La democión por decreto del comandante de la Fuerza Aérea de Ecuador, teniente general Mauricio Xavier Salazar Machuca, ha puesto de relieve —mejor que cualquier acuerdo firmado— el real cariz del compromiso asumido con Estados Unidos por el presidente Daniel Noboa: un «deber» para con Washington que rebasa el respeto a las leyes nacionales y traiciona a los compatriotas que las defienden.
El «error» de Salazar Machuca fue grave. El alto militar depuesto soslayó que, evidentemente, ese compromiso con la Casa Blanca constituye una obligación para su Gobierno; y también debió hacer sentir irrespetado al mandatario porque le recordó los preceptos de la Carta Magna que están violando las operaciones, supuestamente temporales, de la Fuerza Aérea de EE. UU. en la base aérea Taura.
En un comunicado que envió a sus superiores y que, sin embargo, circuló en las redes, Salazar Machuca pidió al ejecutivo las directrices y normas que regularían esa actividad, y le recordó el articulado de la Constitución que prohíbe tales prácticas, como el número cinco, según el cual «Ecuador es un territorio de paz».
Salazar solicitó «mecanismos adecuados de coordinación, seguridad y apoyo institucional», advirtió que el operativo anunciado como temporal no debería configurar el establecimiento de una base militar extranjera, y enfatizó que es la Fuerza Aérea de Ecuador la que mantiene el control operacional y administrativo de la base Taura. Debiera ser digno de elogio, pero le costó el puesto.
Otra vez desde que Noboa llegó a la presidencia, las tensiones tienen que ver con la presencia militar estadounidense, cuya estancia permanente en Ecuador fue de los primeros y más sonados rechazos recibidos por Noboa cuando la sometió a referendo junto a otras tres preguntas en noviembre pasado. Todas contestadas con mayoritario y rotundo no.
Mas los convenios y acuerdos suscritos con Washington desde entonces buscan justificar lo negado, en un contexto nacional matizado por denuncias de lanchas de pescadores bombardeadas y seguidas del apresamiento de sus ocupantes, cuando se ha informado de la presencia de las aeronaves Osprey de EE. UU. en la frontera con Colombia, además de los buques de guerra USS San Antonio y el USS Gridley. Según fuentes periodísticas, operan desde Manta y brindan apoyo aéreo a los ataques a las embarcaciones.
Para darle «viabilidad» y amparo oficial a los «intercambios» en la esfera militar, ambos países firmaron en agosto un convenio según el cual, personal militar, de defensa y contratistas estadounidenses podrán permanecer en Ecuador por 180 días no prorrogables, pero durante los cuales disfrutarán de inmunidad diplomática y todas sus prerrogativas, y estarán eximidos de sanciones u otras acciones administrativas de carácter migratorio.
El mandatario explica estas y otras decisiones de similar corte en la necesidad de garantizar —con «la ayuda» estadounidense— una seguridad que pasa por el auge del narcotráfico y la delincuencia, y para cuya erradicación Daniel Noboa recibió por estrecho margen el voto mayoritario del 55 por ciento de los ecuatorianos el año pasado.
Sin embargo, la inseguridad en la nación andina sigue campeando por su respeto, y algunos aseguran que ha empeorado. Se reporta que en 2024 se notificaron más de 9 000 muertes violentas, lo que constituye una tasa de 51 asesinatos por cada 100 000 habitantes.
Los pobladores de muchas localidades se quejan de enfrentamientos entre bandas rivales que han obligado a familias a irse de sus lugares.
Las criticadas cesiones de soberanía que el Gobierno ecuatoriano está haciendo solo convienen a la política «donroísta» de la actual administración estadounidense, que bajo la excusa de combatir el narcoterrorismo ha creado una sombrilla militar con la venia de este y otros ejecutivos derechistas que han llegado al poder en el cono sur, solo para beneficio de la geopolítica y los afanes hegemónicos de Washington.
