur de Estados Unidos y lo ha hecho, sobre todo, para acallar las críticas de los republicanos, que reprochan a su administración el incremento de la migración ilegal proveniente de Centroamérica.

En el deseo de sacar lascas políticas, los afiliados a Donald Trump culpan de las nuevas avalanchas de indocumentados al abordaje más racional del fenómeno por parte del ejecutivo demócrata, en comparación con su antecesor.

Mas, no hay que llamarse a engaño. Se ha desechado la idea trumpiana del bochornoso muro, los niños ya no son encerrados en jaulas y trata de agilizarse el procesamiento de los menores sin acompañantes, mientras el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, habla de reconstruir los procesos legales «para que la gente no tenga que emprender el peligroso viaje», en alusión al trayecto por escabrosos caminos, minados los viajeros por el hambre y la sed, y a expensas de los traficantes de seres humanos.

Además, Biden ha prometido naturalizar a los alrededor de 12 millones de indocumentados que se calcula que ya están en el país, y devolver sus derechos a los dreamers.

Pero los indocumentados sorprendidos en el intento de pasar siguen siendo devueltos a México, por donde entran.

Las cifras explicitan que la mengua en el tratamiento violento, la asunción de un discurso disuasivo y el hecho de reconocer las realidades que hacen partir de sus países a los migrantes, no significa mayor permisividad del ejecutivo demócrata.

En marzo pasado, el número de detenciones de indocumentados en la frontera fue cinco veces mayor que en la misma fecha del año anterior, según los reportes oficiales.

También ha crecido el número de los que arriban. Solo durante el mes de mayo, 180 034 personas intentaron entrar, para un nuevo récord. Ciento doce mil de ese total fueron expulsados de inmediato.

Y aunque la devolución se realiza en virtud del Título 42 —la orden de salud pública que Trump invocó en marzo de 2020 para devolver a quienes llegan, sin permitirles buscar asilo, en atención a la pandemia— no hay indicios de que, después de la emergencia, las cosas vayan a cambiar.

La visita de Harris a la frontera, su recorrido por centros de migrantes y los encuentros con algunos de ellos, con trabajadores y grupos defensores de los derechos de los indocumentados, tuvo apenas el propósito de calmar a la jauría republicana y no se alejaron, por tanto, de los presupuestos exhibidos hasta hoy por los nuevos ocupantes de la Casa Blanca en torno al problema.

Avisados

El mensaje de la administración Biden intenta ser persuasivo para disuadir: «No vengan», insisten Kamala Harris y otras autoridades. Pero está en duda que logren que los migrantes se queden donde están.

Como aduce la Vicepresidenta —encargada por Biden del tema— para defenderse de los ataques republicanos, el incremento de los viajeros sin papeles tiene relación directa con el aumento de la pobreza en las naciones centroamericanas. Es el resultado de una crisis multidimensional y antológica que ahora ha profundizado la COVID-19.

Tanta necesidad lleva a preguntarse, incluso, si la situación no ameritaría esfuerzos mayores, sinceros y desinteresados de la potencia, independientes del interés por salvaguardar las fronteras.

Para encender las alarmas basta un vistazo al panorama social en el que se ha denominado Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones de donde procede la mayor cantidad de ilegales.

Según reveló hace dos meses el Programa Mundial de Alimentos luego de una gira por la región, las personas en situación de inseguridad alimentaria en esos países se dispararon en seis millones hasta un total de ocho millones durante un año de coronavirus, y un aproximado de diez millones de ciudadanos —el 30 por ciento de la población total— necesita ayuda humanitaria urgente.

En correspondencia, una encuesta de la misma entidad de la ONU arrojó que las personas dispuestas a emigrar a Estados Unidos aumentó de siete-ocho por ciento a 15-16 por ciento. Muchas de ellas argumentaron que lo harían debido a la situación humanitaria que enfrentan.

