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Tres muertos y 29 manifestantes gravemente heridos en las más recientes protestas. Autor: Getty Images Publicado: 22/06/2019 | 09:01 pm
Aunque este sábado se reportaba relativa tranquilidad después de tres días de manifestaciones que dejaron tres ciudadanos muertos y 29 gravemente heridos, no existen asideros para asegurar que Honduras se mantendrá en calma: nuevos ingredientes en el panorama nacional podrían seguir calentando el ambiente, en tanto se mantienen inalterables los motivos de la insubordinación.
Las protestas estallaron por los gremios de salud y educación, cuyos núcleos duros se negaron a asistir a una mesa de diálogo establecida por el Gobierno de Juan Orlando Hernández.
Para entonces, la presión popular ya le había obligado a derogar sendos decretos mediante los cuales se restructurarían ambos sectores, según el Ejecutivo. Pero los líderes sindicales y sociales denunciaron que dichas leyes llevarían a la privatización de los servicios de salud y educación.
A ello se añadió la postura de brazos caídos asumida por sectores policiales, resuelta aparentemente por acuerdos alcanzados el viernes.
Pero a esas alturas el Gobierno ya había desplegado al Ejército, y los policías fueron secundados por oficiales del batallón élite conocido como Cobra, cuyos efectivos dejaron tanta secuela de muerte durante el golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya en julio de 2009, hace casi exactamente diez años.
Esta vez, sin embargo, los Cobra dijeron que no iban a reprimir a la población y se declararon preocupados por el respeto a los derechos humanos, bandera que ya estaban enarbolando los manifestantes, junto a un clamor revivido: la salida del presidente Hernández, cuyo triunfo electoral por estrechísimo margen en los comicios de 2017 frente a Salvador Nasralla, de Libertad y Refundación (Libre), vuelve a ser desconocido por sectores de la sociedad que en su momento denunciaron fraude.
Un joven de 18 años que participaba en un bloqueo de carreteras fue el tercer muerto, el viernes, justo cuando el mandatario daba cuenta en un mensaje en Twitter de su orden de «despliegue nacional de FFAA, Policía, Inteligencia y órganos que dependen del Ejecutivo para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada/pública y desde luego la protección de integridad de la población».
La publicación Resumen Latinoamericano, empero, calificó la represión de los militares como «cacería», y apuntó que el ejecutivo había suprimido las normas del Derecho Internacional «al delegar a las Fuerzas Armadas tareas de orden civil, sobre todo, dando luz verde a la represión bestial».
Veinticuatro horas después parecía que habían cesado los enfrentamientos y las movilizaciones; pero el despliegue en territorio hondureño de 300 marines estadounidenses en virtud de ejercicios conjuntos planificados desde antes, añadía cuotas de volatilidad y lógica preocupación entre la ciudadanía.
Aunque las operaciones bélicas con la presencia del Comando Sur fueron anunciadas como ensayo en la lucha contra desastres naturales, se conoce el cariz injerencista, interventor y amenazante de estos ejercicios militares, denunciados hace tiempo como otra forma mal solapada de Estados Unidos de mantener a buen recaudo a la región.
Cierto que agresiones recientes muestran más inclinación de la Casa Blanca por la ejecutoria sucia de las llamadas guerras de cuarta generación, que por la intervención directa. Pero con Washington nunca se sabe, y menos aún si la potencia está a las órdenes de un hombre como Donald Trump quien, por demás, entró ya de lleno en la campaña por la reelección, y no parará mientes para lograrla.
En ese contexto, la estabilidad que se reportaba este sábado desde Honduras, era precaria. Permanecen inalterables las causas esenciales que provocan el malestar, expresado cada día en los miles que abandonan el país como parte de las caravanas que cruzan el istmo hacia el Norte, acompañados por vecinos de El Salvador y Guatemala: son esos a quienes la administración Trump ha dejado en manos de México, en virtud de un acuerdo obtenido por Washington sometiendo a su vecino bajo presión, y mediante el cual el mandatario de EE. UU. se lavó las manos como Poncio Pilatos. Ni ofreció algo, ni mostró la mínima disposición de cooperación.
Tal egoísmo puede contarse entre las causas de una inestabilidad que tiene origen en la injusticia social, y un poder económico y político que sigue reproduciendo las asimetrías de una sociedad terrateniente y casi feudal, en un país eminentemente agrícola con la tierra en pocas manos.
Según la Cepal, Honduras es el país latinoamericano más pobre, con el 65,7 por ciento de sus nueve millones de habitantes en esa condición.
Otro estudio de la propia Comisión de la ONU realizado en 2017 indicaba que el diez por ciento de los hogares hondureños más ricos concentraban entonces el 40 por ciento de los ingresos totales, mientras los hogares de menores ingresos captaban apenas el 11,4 por ciento del ingreso total.
Mientras, los poderes se sostienen sobre una violencia social que liquida a los líderes populares y comunales, sobretodo en el campo, y que es premiada con la impunidad.
Así, seguirá siendo difícil hablar de tranquilidad en Honduras.
