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Un antídoto eficaz para un futuro distópico

Durante décadas las agencias internacionales integradas a la ONU han aportado evidencias contundentes sobre el impacto de la actividad antrópica en el equilibrio medioambiental

Autor:

Amado René Del Pino Estenoz

Programada dentro de la semana de alto de nivel de la 78va. Asamblea General de las Naciones Unidas —junto a otras plenarias internacionales de homóloga importancia como la Reunión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible—, la Cumbre de Ambición Climática 2023 ha generado amplia expectativa dentro de la agenda del multilateralismo.

Más que una antesala a la 28va. Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), prevista a desarrollarse en Dubái a partir del venidero 30 de noviembre, la Cumbre convocada por el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha debatido cuestiones de importancia planetaria para la actividad industrial, comercial, migratoria y sociocultural.

Durante décadas las agencias internacionales integradas a la ONU —encabezadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima—, han aportado evidencias contundentes sobre el impacto de la actividad antrópica en el equilibrio medioambiental.

Por su alto grado de letalidad, las emisiones contaminantes a la atmósfera generadas por la industria a partir del siglo XIX han tenido un peso decisivo en el deterioro del equilibrio medioambiental. Más allá de las afectaciones provocadas en la salud humana, estas sustancias polutas causantes del incremento de la temperatura promedio en el planeta han desatado una transformación radical del hábitat que propició la reproducción durante millones de años de especies vegetales y animales.

La transgresión límite del umbral de 1,5ºC con respecto al período preindustrial —uno de los objetivos decisivos del Acuerdo de París sobre el clima ratificado en 2016 por la casi totalidad de las naciones del mundo— se traduciría en consecuencias funestas para el ámbito ecológico, relacionadas con el aumento del nivel de los océanos, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de recursos hídricos, minerales y alimentarios, o la proliferación de los migrantes ambientales.

La Cumbre de Ambición Climática captó las expresiones del malestar ciudadano ante esta situación de vulnerabilidad para el decurso de la vida humana en la Tierra. La inconformidad de múltiples naciones en vías de desarrollo en materia ecológica fue puesta de manifiesto en este cónclave de alto nivel, frente a la cuota de implicación de determinadas naciones del Primer Mundo en detrimento de aquellas regiones que padecen los efectos más letales de la crisis climática.

Si bien las instituciones financieras internacionales están lejos de solventar las necesidades de los Estados en vías de desarrollo, particularmente vulnerables al deterioro medioambiental, cada vez son más atendidos los reclamos de moratoria y justicia climáticas emitidos por los países «perdedores» de la globalización neoliberal.

La Cumbre ha confirmado la necesidad de afianzar una voluntad colectiva mundial que priorice aspectos medulares de la sociedad como el desarrollo equitativo y sostenible, el impulso de las energías renovables y las acciones de resiliencia ante la pérdida de equilibrio ambiental.

No existen excusas ni atenuantes para desestimar los registros aportados por la Organización Meteorológica Mundial, los cuales corroboran el padecimiento de millones de personas desplazadas de sus territorios por fenómenos extremos que han afectado desde las regiones polares hasta las zonas tropicales.

A medida que se incrementan los niveles de emisión de gases contaminantes a la atmósfera —el 75 por ciento de ellos provocados por la explotación de los combustibles fósiles—, son cada vez más innegables las manifestaciones de desregulación ambiental.

Las cifras aportadas por los expertos ponen de manifiesto la gravedad de la situación ecológica para la actual generación: la mitad de la población mundial habita en zonas vulnerables a la crisis climática. Esa condición de fragilidad —con amplias repercusiones para la salud, la productividad agrícola, las infraestructuras urbanas y las vías de transporte y de comunicaciones—, multiplica exponencialmente los riesgos letales para esas poblaciones expuestas al deterioro ecológico. Por lo tanto, casi el 70 por ciento de las muertes ligadas a las catástrofes climatológicas provienen de medio centenar de naciones relegadas a los índices más bajos de desarrollo humano, según los reportes de la ONU.

No es casual que en los meses que han antecedido a la Cumbre se han roto todos los récords de temperatura global, lo que ha hecho exclamar a los organizadores que más que «calentamiento climático» estamos en presencia de un período de «ebullición planetaria».

A partir de esa realidad tan evidente hasta para el personaje más clima-escéptico, se ha procurado generar consensos sobre las estrategias a seguir por los organismos internacionales para recular esta carrera desenfrenada hacia el abismo.

Con posterioridad al anuncio emitido por el máximo dirigente de la ONU en diciembre de 2022, la Cumbre ha sido concebida sin artilugios, blanqueamientos de imagen, ni compromisos vanos. Si bien en la última década se ha multiplicado el número de naciones que han aplicado planes de prevención de desastres a escala nacional y regional, restan notables esfuerzos para replicar estas mismas acciones en los organismos multilaterales.

Entre las delegaciones que emitieron un compromiso público durante la Cumbre para restringir el impacto medioambiental en sus respectivos territorios se encontraban Brasil —que retomó su estrategia de preservación ecológica previa a 2016, importante decisión porque la mayor parte del pulmón amazónico está dentro de sus fronteras—, Sri Lanka, Nepal y Pakistán —integrantes del subcontinente indio, una de las regiones del planeta más lastradas por la contaminación ambiental—, así como determinadas naciones industrializadas como Francia, Alemania y Canadá.

No obstante estas acciones positivas en materia medioambiental, todavía se requieren esfuerzos colosales para implementar el cumplimiento pleno de la política cero emisiones para las naciones que integran el G20 —muchas de ellas con fuerte dependencia hacia las materias más contaminantes como el carbón y el petróleo—, según reconoció en un reciente informe la Agencia Internacional de la Energía.

Pese al beneficio neto de la inversión en energías renovables, se requerirá una hoja de ruta que abarque algunas décadas para proceder a la descarbonización de las naciones con mayores índices contaminantes como Estados Unidos, Rusia, China, India y la Unión Europea.

También restan concertar múltiples voluntades a nivel geopolítico para comprometer a los países industrializados a erogar sumas importantes al Fondo Verde para el Clima, destinadas a resarcir a las naciones más perjudicadas por el cambio climático.

Si bien se reconoció durante la COP27 celebrada en Sharm el-Sheij, Egipto, la deuda moral de los grandes contaminantes en contribuir con el desarrollo de las naciones vulnerables, a las catástrofes naturales y a los estragos del calentamiento global, todavía no han sido adoptados los mecanismos financieros pertinentes para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de acción climática sea alcanzados equitativamente.

Sin lugar a dudas los niveles de credibilidad alcanzados por la ONU en asuntos ecológicos orientarán a líderes comunitarios, empresarios, autoridades locales e instituciones crediticias para que promuevan las buenas prácticas coherentes con la mitigación de la catástrofe medioambiental que se augura para la presente centuria. En la medida en que los decisores políticos y actores sociales se involucren en la obtención de justicia climática, las futuras generaciones tendrán motivos de gratitud hacia el tiempo presente.

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