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Dairo Antonio Úsuga David, conocido por su alias Otoniel, era el jefe del Clan del Golfo, que tiene 1 770 hombres en armas, y está presente en 237 municipios de 25 departamentos colombianos. Foto: Reuters Autor: Reuters Publicado: 01/11/2021 | 09:59 pm
Su detención se compara con el abatimiento en 1993 de Pablo Escobar. Pero el arresto en Colombia de Otoniel, otro famoso capo de la droga, no solo revive la leyenda de quien es considerado el narcotraficante más «famoso» de la historia nacional.
Además, su detención pone sobre el tapete el auge de bandas ahora calificadas de narcoparamilitares cuya existencia cuestiona, otra vez, la efectividad de la política antidroga de Estados Unidos para América Latina.
Washington está en la mirilla cuando se habla del asunto no solo porque el capturado es reclamado por la justicia de aquel país, bajo la óptica torcida de que la producción en Colombia estimula el consumo allá, cuando la verdad es que la droga se produce, entre otras causas, porque hay mercado. Por aquel razonamiento miope, muy probablemente, Otoniel será extraditado.
Pero, además, las miradas deben dirigirse inevitablemente al Norte porque Colombia ha sido alumno disciplinadísimo y aventajado de sus mandatos para, supuestamente, combatir el mal.
La bautizada «lucha contra el narcotráfico» arrancó en los años de 1980 con la perniciosa presencia —por injerencista— de los efectivos de la DEA en los países andinos, precedida de condicionamientos que impusieron la erradicación forzosa a cambio de cualquier asistencia, un método que ahora mismo ha vuelto a ratificarse por ambos países. La «certificación» de Washington se convirtió desde entonces en necesidad para las naciones sometidas.
La estrategia desembocó en el más reciente y aún vivo Plan Colombia, que desde los inicios de los años 2000 ha proveído al país de una abundante «cooperación» militar usada más para la contrainsurgencia y para que la Casa Blanca mantenga a buen recaudo a los vecinos sudamericanos, que para acabar con sembradíos de plantas que nutren el tráfico ilícito, remplazándolos por otros igualmente rentables para la supervivencia campesina.
Al final, se sabe que lo único que puede acabar con el negocio es, por un lado, el combate al consumo en los países receptores y, en las naciones donde se produce, la implementación de políticas agrarias que posibiliten la muy mencionada pero ausente sustitución de cultivos.
El Plan Colombia ha facilitado la entrega a ese país de partidas anuales que sumaban casi diez millones hasta 2016. La asistencia se mantiene hoy, y ha justificado, además, la amenazante presencia de altos oficiales del Pentágono y sus rangers en casi una decena de bases militares, desde las cuales se ha vigilado —¿se vigila?— a toda la región.
Sin embargo, varias décadas después del comienzo de la cruzada, estudios reportan que el negocio de la droga sigue siendo tan fértil en Colombia como antaño.
Según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los propios Estados Unidos (ONDCP), el año pasado se constató la existencia de 245 000 hectáreas cultivadas de hoja de coca en aquel país, y la producción de cocaína se había elevado a poco más de mil toneladas métricas.
Al propio tiempo, crecen las bandas de narcotraficantes, nutridas por miembros de grupos paramilitares que surgieron hacen décadas con el aval del Estado para combatir a la guerrilla, y ahora se dedican a la droga y se disputan los territorios que antes ocupaba la insurgencia.
Cualquier observador podría preguntarse cuánto tiene que ver ese auge delincuencial y de terror con la violencia que se ceba en líderes sociales y campesinos defensores de los espacios y los derechos de la población rural —algunos hasta se erigían contra el tráfico ilícito—, la profusión de las masacres, y el asesinato de exguerrilleros que se acogieron a los Acuerdos de Paz.
Un estudio dado a conocer recientemente por Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) de Colombia, definió la existencia, en 2020, de 22 estructuras narcoparamilitares que operan en 291 municipios de 27 departamentos, sin contar otras bandas delincuenciales de menor calibre.
Como parte del escenario investigado por el Instituto, su Informe sobre Grupos Armados plasma también la presencia de entes denominados «pos-FARC» —emergidos de la minoritaria «disidencia» del movimiento que firmó y se acogió a la paz en 2016— agrupados ahora en tres bloques, y los colectivos en combate del Ejército de Liberación Nacional (ELN), movimiento insurgente con el que el ejecutivo de Iván Duque rompió las negociaciones de paz, y cuyos miembros se reúnen en ocho frentes de guerra.
Los sembradíos de hoja de coca constituyen la principal fuente de subsistencia de miles de familias campesinas. Foto: AFP
Las culpas de Duque
Ciento cuarenta y dos líderes sociales asesinados apenas durante este año hasta el jueves pasado (porque la cifra crece diariamente), 41 exguerrilleros muertos o desaparecidos en igual período, y 77 masacres que han dejado un total de casi 300 víctimas fatales, conforman un panorama desolador que pudo evitase. O haber menguado.
El problema de la violencia es muy antiguo. Pero las ausentes políticas dirigidas al agro y a atender el problema de la tierra, que estuvieron en la causa de donde estalló el conflicto armado colombiano, forman parte angular de los Acuerdos de Paz suscritos por las FARC-EP y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos hace ya cinco años.
Atender esos preceptos habría aminorado, al menos, el mal. Pero han sido desconocidos, así como las facilidades para la plena reincorporación de los guerrilleros desmovilizados a la vida civil.
Lo único importante para un ejecutivo que no ha asumido esos protocolos como un compromiso de Estado ha sido que la guerrilla dejara las armas, paso que, dicho sea de paso, tampoco se efectuó, incluso, bajo el mandato de Iván Duque, sino de su predecesor.
En un prolijo y detallado mensaje que publicó en la red social Twitter a propósito de un análisis de la ONU acerca del tema, un hombre con conocimiento de causa como Luis Alberto Albán, hoy diputado por el partido Comunes (conformado por los exmiembros de las FARC-EP) y antes Comandante Marcos Calarcá (que fue su nombre de guerra), argumenta la aseveración de que «la paz con legalidad del presidente Duque no brinda garantías de seguridad en Colombia».
Según el congresista, el Gobierno de Duque no tiene una política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales. Además de los muertos, solo durante este año cerca de 60 000 personas han sido desplazadas como resultado de la violencia y la intimidación ejercida por los efectivos de aquellas estructuras, y otras 50 000 personas están confinadas a lo que es, virtualmente, otra guerra.
En el 90 por ciento de los casos violentos registrados, la denuncia termina en impunidad, añadió.
Mientras, el ejecutivo de Duque se ufana de la captura de Otoniel como si fuera un suceso del cine, y pregona su controvertida extradición a Estados Unidos, medida repudiable no solo por cierto sabor a falta de soberanía al permitir que la justicia sobre un nacional, la ejerza otro. Además, recuerdan expertos y familiares de sus víctimas, los crímenes del jefe del connotado grupo narcoparamilitar conocido como Clan del Golfo, están en territorio nacional.
La conclusión más recurrente es que la detención del capo, descubierto después de larga huida, bajo una carpa en pleno campo, tras un despliegue militar que duró meses e involucró a cientos de efectivos, no detendrá el tráfico ilícito. Mucho menos podrá acabar con la violencia.
