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Donald Trump firmó la ley Nica Act contra Nicaragua Autor: Juventud Rebelde Publicado: 27/12/2018 | 08:03 pm
Venezuela ya no será el único país latinoamericano que deba torear la escasez de fondos y salvar la economía, llevando sobre sus espaldas las sanciones políticas de Estados Unidos… Descontando, desde luego, a Cuba y el largo y cruel bloqueo que hostiga a la Isla.
Las ataduras han sido apretadas también ahora contra Nicaragua mediante la firma, por parte del Presidente de Estados Unidos, de la denominada Nica Act: un arma de presión para reducir al sandinismo, en cuyo gatillo la ultrarreacción continental con base en EE. UU. (básicamente en Florida) tenía el dedo puesto desde 2016. Entonces la Cámara de Representantes aprobó una primera versión, lo que se repitió el año pasado y llegó hasta el Senado, instancia donde el Comité de Relaciones Exteriores la fundió con otra de igual corte injerencista.
Bastará saber quiénes son los promotores. La derechista de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen es una de las abanderadas de la Nicaraguan Investment Conditionality (Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, Nica Act., la que hace dos años da vueltas), en tanto su colega Bob Menéndez apadrina la denominada Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua. Sus esfuerzos son empujados por un ejemplar del relevo de los viejos dinosaurios floridanos, quienes manipulan hace décadas la política estadounidense para la región: Marco Rubio.
Finalmente el esfuerzo chantajista es letra viva tras su aprobación en ambas cámaras del Congreso y la rúbrica de Donald Trump. Las presiones económicas que se abren sobre Nicaragua no serán pocas.
La Nica Act establece, entre otras, la prohibición de que organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, otorguen créditos al ejecutivo de ese país. Y en un alarde extraterritorial del que los cubanos sabemos bastante, establece que también podrían ser sancionados terceros.
Con base en los comentarios de un experto en economía, el opositor diario nicaragüense La Prensa dijo que la ley permitirá que el Departamento estadounidense del Tesoro pueda sancionar a toda «persona extranjera, incluidos funcionarios anteriores o actuales del Gobierno de Nicaragua, o a cualquier persona que actúe en nombre de ese Gobierno, que el Presidente de EE. UU. determine que haya participado en actos significativos de violencia o conductas que constituyan abuso o violación de los derechos humanos contra personas vinculadas con las protestas que empezaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018».
Como se aprecia, la legislación no manipula elementos distintos a los ya conocidos cada vez que Estados Unidos pretende obtener carta blanca para injerir en otras naciones.
Su autoatribuido papel rector para fiscalizar y decidir si un Gobierno ejerce o no la democracia vuelve a ser usado ahora, junto al gastado y dañino doble rasero que aplica en materia de derechos humanos.
Así, a la vieja pretensión de imponer en Nicaragua elecciones a su manera, Washington añade la tergiversación de los sucesos violentos originados a partir de abril, los cuales, se ha denunciado, fueron recalentados usando hilos movidos desde afuera, a partir de la inconformidad que provocaron las reformas realizadas por el Gobierno al sistema de seguro social.
La aprobación de la ley en este momento pareciera no querer perder los ecos de aquella crisis, con la persistencia del mismo condicionamiento que presentaron los elementos poderosos de la oposición en el diálogo nacional convocado por Ortega para devolver la estabilidad.
No hablo de partidos políticos de derecha, sino de emporios de poder económico como el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada); AmCham (la Cámara de Comercio), Faganic (la Federación de Asociaciones Ganaderas), o Funides (la denominada Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico), entre otros integrantes de la bautizada Alianza Ciudadana que se erigió como contraparte en las conversaciones.
Paralelamente, la insistencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en reunión este mes del Consejo Permanente, para que se aplique a Nicaragua la Carta Democrática, refuerza, si hiciera falta, la convicción de que esto es una cruzada que tiene como bastión los hechos violentos.
En Washington, mientras tanto, Marco Rubio ha tenido la desfachatez de afirmar que la Nica Act podría ser echada atrás si Managua accede a los condicionamientos de la Casa Blanca, conducida por los sectores legislativos de ultraderecha a que pertenecen políticos sucios como Rubio.
Dos de los requisitos son los mismos de Alianza Ciudadana en el frustrado diálogo: «transparencia», y adelanto de las elecciones presidenciales de Nicaragua, en el claro deseo de que los comicios se desarrollen «en río revuelto» no solo por los actos violentos, sino por la campaña política y mediática que impone al Gobierno de Daniel Ortega el papel de represor. Ya se sabe, en tal caso, cuáles son los pescadores que ganan…
Otras manipulaciones giran en torno a la Nica Act. Por ejemplo, la aseveración de sus hacedores de que la ley solo dañará a los funcionarios y no al pueblo, una aseveración desmentida por el propio titular de Cosep, José Adán Aguerri, quien ha reconocido que «las sanciones en los niveles que se están aplicando al país afectan a toda la población, no solo a los funcionarios que han sido señalados directamente».
Consecuentemente, la Cosep blande los mismos condicionamientos que Washington y la reacción en el Congreso quieren imponer, mostrando al mundo también cómo es que la Casa Blanca hace cambiar la apreciación de los actores políticos y sociales de los Estados vecinos, y subvierte.
Vencer esa maniobra será el primer reto que tenga el Gobierno de Nicaragua en 2019.
