El rey Mohammed VI y Zapatero. Últimamente, Marruecos se esfuerza algo más en detener el flujo de inmigrantes africanos ilegales hacia España. Ah, claro, todo tiene un precio, y hay que pagar.
Madrid lo sabe. Y paga.
¿Cómo lo hace? Sencillo. Lo más reciente ha sido dar por bueno un «plan de autonomía» fabricado por el régimen de Rabat para el territorio del Sahara Occidental. Tras reunirse con las autoridades marroquíes hace algo más de una semana, al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, le ha parecido que la artimaña es aceptable. Una «buena oportunidad», que «podría generar una nueva dinámica de diálogo para superar el impasse actual y progresar sobre esta base con el objetivo de conseguir un arreglo de este contencioso que asegure el principio de autodeterminación».
El enredillo recuerda aquello de los «tres tristes tigres que tragaban trigo en un trigal». Lo sintetizo sin mucha complicación: según Zapatero, el «plan de autonomía» marroquí puede ser la plataforma de lanzamiento para «conseguir un arreglo». Luego la voluntad de la comunidad internacional, expresada más de una vez por el Consejo de Seguridad de la ONU, de que solo un referéndum para registrar la opinión del pueblo saharauí es la vía de solución, no existe para Madrid.
Desde 1976 el mundo pide la autodeterminación del Sahara, pero el actual gobernante español se apea con calificar de «buena oportunidad» el plan que propone la ilegal potencia ocupante. Si autonomía subordinada es sinónimo de libertad e independencia, entonces las palabras están perdiendo la vergüenza. (¿dije «las palabras»?).
El destino de los saharauíes, como se ve, cotiza poco. En la cumbre del 5 y el 6 de marzo con las autoridades marroquíes, se habló de negocios, de excelentes negocios. De relanzar un proyecto de túnel ferroviario bajo el Estrecho de Gibraltar, de conceder créditos millonarios a la monarquía alauita para proyectos energéticos, de «financiación adicional» si las empresas españolas son elegidas para erigir infraestructuras, etcétera, etcétera.
Por lo visto, en Madrid se pasa por alto que la ONU no reconoce a Marruecos como potencia administradora del Sahara. Los desaparecidos, las detenciones, las torturas contra los independentistas, no le quitan el sueño a muchos un poco más al norte.
Por cierto, ¿en algún momento la Unión Europea concebirá una Posición Común para frenar estos desmanes de Rabat y hacer que cumpla la ley?
No, por favor, que nadie responda. Era solo un chiste...
De momento, una verdadera olla de grillos se le ha desatado al gobierno español. El martes pasado, en el Congreso de los Diputados, y por iniciativa de Izquierda Unida (IU), se aprobaron dos proposiciones que instan al ejecutivo a no parcializarse frente a la cuestión saharauí, y a impulsar el referéndum de autodeterminación propuesto por la ONU.
Rodríguez Zapatero no tendría, en teoría, nada que objetar. «Nuestra posición como socialistas —decía en 2004 su programa electoral— consiste en apoyar activamente las gestiones y las resoluciones del Consejo de Seguridad tendentes a la solución del conflicto del Sahara Occidental en el marco de las Naciones Unidas y del derecho internacional».
Pregunta final entonces: ¿En qué lugar, señor mío, entre «las gestiones y las resoluciones del Consejo de Seguridad» hay cabida para un plan unilateral como el que presenta ahora Marruecos?
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