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Más allá del intento de criminalizar la migración, los indocumentados siguen teniendo un peso decisivo en la economía y la sociedad estadounidenses. Autor: RFI Publicado: 10/09/2025 | 06:50 pm
WASHINGTON, septiembre 10.—La Corte Suprema de Estados Unidos levantó el pasado lunes la suspensión que impedía a la policía federal de inmigración (ICE) detener en Los Ángeles a personas basándose únicamente en su lugar de trabajo, idioma o apariencia étnica, y se reactivan así operativos que habían generado protestas, controversia política y un despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump.
Un tribunal federal en julio, y luego una corte de apelaciones federal en agosto, había prohibido a la ICE, hasta nuevo aviso, detener en Los Ángeles y su región a personas sobre la sola base de una serie de cuatro factores.
Estos factores eran su presencia en un lugar generalmente asociado con la mano de obra inmigrante —parada de autobús, lavadero de coches, explotación agrícola o ferretería—, el tipo de actividad realizada, el hecho de hablar español o inglés con acento extranjero, o bien su apariencia étnica, reportó AFP.
«La fuerza policial privada de Trump ahora tiene luz verde para ir tras tu familia (...), pero seguiremos combatiendo estos ataques aberrantes contra los californianos», reaccionó el gobernador demócrata del estado de California, Gavin Newsom.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que la decisión es un «ataque» contra las libertades civiles al comentar: «El estado de derecho solía significar algo no solo para nosotros, sino también para la Corte Suprema, pero ahora, de un plumazo, la Corte Suprema ha socavado los derechos de millones de personas».
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anticipó que continuará la batalla legal para intentar «detener las redadas inconstitucionales».
Los tribunales de primera instancia y luego de apelación consideraron estas detenciones contrarias a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas de arrestos, registros o cacheos arbitrarios al exigir como mínimo «una sospecha razonable».
Sin embargo, seis jueces de la Corte Suprema levantaron este lunes esa suspensión, contra el criterio de los tres magistrados progresistas, hasta que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie sobre el fondo o hasta que ella misma intervenga.
La Corte Suprema no ofreció los fundamentos de su decisión del pasado lunes, pero uno de los jueces conservadores, Brett Kavanaugh, agregó una opinión al fallo en la que destacó que «la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles», con una proporción de inmigrantes en situación irregular estimada en el diez por ciento de la población.
La jueza Sonia Sotomayor, la primera latina nombrada a la Corte Suprema, expresó su desacuerdo. «No deberíamos tener que vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios», escribió.
La inmigración, incluso la indocumentada, aporta una mano de obra esencial al sector agrícola estadounidense: el 42 por ciento de estos trabajadores no tiene autorización para trabajar en Estados Unidos, según un estudio del Departamento de Agricultura de 2022, agregó France 24.
El Gobierno de Trump alega por su parte que el coste para las finanzas públicas y el impacto para la seguridad nacional de los irregulares es demasiado elevado.
La política contra la inmigración ilegal es uno de los puntales del segundo mandato de Trump, y el republicano lo relaciona estrechamente con la lucha contra el crimen, calificando a los de origen extranjero como delincuentes.
Asimismo, la ICE anunció este lunes una operación en Illinois y dijo: «Este operativo de ICE estará dirigido contra los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago, Illinois, porque sabían que el gobernador (demócrata) Jay B. Pritzker y su política de santuario los protegerían», anunció el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional.
Por su parte, el diario Los Angeles Times se pregunta en un titular: «¿Es el aumento de tropas de Trump en ciudades estadounidenses una declaración de guerra o algo más?», y remite a un posteo de Trump en Truth Social: «Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana». «Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra».
Agrega que Trump azuza a las ciudades lideradas por los demócratas, y las califica de «infiernos» mal gestionados, pero los estadounidenses se preguntan: «¿Trump simplemente está cumpliendo su mandato electoral de aumentar las deportaciones y combatir la delincuencia, como argumentan él y sus partidarios, o está inaugurando una nueva era de autoritarismo estadounidense?».
«Así se comportan los autoritarios, no así el líder de una democracia libre», declaró Elizabeth Goitein, directora sénior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia.
