Sabía que no me resultaría un terreno fácil de pisar. Después de aparecer en estas mismas páginas una entrevista en la cual un especialista del Citma alertó sobre los peligros de la descontrolada extracción de arena en deltas de ríos y playas en Baracoa, al volver sobre el asunto podría encontrar algunas puertas de la información cerradas y obstáculos para no dejarla salir tan fácilmente.
Unos días después de la publicación del mencionado diálogo (Contrapunteo del hombre y la naturaleza, Juventud Rebelde, 18 de abril de 2017), en una reunión del Consejo Municipal de Defensa se indicó agilizar la documentación necesaria para explotar cuanto antes un yacimiento de arena llamado Miel II, en las cercanías del río de igual nombre en la Primada de Cuba y cuyas reservas se calculan en alrededor de un millón de metros cúbicos.
Ha transcurrido más de un mes de haberse adoptado tal decisión en medio de un vigoroso proceso constructivo asociado a la recuperación tras los embates de Matthew, y por eso que en nuestro oficio llamamos seguimiento al tema, vuelvo a tocar puertas, porque algunas pistas sobre el asunto dejan entrever que en algún lugar está varado «el papeleo» que permitirá concretar una alternativa para que no se siga despojando al litoral baracoense de esa acumulación natural de arena que funciona como barrera protectora en casos de huracán u otros eventos meteorológicos de magnitud.
En efecto, pisé en una arena que, en las esferas del Gobierno y de algunas entidades del territorio involucradas, se mueve entre el «de eso hay que preguntarle a Fulano». Y Fulano me manda con Mengano, pero este no quiere ni abrir la boca y me remite, casi en lenguaje de señas, a Sutano.
El punto que me inquieta no es ese de tocar puertas infranqueables, porque las seguiré tocando hasta que se abran o se rompan, pues en definitiva es casi un gaje de mi oficio. El problema más preocupante tiene que ver con esa pasadera de la bola que, arropada en lo que parece estar de moda y llaman estrategias de comunicación, lejos de agilizar el acceso a la información, lo ralentizan.
Porque si me dan una pista sobre el mencionado proyecto minero, que está en manos de la industria guantanamera de materiales de la construcción, y contacto justo con el ingeniero que lo dirige, y este dice no estar autorizado a dar información a la prensa ni del tema ni de nada si no solicito autorización a su jefe, y a ese directivo no logro atraparlo con inmediatez, entonces, ¿cómo quedo yo?
No creo que se conciban esas estrategias para dar la imagen del cangrejo, que parece que camina hacia adelante, pero en verdad lo hace para atrás. Ni que su existencia persiga extinguir esa cualidad sempiterna del reportero que disfruta cuando piensa que con su gestión periodística urgente puede sorprender a sus editores y lectores con un hecho de impacto.
Pero más allá, la información es un bien público a la que el burocratismo, la centralización o las erróneas interpretaciones no pueden ponerle zancadillas.
Por otra parte, me resisto a creer que la autoridad, la responsabilidad o la visión más amplia e integral de un asunto, en el contexto de una entidad estatal socialista, sea privativo de quienes ocupan un cargo administrativo.
Una funcionaria del Citma en esta provincia me aseguró, al intentar contactar con el delegado del territorio ante una negativa de un especialista a ofrecer información sin antes pedir autorización. ¿Será que el mal ha hecho metástasis? ¿O que en esa práctica puede estar escondido, además, el temor a que se revelen resultados no precisamente positivos?
Nuestra labor está signada siempre por las urgencias, los mismos apremios que demandan las páginas de un diario y la misión de mantener al pueblo permanentemente al tanto de lo que acontece, pero ese mal que nos ronda entorpece esas exigencias.
Y contradice, por tanto, uno de los encargos que por los más altos niveles de la dirección del país se le plantea a la prensa cubana: la información ágil y oportuna al servicio de la población.
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