NECESIDAD, obliga. En ese refrán se puede pensar al conocerse la sugerencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de acudir a una Asamblea Constituyente.
La oposición derechista en el Congreso no le permite avanzar en la implementación de dos reformas vitales para cumplir mínimamente con sus promesas de otro país: las transformaciones en el sistema de salud y en el de las pensiones. Las instituciones vigentes, explica, cierran el paso para dar cumplimiento al programa que mayoritariamente votó el pueblo colombiano cuando lo eligió.
Entonces será preciso refundar.
Hacía algún tiempo que el afán de refundación no era ostensible en los procesos progresistas latinoamericanos. La Asamblea Constituyente a que convocó Hugo Chávez en 1999 para dar paso a la V República demostró que ese era el camino para las revoluciones pacíficas: una denominación quizá demasiado izquierdista para ser digerible, que podría sustituirse por procesos de cambio.
A Venezuela le siguieron Bolivia y Ecuador. El propósito de forjar una nueva nación llevó a Evo Morales y a Rafael Correa, directamente, a cambiar los cimientos que permitieran la transición en sus países.
No ha sido el caso de Chile, donde la Constituyente fue clamor popular espontáneo que se impuso desde las calles y no programa político, convertido en compromiso que heredó el actual presidente Gabriel Boric, aunque por distintas circunstancias naufragó en dos ocasiones a la hora de que esa misma ciudadanía que lo pidió votara el texto. Boric ha calificado ese fracaso como el momento más difícil de su mandato.
Reclamaron también otra Carta Magna amplios sectores de Perú cuando llevaron a la presidencia a Pedro Castillo. Pero este no preveía ese paso en su programa y no asumió la demanda, demasiado osada quizá para un presidente novato en lides políticas frente a un andamiaje institucional amenazante y denunciado por corrupto que, a la corta, terminó devorándolo de todos modos.
En cualquier caso, lo comprobable es que los cambios sociales y económicos profundos exigen, inexorablemente, nuevas estructuras que le permitan el tránsito. Petro no parece andarse con medias tintas.
Aunque el detonante para una posible Asamblea Constituyente en Colombia ha sido la negativa de los parlamentarios del Centro Democrático, uribista, a dar curso a las propuestas de ley que permitirían cambiar las leoninas condiciones que rigen el sistema sanitario y el de las jubilaciones, Petro ha rebatido que la causa se halle estrictamente en las trabas que le tiende el legislativo.
Es la quiebra inminente de ambos sistemas, el de salud y el de las pensiones, el que obliga a ese paso, ha dicho en un mensaje en X de respuesta a las críticas del expresidente Álvaro Uribe.
No se sabe si la sugerencia formulada por Petro hace tres días llegará a convertirse en convocatoria formal, para la cual, aducen sus detractores, deberán cumplirse otros trámites previstos en la actual ley de leyes, ni por qué camino el mandatario transitaría.
De momento, el líder del Pacto Histórico responde a los criterios en contra recordando que, según esa misma Carta Magna, el poder principal radica en el pueblo. Dependerá, ciertamente, del respaldo de las mayorías populares que la eventual propuesta de una Constituyente en Colombia cristalice.
Buscar sistemas de salud y jubilación más justos es una necesidad si se quiere la paz total, como es el propósito del mandatario, política que rige su Gobierno y excede al silencio de las armas porque incluye la justicia social.
La variante acariciada por el Presidente muestra una radicalización empujada por la propia derecha que tuvo un adelanto, hace algunas semanas, en la propuesta de Petro de unir a todas las fuerzas políticas y sociales que apoyan su gestión en un partido único, algo que suena a definición «muy grande» para el conservadurismo colombiano.
No, Latinoamérica no se ha detenido, sigue aspirando a los cambios.
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