No llegan

En tal contexto, las propuestas de la administración Biden se siguen quedando cortas y no solo por la trascendencia que tiene el fenómeno hoy. En su origen, de larga data, Estados Unidos tiene responsabilidades históricas.

A raíz de la visita de Kamala Harris a México y Guatemala, a inicios de junio, para afinar detalles del nuevo modo con que Washington encara la migración ilegal, el periódico La Jornada recordó tales deudas:

«(…) buena parte de los flujos migratorios centroamericanos responden a causas políticas y a la injerencia de Estados Unidos en la región. Allí las guerrillas de la década de los 60 evolucionaron y se convirtieron en guerras civiles y a pesar de todos los muertos, fracasos, acuerdos y resentimientos, Estados Unidos continúa operando e interviniendo en ella…».

Aunque explícitamente no lo mencionó, el diario mexicano hace recordar la injerencia de Washington en aquellos conflictos armados y su apoyo en logística y asesores a los ejércitos nacionales, que defendían a la derecha y hasta a dictaduras militares para impedir cambios sociopolíticos.

Tampoco se debe olvidar los golpes militares o disfrazados de asonada civil, promovidos o apoyados por EE. UU., como el que, más recientemente, depuso a Manuel Zelaya en Honduras, posiblemente, la nación de donde parten más migrantes hacia el Norte. Así se cortaron las alas a un político liberal que buscaba un modelo de justicia social e integración, y a quien, por eso, se satanizó como si fuera parte de la izquierda regional.

Ello, sin contar las políticas de asfixia que asedian hoy a otros países en el afán de torcer sus destinos, y son fomento de crisis económicas y sociales: dentro del istmo, las sanciones castigan a Nicaragua y, fuera de ella, siguen persiguiendo a Cuba y Venezuela.

Mercuro cromo

Frente a los problemas de vieja y reciente data que fomentan la migración ilegal, las propuestas que emanan del nuevo enfoque de la administración demócrata son más sensatas que las de era Trump; pero semejan curitas de mercuro cromo sobre una herida profunda.

Aunque por primera vez en mucho tiempo la Casa Blanca asume compromisos «de desarrollo», la prioridad parece inclinarse a la lucha contra la corrupción: un problema añejo y real en muchos países a merced de clases políticas enquistadas en el poder gracias a los propios EE. UU., oportunistas y sin compromiso.

Durante la anunciada «gira centroamericana», a inicios de este mes, que excluyó a Honduras y El Salvador, Kamala Harris firmó con Andrés Manuel López Obrador un memorando que respalda la extensión a las naciones concernidas de los programas de reforestación implementados por el Presidente mexicano, y que han dotado a esa nación de más de 400 000 nuevos puestos de trabajo rurales, entre otros acuerdos.

Sin embargo, no hay compromisos financieros. Un acápite aclara que el documento «no constituye una obligación de fondos ni un compromiso jurídicamente vinculante».

En Guatemala, la estancia de Harris pareció más sustanciosa e incluyó acuerdos para un respaldo financiero que empodere a mujeres jóvenes y ayude a la empresa privada, entre otros sectores.

Pero todo indica que será con parte de los mismos 4 000 millones de dólares comprometidos con Centroamérica por la administración Biden para los próximos años, considerados insuficientes y que, además, se pondrán en manos de organizaciones no gubernamentales para evitar, según una visión reiterada desde la Casa Blanca, que el dinero se dilapide o tome un mal camino.

Adicionalmente, Harris ha dicho que está solicitando a empresas privadas que inviertan en Centroamérica y, concretamente, en Guatemala.

Pero, entre otros escépticos, The New York Times estima que hay dudas acerca de cómo asegurarse que dichos programas beneficien en verdad a quienes más lo necesitan, y no solo a los contratistas convocados por Estados Unidos o funcionarios guatemaltecos.

Kamala Harris visito la frontera. Foto:Los Angeles Times

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