Habría que ver cuál salida es peor: si el default financiero en que caerá Grecia si el mes próximo no puede pagar el tramo correspondiente de sus débitos, o el default social, esa inconformidad ciudadana que volverá a estallar este domingo, cuando miles de personas tomen las calles contra el segundo ajuste impuesto a Atenas por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, a cambio ahora de 130 000 millones de euros (prestaaaaaaaaados, claro está). Un dinero que permitirá a Atenas salir del apuro pero que, al final, le seguirá tensando la cuerda alrededor del cuello.
Precisamente, la urgencia que reunió al gabinete de Lucas Papademos el sábado, antes de que los ministros de Finanzas de la Eurozona decidan si le dan a Grecia el bendito dinero —mañana, finalmente, deberán decir después de varios aplazamientos—, no fue solo definir la manera en que el país implementará los recortes aprobados ya por el Parlamento. Además —contó un periódico local— se trataba de dilucidar cómo la nación podrá asegurar que, en lo adelante, el servicio de la deuda tenga prio-ri-dad.
Intransigencias de la llamada troika aparte —el plan de ajuste va y vuelve hace dos semanas porque el Gobierno griego aprueba recortes, pero los otros exigen más y más— hay que reconocer que quienes prestan tienen motivos para la duda. Resulta que la deuda griega representa el ¡160 por ciento! del Producto Interno Bruto nacional. El país debe más de lo que produce anualmente.
Los garroteros exigen entonces que para el año 2020 aquella debe bajar, al menos, al 120 por ciento del PIB. Dicen que se logrará mediante el acuerdo con los bancos que condonará cien mil millones del adeudo (porque el PIB ¡decrece!)…
Parece cosa de locos: cifras para allá, más aguijonazos a la vida de la gente por acá y al final, en ocho años, los débitos seguirán siendo mayores que la producción anual.
Además, se trata de una puja que dará a luz a gobiernos ya endeudados. No será agradable la herencia que recibirá quien para entonces esté al frente del Estado, como difícil ha sido para el emergente Lucas Papademos ponerse al bate luego de que su antecesor, Giorgios Papandreu, renunciara atenazado por las protestas contra los primeros recortes.
Pero la troika quiere garantías y seguridad. Uno de los requisitos exigidos en el vaivén de las «negociaciones» es el compromiso de que el ejecutivo griego que asuma tras los comicios de abril —para colmo, el conflicto tiene lugar en el umbral de las presidenciales— cumplirá al pie de la letra el plan. Por eso, Papademos ha tenido que contar con los principales partidos.
A propósito, todavía hay que ver cómo repercutirá en el voto la novela del «rescate» griego, que a la Eurozona le interesa solo para que no caiga en picada la moneda común, el euro, y no por solidaridad, pues de ser así ya habrían lanzado a Atenas un salvavidas sin condicionamientos.
Y como siempre, el llamado «salvataje» vuelve a golpear los bolsillos y el estómago del pueblo. Quién sabe cómo las urnas lo van a reflejar. Disminución del gasto público, nuevos despidos que deben llegar a los 15 000 empleados, rebajas en los salarios entre un 20 y un 30 por ciento y hasta en las pensiones —una medida que Papademos y el Parlamento se habían resistido a tomar— constituyen las principales vías para cumplir con las metas. Ese es el costo que pagará Grecia para seguir en la Eurozona, independientemente de las culpas de ejecutivos que, dijeron algunos, malgastaron sin confesar que la deuda crecía más y más, en tanto otros achacan los adeudos a la especulación financiera.
Detrás de ello, la verdad contante y sonante hoy es que el remedio no funciona porque lo que está matando a Grecia, y a las naciones vecinas en coyuntura similar, es una enfermedad oportunista nacida de un padecimiento secular: la decadencia del sistema.
Increíble que el mundo esté contemplando hoy una película vista 20 años atrás, en los tiempos de la batalla de los movimientos sociales latinoamericanos contra la deuda. La camisa forzada de los ajustes soliviantó a las masas, concientizó a los políticos de bien, y catalizó los cambios que estamos viviendo en este hemisferio.
No debe sorprender entonces que una campaña popular esté preconizando ahora en Grecia el cese inmediato e incondicional del pago a los acreedores, la cancelación unilateral de la deuda, y una auditoría que documente la demanda de no devolución.
Entre el default financiero y el social, reitero, habría que ver cuál, a la postre, resultaría peor. ¿O mejor?
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