Las horas parecer correr, terroríficamente inmutables, hacia otro crimen de guerra, de cumplirse las muy peligrosas y no menos vulgares amenazas de Donald Trump contra Irán.
Este lunes 6 de abril el aspirante a nuevo Fantomas desencadenado profirió amenazas contra la nación persa: «Todo el país podría quedar destruido en una sola noche. Y esa noche podría ser mañana por la noche», dijo en rueda de prensa, después de un fin de semana en que dejaba atónitos a muchos en el mundo, ya no solo por la gravedad de sus bravuconadas, sino además por el tono, que rompe con cualquier medida de decencia.
«Abran el puto estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. ¡Ya verán!», dijo Trump, en referencia al Estrecho de Ormuz, devenido punto central y muy simbólico de la agresión sionista estadounidense contra la nación persa. La ruta marítima compromete severamente el abastecimiento energético mundial.
Trump dio como plazo este martes para llegar a un acuerdo, de lo contrario plantea que escalará la agresión hasta retroceder a Irán a la edad de piedra.
«El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!», agregó en una publicación en Truth Social.
La amenaza de bombardeos masivos contra infraestructura civil como puentes o centrales eléctricas, con el objetivo de castigar o presionar a un país, es absolutamente incompatible con las leyes de la guerra.
Para el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, este tipo de declaraciones públicas, en las que se anuncia ataques a bienes civiles como una estrategia, constituyen en sí mismas un grave indicio de criminalidad.
Lo anterior no sería nada nuevo o extraño en este mundo, pues ante los ojos de la humanidad se calcinaron por los bombardeos las ciudades de los territorios ocupados palestinos por el ejército sionista con el apoyo de Estados Unidos.
Según el Derecho Internacional Humanitario, el principio fundamental es la distinción, pues los ataques deben dirigirse exclusivamente contra objetivos militares, nunca contra civiles o sus bienes.
El Artículo 52 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, especifica que los «bienes de carácter civil» (todo lo que no es objetivo militar) no deben ser objeto de ataque.
Ello, por supuesto, incluye puentes y plantas eléctricas que, por defecto, se reconocen legalmente como bienes civiles. Se determina que, para que su destrucción sea legal, tendrían que convertirse en un «objetivo militar», lo que supondría ―y tiene que demostrarse― que contribuyen eficazmente a la acción militar y que su destrucción ofrece una «ventaja militar precisa».
Expertos mundiales, entre estos de las universidades de Harvard, Yale y Amnistía Internacional adelantan que las declaraciones de Trump que anticipan que «el martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente» o «devastar cada puente» ya suponen serios problemas legales.
Amenazar con destruir todos los puentes o todas las plantas, sin un análisis individualizado, es una seria violación de lo que en el Derecho Internacional Humanitario se define como el principio de distinción, porque se exige evaluar cada objetivo y no atacar por categorías.
El propósito coercitivo ya es otra grave infracción legal internacional humanitaria. Si el propósito es presionar a Irán para que negocie, se trataría de un fin político, ajeno a cualquier ventaja militar legítima.
Sobre este punto el Derecho Internacional Humanitario prohíbe usar la violencia para forzar la rendición política del enemigo, algo a lo que está acudiendo sin freno ni vergüenza la actual administración yanqui, como lo demuestra el presente castigo colectivo contra Cuba, recrudecido por el cerco energético, acompañado también por la amenaza militar.
Otro punto en cuestión sería lo que el Derecho Internacional Humanitario señala como la «desproporcionalidad». Bombardear infraestructura esencial, como las que garantizan electricidad y agua, provoca un efecto devastador en la población civil. Esto último ya tiene relación también con la asfixia actual contra Cuba.
Los analistas plantean que, aunque una planta tuviera un uso militar, el daño colateral a civiles ―hospitales sin luz, falta de agua potable entre otras derivaciones— podría ubicarse como desproporcionado y, en consecuencia, ilegal.
A los razonamientos anteriores debe sumarse la posición abierta y desafiante del Gobierno norteamericano. La administración Trump plantea que actúa «dentro del marco legal», aunque el desenfrenado Trump declara sin recato alguno que actúa bajo su propio «estándar moral» y que se pasa por donde le plazca el derecho internacional.
Existen precedentes de acusaciones del Tribunal Penal Internacional por crímenes parecidos.
Solo que mientras el reloj, como reza una añeja canción, descuenta las horas, lo más alarmante es que pareciera ―hasta el momento―, que nada ni nadie parece dispuesto a interponerse ante este nuevo posible crimen del reciclado Fantomas planetario, a no ser la resolución del pueblo y las autoridades iraníes de no doblegar su dignidad.
