La Reforma universitaria de Córdoba, Argentina, ocurrida en 1918, tuvo importante influencia en toda Latinoamérica y otras partes del mundo. Cuba no fue entonces una excepción. Sin embargo, muchos de los postulados de aquella atrevida propuesta, que movilizó pensamiento y acción en tiempos tan lejanos, son válidos todavía hoy. La revisión de aquel documento, cien años después, revela conclusiones sorprendentes.
A estas reflexiones nos convoca el 11no. Congreso Internacional Universidad 2018, que dedica parte de su quehacer científico a volver sobre las proposiciones que ponen en el centro del análisis la utilidad de los estudios superiores en bien de la nación.
En 1922 en Cuba, Julio Antonio Mella dirige la creación de la Federación Estudiantil Universitaria. En 1923, el Primer Congreso Nacional de Estudiantes acuerda adoptar los mismos postulados que los argentinos en 1918. Nuestro país propone entonces tres cambios fundamentales: luchar contra la cátedra vitalicia, depuración de todo elemento corrupto que mancha la práctica docente y la vinculación de la universidad con la sociedad.
Luego del triunfo revolucionario de 1959 es que la universidad cubana puede avizorar un verdadero cambio, a partir de las profundas transformaciones sociales que abarcan la educación, encabezadas por la Campaña de Alfabetización, que proclamó al país libre de ese flagelo.
En la ponencia inaugural de dicho congreso, el Doctor José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior, rememoró los momentos fundacionales de la Revolución, y los primeros análisis acerca de la autonomía universitaria y las nuevas relaciones que deberían fomentarse con el Gobierno y la sociedad. Hizo referencia al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, cuando afirmó: «Lo que interesa no es formar técnicos, sino técnicos integrales, ciudadanos mejores»; así como rememoró el pensamiento de Ernesto Che Guevara, cuando consideró a la universidad como «la gran responsable del triunfo o la derrota en la parte técnica de ese gran experimento social y económico que se está llevando a cabo en Cuba».
En consecuencia, argumentó Saborido, el Che sometió a discusión el concepto de autonomía, indicando que en ningún caso podría significar que la universidad se desvincule de la vida del país convirtiéndose en un «castillo de marfil» alejado de las relaciones prácticas de la Revolución.
El 10 de enero de 1962, al cumplirse el aniversario 33 del asesinato de Julio Antonio Mella, se proclamó por el Consejo Superior de Universidad de Cuba la Ley de Reforma de la Enseñanza Superior, que sentó las bases de profundas transformaciones de los estudios universitarios y la participación social de la universidad.
La reforma, destacó el Ministro, debía responder tres preguntas: ¿Qué se va a estudiar? ¿Cómo se va a estudiar? y ¿Quiénes van a estudiar? Las respuestas fueron claras: carreras universitarias que respondan al desarrollo económico y social del país; con la más estrecha relación con toda la sociedad y los hijos del pueblo que estén en condiciones de acceder a las universidades en igualdad de condiciones.
El Ministro significó que esa reforma encaminó la universidad hacia nuevos rumbos: mayor articulación con las necesidades de desarrollo del país, gran movilidad social que incorpora a estudiantes y profesores de otra composición social, además de la creación de los cimientos de la base institucional de la investigación universitaria.
Muchas son las transformaciones que desde entonces ha vivido la educación superior cubana. Una de ellas, y quizá la más visible, es haber graduado casi un millón y medio de profesionales, así como el crecimiento notable de centros. Sin embargo, esos cambios van mucho más allá.
Saborido precisó que hoy el modelo de nuestra universidad se define como humanista, moderna y universalizada; científica, tecnológica e innovadora; integrada a la sociedad —con su sector productivo, sus territorios y comunidades— comprometida con la construcción de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.
En su análisis, hizo algunas observaciones sobre diez desafíos visibles que enfrenta la comunidad universitaria latinoamericana y caribeña. En el primero de ellos destacó que del legado de Córdoba es importante preservar todo el ideal de universidad comprometida con la sociedad, su desarrollo y necesidades. «Ser fieles a ese postulado obliga a implicarse profundamente en el desarrollo sostenible e inclusivo que integre lo social, económico, ambiental, cultural, institucional y que contribuya a la reducción de la pobreza y de las enormes desigualdades que caracterizan a la región.
«Las políticas públicas deben auspiciar proyectos semejantes y propiciar la participación activa de las universidades en su elaboración e implementación», remarcó.
En sus reflexiones, el Ministro aseguró que el logro de una educación superior como un bien público y social, y un derecho humano y universal está lejos de haber sido alcanzado y se mantiene vigente como un desafío. «Las desigualdades persistentes tienen sobre todo un origen económico y social y se expresan en los problemas de acceso, permanencia y titulación de los estudios universitarios.
«El espíritu de la reforma de Córdoba nos convoca a atender las nuevas urgencias, demandas y desafíos», subrayó.
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