En la Unión Europea, ahora mismito, hay un documento importante, importantísimo, sobre el que a los europeos les gustaría opinar: el Tratado de Reforma, un texto por el que se regirá, desde 2009, el funcionamiento del bloque comunitario. Paradójicamente, solo uno de los países que lo integran —la República de Irlanda— lo pondrá a consideración de sus ciudadanos en un referéndum. ¡Solo uno!
El pasado martes, el primer ministro irlandés, Bertie Ahern, informó cuándo se celebrará la consulta pública: será en la segunda semana de junio. ¡Bien! Si los gobernantes, reunidos en Lisboa en diciembre de 2007, le dieron el visto bueno al Tratado, los pueblos deben tener la posibilidad de expresarse.
El irlandés lo hará, incluso a riesgo de que, si la respuesta es un NO rampante, se paralice el proceso de adopción del documento, pues Dublín quedaría desautorizada para ratificarlo y, por tanto, no se alcanzaría la necesaria unanimidad de los 27 miembros de la UE. Con esa hipotética derrota, los esfuerzos por dotar a Europa de una legislación común sufrirían un shock duradero.
Ahern, no obstante, está confiado en las encuestas que auguran una mayoría de apoyo al Tratado, pese al tercio de votantes que, según la BBC, permanecen indecisos.
Miremos ahora comparativamente hacia el este de Irlanda, a la vecina Gran Bretaña. ¿Cuándo es el referéndum allí? No, no habrá, por voluntad expresa del gobierno del primer ministro laborista Gordon Brown, cuyos diputados en la Cámara de los Comunes votaron a principios de mes contra la posibilidad de someter el tema a las urnas. Y el martes 11 de marzo ya ratificaron el Tratado...
¿Por qué? En opinión de Brown, porque «si este fuera un Tratado Constitucional (como el rechazado por franceses y holandeses en 2005), organizaríamos un referéndum. Pero el concepto constitucional fue abandonado y es por ello que los nueve países que propusieron un referéndum, incluida Irlanda, no lo efectuarán».
Una corrección antes que todo: Irlanda sí lo hará, como acaba de anunciar su gobierno. Además, tecnicismos y triquiñuelas a un lado, la realidad indica que a los británicos sí les interesaría decir algo sobre el asunto. Un sondeo realizado por el Electoral Reform Services —una firma reconocida tanto por Londres como por la ONU— arrojó que el 88 por ciento de los consultados deseaba un referéndum, y que, preguntados sobre si aprobarían el texto, el 89 por ciento se opuso. ¿No sería una magnífica muestra de respeto democrático tomarlos en cuenta?
Por otra parte, es difícil dormir con la melodía de que «si fuera el Tratado Constitucional, sí votaríamos», pues aquel proyecto pervive en lo fundamental en el Tratado de Lisboa. Días atrás, en entrevista con JR, el ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, lo admitía: «El Tratado de Lisboa tiene prácticamente el mismo contenido que el Tratado Constitucional».
¡Claro que de eso está enterado más de uno! Por ello, el diputado conservador británico William Hague acusa al gobierno laborista de vender la idea de que «algo que es lo mismo en un 90 por ciento, es fundamentalmente diferente». Y le dejo al mismísimo Mago Merlín adivinar por qué, si en el programa electoral del laborismo en 2005 constaba que se sometería el Tratado al examen popular —«y haremos campaña de todo corazón por el SÍ»—, ahora sean aquellos mismos quienes, también «de todo corazón», rechazan la consulta.
¡Bravo entonces por Dublín! Y silencios por Londres. Y por París. Y por Bucarest. Y por Budapest. Y...
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